Consecuencias

¿Qué pasaría con las infraestructuras si Cataluña se secesionase de España?

El Gobierno del hipotético Estado catalán tendría que hacerse con el control de puertos, aeropuertos, ferrocarriles y vías terrestres. Aún en el lejano caso de que España lo reconociese, el Gobierno mantendría una gran capacidad de presión

Un tren de Rodalíes (Cercanías) de Renfe en la estación barcelonesa de Sants
Un tren de Rodalíes (Cercanías) de Renfe en la estación barcelonesa de Sants - EFE
Unai Mezcua, Isabel Miranda - Actualizado: Guardado en: Elecciones

Desde aeropuertos y ferrocarriles hasta centrales nucleares, líneas de alta tensión o comisarías de la Policía Nacional. Tras una hipotética secesión el corazón y las venas del nuevo Estado catalán seguirían en manos de España, país encargado durante decenas de años de su construcción y mantenimiento. Cataluña habría entonces de resolver la cuestión de su titularidad, que tendría que solucionar negociando con el Ejecutivo español. Siempre, claro está, que éste accediese.

Desde 2012 el Estado ha gastado 11.165 millones de eurosen materia de infraestructuras en la región. Gran parte de ese dinero ha servido para dotar a Cataluña de 349 kilómetros de vías de Alta Velocidad y convertirla en la primera autonomía en tener todas sus capitales de provincia unidas mediante este servicio, y al mantenimiento del servicio de Cercanías —que suma más del doble de inversión que Madrid pese a que tiene la mitad de pasajeros—. Otras partidas importantes se han destinado al mantenimiento y ampliación de los cerca de 12.000 kilómetros de carreteras y autovías que atraviesan la región o a los nuevos accesos al aeropuerto —tren lanzadera desde el centro de la ciudad— y al puerto de Barcelona. Ambas obras, que han comenzado a ejecutarse recientemente, darán servicio a sendas infraestructuras clave de titularidad estatal que también han sido remodeladas en profundidad durante la última década.

En caso de no haber acuerdo para el reparto de las infraestructuras, una opción sería recurrir a la Convención de Viena de 1983 sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas. Dicho documento establece que, en términos generales, el Estado predecesor (España) seguiría siendo la titular de los bienes de los que ya lo es, salvo en los bienes muebles e inmuebles situados en el Estado sucesor (Cataluña), que podrían pasar a la titularidad del segundo sin ningún tipo de compensación a cambio. Claro que el mismo tratado fija que, en el reparto, el nuevo Estado asuma la parte de la deuda que le corresponde bajo «una proporción equitativa, habida cuenta en particular de los bienes, derechos e intereses que pasen al Estado sucesor en relación con esa deuda de Estado». No obstante recurrir a ella es voluntario, puesto que no llegó a entrar en vigor por falta de ratificación ante lo que algunos países consideran como demasiado beneficioso hacia los nuevos Estados. Además, implicaría el reconocimiento por parte de España del nuevo estado catalán.

Más incierto es el futuro de las infraestructuras en construcción o proceso de mejora financiada por fondos españoles y/o europeos. El ministerio de Fomento tiene previsto destinar 2.270 millones a las infraestructuras catalanas durante el año 2016, por lo que Cataluña será la segunda región española con mayor inversión. Una hipotética secesión pondría en serio riesgo infraestructuras clave como el corredor mediterráneo, para el cual el Estado tiene presupuestados 1.343 millones de euros.

En este sentido, un informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), dependiente de la Generalitat, defiende que debe determinarse si se se puede transmitir la deuda pendiente de liquidar asumida por el Estado español para hacer inversiones en Cataluña. «En este caso, el Estado catalán podría acogerse al principio de la transmisión de bienes sin contraprestación. Pero con una excepción ya que, en principio, el Estado catalán debería asumir las obligaciones contractuales de inversiones públicas pendientes de ejecutar o a medio ejecutar en su territorio, siempre con el consentimiento de las entidades encargadas de ejecutarlas», asegura el órgano, cuya legalidad está siendo investigada por el Tribunal Constitucional

¿Y el Ebro?

Por otro lado, otras infraestructuras que no están situadas íntegramente en territorio catalán, pero que desembocan o surten a la población catalana, quedarían en manos únicamente de España, que podría utilizarlas como instrumento de presión en conflictos futuros. Es el caso, por ejemplo, de los gasoductos que transportan gas a través del Estrecho o del río Ebro, cuyo caudal ya ha sido motivo de enfrentamientos en el pasado. Al convertirse en un curso de agua internacional éste pasaría a quedar sometido al Derecho Fluvial, que impide modificaciones de calado sin el consenso de todos los países ribereños. En la práctica, numerosos países mantienen contenciosos por haberse efectuado cambios sin dicho consenso.

España también tendría capacidad de presión en el ámbito nuclear, puesto que en la actualidad gran parte de los residuos de las centrales catalanas se almacenan en El Cabril (Córdoba) y el uranio necesario para su funcionamiento se adquiere a la estatal Enusa. El Estado, a través de la sociedad pública Enresa, también corre en la actualidad con los gastos derivados del desmantelamiento y almacenaje de los residuos de la central tarraconense de Vandellòs I en Francia. Unos residuos que retornarán a España cuando se construya el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas y a los que, en caso de secesión, el gobierno catalán tendría que buscar acomodo a razón de entre 20.000 y 60.000 euros por día.

Llamadas al extranjero

Cataluña, además, podría afrontar la pérdida del prefijo telefónico internacional español (+34) complicando sus telecomunicación y, sobre todo, encareciéndolas, según destaca un informe de Fonvirtual. La consultora de telecomunicaciones se fija en el precedente de Kosovo, que esperó 7 años desde su declaración de independencia hasta obtener un prefijo propio. Durante este tiempo, empleó el de Serbia para las líneas fijas y los prefijos de Mónaco y Eslovenia para las móviles. «Lo que sí parece claro es que las llamadas entre Cataluña y España no solo dejarán de ser nacionales sino que, debido al nuevo estatus de Cataluña, se tarificarían a un precio mucho más alto que con cualquier otro país de Europa», resalta el informe. Esto se debe a que las tarifas de «roaming» a aplicar pasarían a ser las extracomunitarias. Llamar desde Cataluña sería, en cuanto a precios se refiere, como llamar desde Estados Unidos, Puerto Rico o Túnez.

En Twitter: @UMezcua e @IsabelMiranda

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