El Pleno del CGPJ debate hoy sobre su reforma

El dictamen alternativo firmado por De Rosa y Dorado defiende la constitucionalidad de la reforma impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, así como la capacidad del Ejecutivo para optar por un «modelo» concreto de «órgano de gobierno» de los jueces. La elección por una u otra estructura para el CGPJ en ningún caso afecta, sostienen, a «la independencia judicial».

«El Gobierno, basado en la oportunidad política del momento, de la situación actual y haciendo uso de la facultad que le atribuye la Constitución de iniciativa legislativa» puede presentar un anteproyecto a las Cortes «con la línea política que en cada momento decida». Y el CGPJ no podrá en ningún caso, advierten el vicepresidente del CGPJ y Dorado, «suplantar la voluntad proveniente de otro poder del Estado utilizando para ello la potestad que se le confiere para informar los anteproyectos». En su opinión, la Comisión de Estudios se excedió en sus funciones al no limitarse el informe a un análisis «eminentemente técnico» del anteproyecto.

De Rosa y Dorado rechazan que la reforma del CGPJ atente contra la independencia del Poder Judicial pues para que ello ocurra el Gobierno debería haber limitado «las atribuciones que la Constitución reserva a éste (al CGPJ) respecto a los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de los miembros del Poder Judicial». Y la reforma del Gobierno «respeta los límites establecidos por la Constitución», concluyen.

Los dos miembros del CGPJ no creen que se produzca una limitación de las competencias del Consejo en la medida en que se mantienen las que le atribuye la Carta Magna. Lo que hace el anteproyecto, señalan, es «una delimitación más clara con el marco competencial existente en la actualidad entre las distintas administraciones».

En cuanto al nuevo sistema de designación de los vocales, del que se critica que supone ahondar en la politización del órgano, De Rosa y Dorado sostienen que permite la participación en el proceso de elección «de todos y cada uno de los miembros de la carrera judicial, con independencia de que pertenezcan o no a alguna de las asociacionesconstituidas». Por lo tanto, concluyen, «se ajusta perfectamente a los postulados constitucionales» y «favorece además el papel a desempeñar por las asociaciones» al recomendar de forma expresa a las Cámaras que «tengan en cuenta la proporción existente en el seno de la carrera entre jueces asociados y no asociados».

El texto también está de acuerdo con la fórmula elegida por el Gobierno para evitar situaciones de bloqueo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. De hecho, la reforma permite que el nuevo CGPJ empiece a funcionar con la mitad de los vocales nuevos más la mitad de los salientes. Sólo el retraso en el nombramiento tanto por el Congreso como por el Senado obligará al CGPJ a seguir en funciones. De Rosa y Dorado no ven tacha de constitucionalidad alguna a este sistema.

Por último, tampoco consideran inconstitucional que parte de los vocales compatibilicen el ejercicio del cargo con sus respectivas profesiones. Se consigue así «una mayor cercanía de los vocales a la problemática que afecta a la carrera judicial« y un «conocimiento directo de cuáles son las necesidades reales».