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La Sindicatura de Cuentas de Cataluña «entierra» un informe sobre el Palau

Hace tres años que el órgano fiscalizador catalán tiene en sus manos una denuncia sobre el caso Millet que afecta a Convergencia

Día 21/11/2012

La Sindicatura de Cuentas de la Generalitat de Cataluña tiene en su poder desde hace tres años una denuncia de la Intervención General de la Generalitat sobre la contabilidad del Palau de la Música, sin que hasta la fecha se haya resuelto.

El caso del saqueo del Palau de la Música estalló en julio de 2009. Unos meses después, en concreto el 14 de noviembre, la Intervención General de la Generalitat emitió un informe extraordinario sobre las cuentas del Consorcio del Palau entre los años 2002 y 2008, en el que denunciaba malversación de fondos públicos a manos de Félix Millet y su mano derecha, Jordi Montull. Este informe fue remitido al juzgado que instruye la causa penal, el número 30 de Barcelona, y a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Aquí «se lo quitaron de encima», según las fuentes consultadas, enviándolo al Tribunal de Cuentas.

El órgano fiscalizador del Estado estudió el informe y concluyó que quien debía buscar responsabilidades contables —al margen de las penales— en el Consorcio del Palau era su equivalente catalán, la Sindicatura. El informe regresó a Barcelona con la orden de que se designara a un instructor delegado y cursara las diligencias oportunas. De eso hace ya casi tres años y la Sindicatura, controlada por el Gobierno de Artur Mas, sigue sin pronunciarse. Desde el Palau se transfirieron 6,5 millones de euros a la fundación de Convergencia Democrática de Cataluña, la Ramón Trias Fargas (rebautizada como CatDem). El origen de los fondos está en las comisiones que constructoras y otras empresas pagaban, presuntamente, a cambio de contratos públicos.

«Instrucción pendiente»

Fuentes oficiales de la Sindicatura han declarado a ABC sobre la moratoria de este asunto: «No podemos dar ninguna información de las instrucciones pendientes o en curso». Sostienen que «en última instancia, será el mismo Tribunal de Cuentas el que se pronuncie ya que tiene competencias exclusivas de enjuiciamiento».

El Palau se compone de tres entidades: el Orfeó Català, la Fundación Palau de la Música y el Consorcio del Palau de la Música. Éste último es el órgano donde están representadas tres administraciones públicas: la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura. La institución que manejaba a su antojo Félix Millet recibía fondos tanto de empresas privadas como de la Administración. Por este motivo, la Generalitat de Cataluña comenzó a auditar las cuentas del Consorcio del Palau en el año 2002, para controlar ese dinero.

La Intervención General de Cataluña emitía un informa anual, pero no encontró pruebas de la magnitud del saqueo hasta 2009, después del estallido del escándalo en los juzgados. Todos los informes de esta institución se envían a la Sindicatura de Cuentas, entre ellos el extraordinario de los años 2002-2008. Cuando este fue emitido, la Generalitat estaba presidida por el socialista José Montilla.

El PSC no ha mostrado un especial interés en el esclarecimiento del saqueo de la institución cultural. No en vano una de las piezas separadas, la del Hotel del Palau, implica directamente a la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona en la época del socialista Jordi Hereu. Entre los imputados están el que fuera cuarto teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Ramon García Bragado, y su gerente, Ramon Massaguer, acusados de prevaricación y tráfico de influencias.

Artur Mas accedió a la presidencia de la Generalitat en diciembre de 2010, por lo que desde entonces un órgano controlado por el Parlamento catalán —donde CiU es mayoría— ha de buscar responsabilidades contables entre los dirigentes de Convergencia. El actual síndico mayor es Jaume Amat i Reyero, que fue propuesto para la Sindicatura por CiU y que sustituó a Joan Colom. Amat desempeño varios cargos en los gobiernos de Jordi Pujol. La instrucción judicial también ha experimentado demoras injustificadas que prácticamente paralizaron el caso.

En paralelo al informe especial de la Intervención de la Generalitat sobre el Palau, los gestores interinos que pusieron orden en la institución cultural tras la caída de Millet, encabezados por Joan Llinares, encargaron una auditoría a la firma Deloitte. Esta reveló que solo en los últimos diez años se habían esfumado 35 millones de euros.

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