La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, ha aprobado este martes un informe que pone en duda la constitucionalidad de las reformas que el Gobierno ha propuesto para el Código Penal.
El dictamen, que ha sido aprobado por tres votos frente a dos, pone en duda especialmente la prisión permanente revisable —que difícilmente encaja, dice, con la finalidad de la reinserción que la Constitución prevé para las penas— y la custodia de seguridad, dos de las medidas más destacadas.
Fuentes del CGPJ han informado de que la resolución ha sido adoptada esta mañana y podría ser incluida en el pleno extraordinario el próximo día 16 de enero para que se publique un dictamen definitivo. De prosperar en el pleno la tesis del informe, elaborado por la vocal Margarita Robles, el dictamen representaría un varapalo al Gobierno, aunque no sería vinculante, es decir, no paralizaría la tramitación parlamentaria de la reforma.
Por otro lado, el anteproyecto de reforma del propio órgano de gobierno de los jueces, que aprobó en diciembre el Consejo de Ministros, ha entrado esta mañana en el registro del CGPJ para su informe, siempre según fuentes del propio Consejo judicial.
Las leyes orgánicas, como son el Código Penal o la Ley Orgánica del Poder Judicial (que afecta al CGPJ) deben ser sometidas a los informes, preceptivos pero no vinculantes, del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.
