La candidata presidencial demócrata estadounidense Hillary Clinton habla durante un acto de campaña en el Centro de Eventos y Convenciones Prazz! hoy, miércoles 20 de enero de 2016, en Burlington, Iowa (EE.UU.)
La candidata presidencial demócrata estadounidense Hillary Clinton habla durante un acto de campaña en el Centro de Eventos y Convenciones Prazz! hoy, miércoles 20 de enero de 2016, en Burlington, Iowa (EE.UU.) - EFE

Los Super PAC, el dopaje de la financiación electoral en Estados Unidos

En 2010, una sentencia del Supremo cambió de forma radical la financiación electoral en EE.UU. y abrió la puerta a contribuciones ilimitadas a grandes compañías y multimillonarios

Corresponsal en Nueva YorkActualizado:

En los últimos cinco años, el término ‘Super PAC’ ha sido un protagonista clave de las elecciones en EE.UU. Es, al mismo tiempo, arma arrojadiza entre candidatos, motor clave de las campañas y protagonista de un debate de fondo sobre la corrupción en el sistema político estadounidense. Cualquiera que dedique cinco minutos a uno de los debates entre candidatos de los partidos republicano y demócrata o eche un vistazo a la prensa estadounidense, se topará con el término de forma irremediable. Pero, ¿qué es un Super PAC? Es, en esencia, una organización que recauda fondos y los destina a apoyar a un candidato. Lo que los ha hecho polémicos es que no hay límites en la cantidad que se dona y se gasta y que abre las puertas a contribuciones de compañías y sindicatos. En definitiva, permite a las grandes compañías y a los multimillonarios verter tanto dinero como deseen en sus campañas preferidas.

La normativa sobre financiación electoral en EE.UU. es, como en la mayoría de países, muy restrictiva. Hay límites claros para las contribuciones que pueden realizar los individuos -2.700 dólares por candidato y un máximo de 100.200 dólares al año en donaciones a comités de partidos- y las compañías y los sindicatos no pueden meter dinero en las campañas. Hasta 2010, los Comités de Acción Política (PAC, en sus siglas en inglés) eran las organizaciones creadas por partidos políticos, grupos de interés, lobbys o empresas para financiar a candidatos. Las contribuciones a los PAC -que siguen existiendo en la actualidad- también están delimitadas con claridad en la normativa: por ejemplo, un individuo puede donar un máximo de 5.000 dólares al año a uno de estos comités. El uso de su dinero también es restrictivo: los PAC pueden gastar un máximo de 5.000 dólares al año en un candidato y la misma cantidad para financiar otro PAC. Las empresas y sindicatos pueden establecer sus propios PAC, pero no pueden contribuir con fondos (sí se les permite sufragar los gastos operativos).

Este sistema de restricciones se fue al garete en 2010 con una sentencia del Tribunal Supremo. La resolución de ‘Citizens United vs. FEC’ abrió el grifo a contribuciones ilimitadas de individuos y empresas a las campañas electorales.

El origen de esta decisión judicial arranca seis años antes, en las elecciones de 2004, cuando la organización conservadora Citizens United presentó una queja ante el Comité Electoral Federal (FEC, en sus siglas en inglés) por los anuncios de televisión que se emitían sobre el documental ‘Fahrenheit 9/11’, de Michael Moore, enemigo acérrimo del partido conservador. La reclamación exigía la retirada de los anuncios porque, por la cercanía de las elecciones, suponían al fin y al cabo una campaña en contra de la reelección del entonces presidente, George W. Bush. La FEC no aceptó la queja.

Citizens United contraatacó y montó una productora televisiva que en las siguientes elecciones, cuando Hillary Clinton era candidata demócrata en las primarias, creó un documental destructivo sobre ella bajo el nombre ‘Hillary, la película’. La FEC volvió a decidir en su contra e impidió que Citizens United emitiera anuncios en televisión sobre el documental, ya que los consideraba una campaña.

La batalla judicial llegó hasta el Tribunal Supremo, que resolvió el asunto con una sentencia que se ha convertido en el enemigo número uno de los sectores liberales del país. El Supremo, dominado por una mayoría de jueces conservadores, decidió en una apretada votación (5-4) que había que privilegiar el derecho a la libertad de expresión que consagra la Primera Enmienda a la Constitución de EE.UU. y que dedicar el dinero que se quiera a una causa forma parte de ese derecho.

El resultado de la sentencia son las Super PAC, plataformas de recaudación de contribuciones que se han convertido en los motores gigantes de las campañas electorales. La cortapisa que establecía el Supremo es que esas organizaciones sean ‘independientes’, es decir, que no estén relacionadas con los candidatos. A día de hoy, la cercanía entre los candidatos y las Super PAC que les apoyan es cada vez menos pudorosa. Hace poco, el presidente de la campaña de Hillary Clinton le exigió por Twitter a David Brock, que maneja una Super PAC a favor de la candidata demócrata, que «no se pasara», en referencia a su intención de emitir anuncios críticos con la salud de Bernie Sanders. Jeb Bush colocó al que era su jefe de campaña, Mike Murphy, como jefe de su Super PAC. Carly Fiorina, también republicana, ha sido criticada por la forma en la que su Super PAC le organiza su campaña. Todo el mundo coincide en que la presunta independencia de las Super PAC es una ilusión.

A falta de comprobar sus efectos en el asalto a la Casa Blanca de este año, ’Citizens United vs. FEC’ ha cambiado de la noche a la mañana la financiación electoral en EE.UU. Un estudio del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, presentado el pasado diciembre, mostraba que un grupo minúsculo de grandes fortunas -menos de doscientos multimillonarios y sus esposas- han copado el 60% de lo que se han gastado las Super PAC en los últimos cinco años. Aunque la influencia de las compañías ha crecido, lo más decisivo ha sido el poder que ha otorgado a estos multimillonarios: en 2014, los cien mayores donantes contribuyeron con una cantidad casi equivalente a los 4,75 millones de pequeños donantes.

Para acabar de enturbiar la financiación electoral, cada vez hay más protestas por el aumento de ‘dark money’ (‘dinero negro’) que se inyecta en las campañas. Ha sido posible gracias a organizaciones sin ánimo de lucro a las que se les permite donar a Super PAC sin informar sobre quiénes son los contribuyentes (las Super PAC tienen la obligación de entregar informes mensuales con esos datos a la FEC).

Mientras tanto, las Super PAC siguen en el centro del debate electoral. El candidato demócrata Bernie Sanders exige una reforma electoral que las impida y acusa a su contrincante Hillary Clinton de acceder a dinero de Wall Street gracias a ellas, Donald Trump las ha combatido -él financia con su fortuna su propia campaña- y el resto de candidatos tratan de manejarlas para dañar a sus oponentes. Su protagonismo no dejará de crecer hasta el otoño que viene.