Varias firmas de la estiba solicitan la intervención de Competencia

En el texto, fechado el 8 de junio, la asociación denuncia que « aceptar las peticiones de los sindicatos implica ir contra la ley y contra la sentencia europea , además de dejar la reforma aprobada por el Gobierno en simples retoques cosméticos que no solucionan el problema de fondo». Por ello, pide al regulador que «tome todas las medidas posibles en el ámbito de sus competencias para garantizar que, definitivamente, la libre competencia llegue al sector portuario», según recoge el documento, al que ha accedido ABC.

PIPE está integrada por multinacionales como Boluda, Noatum, Maersk , APM, entre otras. Además, forman parte de la organización Bergé, Ership y Algeposa, compañías que se siguen oponiendo a la propuesta de los sindicatos y que esta semana abandonaron Anesco . Ante el continuo estancamiento de las negociaciones entre los representantes de los trabajadores (Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, UGT, CC.OO. CIG y CGT) y la patronal, los sindicatos emprendieron una estrategia para concentrar la presión en cada puerto y fraccionar las negociaciones. De este modo, lograron acuerdos de subrogación en los principales puertos españoles, como Algeciras, Barcelona y Valencia. En algunas ocasiones, incluso, estos pactos están suscritos por empresas, como Maersk, Boluda y Noatum, que forman parte de la organización que reclamaba la intervención de la CNMC.

En el escrito, PIPE recalca que, desde la aprobación del real decreto-ley de la estiba, las exigencias puestas sobre la mesa por los sindicatos «se han mostrado inasumibles por abusivas, desequilibradas y contrarias a la libre competencia». Concretamente, denuncian que los trabajadores pretenden blindar la subrogación de la totalidad de la plantilla , tanto de la actual como de la futura, así como retener el control de la formación de los empleados, para mantener el control sobre la selección del personal, y garantizar la continuidad de las Sagep (los registros de trabajadores que la UE obligó a suprimir) gracias a su reconversión en los ahora llamados centros portuarios de empleo, «algo por lo que el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España en diciembre de 2014».

Un portavoz de la CNMC indica que se encuentran «observando de cerca» la situación en los puertos españoles y que investigará de oficio si así lo solicitan las empresas. El regulador, de momento, tiene abierto por este motivo un único expediente sancionador en el puerto de Vigo, desde febrero del año pasado.