La vigilancia policial impidió a Bretón destruir los huesos de sus hijos

Así lo pone de manifiesto la acusación particular en su escrito de conclusiones provisionales, que ya ha presentado ante el juez. La letrada que la ejerce, María del Reposo Carrero-Carrero, señala en el documento que gracias a que los efectivos se convirtieron en la sombra de Bretón hasta su ingreso en prisión -el 21 de octubre de 2011-, pudieron llegar a recogerse entre las cenizas de la fogata los citados restos. «De haber tenido el acusado la seguridad de no sentirse objetivo de la vigilancia policial, a buen seguro hubiera encontrado la oportunidad de entrar en la finca con anterioridad a la retirada de los mismos por los agentes, y hoy en día no existiría vestigio alguno que pudiera demostrar la muerte de los pequeños», apunta la abogada.

El desencadenante del fatal suceso, según defiende Carerro-Carrero, fue la decisión de Ruth Ortiz de romper su matrimonio. Bretón aprovechó los viajes que hizo desde El Portil a Córdoba desde el 19 de septiembre para «hacerse con una importante cantidad de gasoil, que transportó hasta la parcela de Las Quemadillas en garrafas de plástico. El combustible, «con el acopio de madera de olivo que tenía en la finca, servirían para ejecutar su plan», esto es, calcinar los cuerpos de los pequeños en una hoguera. Así, además de repostar en la entidad Villaonuba para su vehículo -con una capacidad para unos 50 litros-, el procesado adquirió las siguientes cantidades: 49,51 litros el 19 de septiembre; 70,14, el 23 del mismo mes; el 3 de octubre compró 76,02 litros y, finalmente, el día 7, 75,44 (en total, 271,11 litros).

Para ejecutar su venganza, además del combustible, Bretón utilizó los medicamentos Orfidal y Motiván que había conseguido que le recetara el psiquiatra Guillermo Guiote a quien conocía previamente.

La abogada pide al Tribunal que se pronuncie sobre la deducción de testimonio por la posible comisión de los delitos de encubrimiento y falso testimonio a la madre de Bretón, Antonia Gómez; su cuñado, José Ortega; y su hermano, Rafael, a quiene acusa de realizar «un borrado de todas las llamadas telefónicas que hizo su hermano entre el 10 y el 17 de octubre».