Urdangarín advierte de que recurrirá al Constitucional porque se ha violado su derecho de defensa

El abogado del Duque de Palma denuncia además lo que considera «la inclusión parcial, sesgada y fuera de plazo, del contenido de determinados documentos, cuya elección o rechazo de otros también ha sido subjetiva, así como de la parte de testigos y/o imputados, bien en sede policial o judicial, algunas incluso emitidas recientemente», lo que le impide «emitir cuantas alegaciones resultasen convenientes para la defensa de sus legítimos intereses ya que a través del presente Recurso de Reforma no es el cauce procesal pertinente»

Además, Pascual Vives argumenta en su escrito que durante la instrucción del caso se ha vulnerado el derecho de defensa de su cliente, hasta el punto de que «no sabe de qué hechos o delitos debe defenderse de manera concreta y precisa». «Esa vulneración del derecho de defensa recogido en el artículo 24.2 de nuestra Constitución —añade— se denuncia aquí y ahora, a los efectos de que pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno, ante la sala de la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional».

Para la defensa de Urdangarín, la instrucción de la causa se está «rellenando con nuevos delitos a medida que el tiempo va pasando, orillándose los principios de acusación y contradicción básicos en el procedimiento penal, vulnerándose los consiguientes derechos de defensa y de tutela judicial efectiva, protegidos por la Constitución Española».

Por otro lado, en lo que se refiere a la cantidad de 8.189.448,44 euros de fianza impuesta al Duque de Palma, Vives la califica de «desproporcionadamente excesiva», porque las facturas emitidas por los responsables de las diferentes sociedades implicadas «pagadas a terceros» que aportó la defensa de Diego Torres no se están computando ni descontándose de la cifra final.

Según la defensa del Duque, éste se vería «abocado a garantizar a favor de terceros importes que previamente se han abonado tanto a la Hacienda pública como a proveedores y trabajadores relacionados bien con los Congresos de Baleares, bien con los de Valencia». De ser así, señala el recurso, «se produciría adicionalmente un enriquecimiento injusto para los beneficiarios» y un «consecuente injusto empobrecimiento» para Urdangarín y otros.