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CiU se dota de un Consejo de Transición Nacional para acelerar la ruptura

Día 06/01/2013
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El concurso o no del PSC será clave en un organismo creado para tratar de «legitimar» la consulta

Antes de las elecciones del 25-N, en Cataluña sectores empresariales confiaban en una mayoría absoluta de Artur Mas, no para dar impulso al proceso soberanista, sino para todo lo contrario, esperando que la federación pudiese imponer el gradualismo que tradicionalmente ha practicado, favoreciendo así la negociación con Madrid y evitando una ruptura que todos temen. El resultado, sin embargo, fue el que fue, y la debilidad de Artur Mas no solo no ha parado el «proceso», sino que lo ha acelerado por su dependencia de ERC, que ha forzado a adoptar medidas que garanticen la irreversibilidad del proceso: no hay vuelta atrás.

Un ejemplo de ello es el encargo, en la primera reunión del nuevo Gobierno catalán, el pasado jueves, de la redacción de un Plan de Gobierno 2013-2016 (eso si se completa la legislatura, claro) que incluye, de manera destacada, las principales premisas del Acuerdo para la Transición Nacional y estabilidad parlamentaria firmado entre CiU y ERC. Dentro de este marco, el Gobierno de Mas adoptó la creación de un muy rimbombante Consejo Catalán de Transición Nacional, que debe funcionar como «órgano de impulso, coordinación, participación y asesoramiento en el proceso de consulta y de transición nacional, con objeto de garantizar su materialización».

Se ignora su coste

Al margen de que el consejero de Presidencia, Francesc Homs, asegurase que dicho órgano tendría una «mínima estructura», poco más se sabe del mismo, más allá de lo que recoge el propio acuerdo CiU-ERC y que su misma creación fue una de las condiciones impuestas por el republicano Oriol Junqueras. No se conoce ni su composición ni su metodología, y mucho menos su coste. La intención, al menos así lo fija el acuerdo —Pacto por la Libertad, también lo llaman— es que dicho consejo lo integren «personalidades de reconocido prestigio y/o representativas de los diversos ámbitos vinculados al proceso de transición». «Expertos de todo tipo y condición», dijo Homs. El Consejo, añade el texto, debe favorecer la participación en el proceso de la entidades económicas, sociales y culturales, así como las formaciones políticas «favorables al derecho a decidir y a la celebración de la consulta».

Como en todos los casos en los que se crea un organismo de este tipo, su éxito dependerá en buena parte del impulso político que se quiera dar desde el Ejecutivo y el Parlament al proceso, con lo que el Consejo de Transición se prefigura más bien como un foro para intentar dar una pátina de legitimidad al proceso desde la llamada «sociedad civil», o al menos la parte de ella que quiera adherirse. De alguna forma, se trataría de repetir la fórmula de la Diada del 11 de septiembre, impulsada al margen de los partidos por la Asamblea Nacional Catalana, pero a la que luego se sumaron las formaciones políticas.

La esquizofrenia del PSC

Con el concurso seguro de las entidades que apoyan el proceso soberanista y de los partidos que lo impulsan, fundamentalmente CiU, ERC y, en menor medida, ICV, la gran incógnita es saber qué hará el PSC, cuyo concurso en este caso sería determinante para transmitir una imagen de «unidad nacional» de la que solo se excluirá a los «españolistas» del PP y Ciutadans. El partido que lidera Pere Navarro, que dice estar en contra de la independencia pero apoya el «derecho a decidir» —es decir, la consulta—, anunció por sorpresa en el debate de investidura que en las votaciones encaminadas a armar el «proceso» se abstendría, es decir, que brindaba un apoyo tácito.

Se desconoce qué hará el PSC: quedarse fuera del Consejo alimenta su pánico a verse encuadrado en un «frente constitucionalista» liderado por Alicia Sánchez-Camacho y Albert Rivera; entrar, por contra, es asentir a las decisiones de un organismo que, liderado por CiU y ERC y jaleado por las entidades más exaltadas, más que por el derecho a decidir está en realidad por la independencia.

Al margen de lo que haga el PSC, lo que está claro es que CiU y ERC se han puesto manos a la obra, y en la misma reunión del jueves, el Gobierno autonómico fijó como prioridad la creación de los «instrumentos de administración electoral con el fin de asegurar la correcta celebración de la consulta».

Si la primera reunión del Ejecutivo ya fue definitoria de que se ha decidido pisar el acelerador, otro tanto sucederá cuando el nuevo Parlament comience a funcionar. CiU y ERC, en este sentido, pactaron hacer una «Declaración de Soberanía del Pueblo de Cataluña» en el primer pleno ordinario de la legislatura. Además, existe el compromiso de comenzar la nueva ley de Consultas —sobre la que se quiere armar una apariencia de legalidad para la consulta— antes de concluir enero.

El objetivo es sabido: trabajar todos los «procedimientos formales, jurídicos e institucionales» durante 2013 para convocar la consulta «de acuerdo con el marco legal que la ampare», a lo largo de 2014.

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