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El Tribunal de Cuentas logra acortar el tiempo de fiscalización del sector público

La instituación aprobó 60 informes de fiscalización relacionadas con el control de los deudores de la Seguridad Social, las prestaciones farmacéuticas, las universidades públicas y los partidos políticos

Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas EFE
María Cuesta

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Uno de los objetivos principales del Tribunal de Cuentas era realizar fiscalizaciones temporalmente más cercanas a la gestión del sector público. Y, aunque la brecha temporal sigue siendo notable, en 2016 la institución ha avanzado un buen trecho de este camino. Según los últimos datos, durante el pasado ejercicio, del total de 60 informes aprobados por el pleno del Tribunal, un 51,6% databan de 2014 y 2015, lo que supone un avance del 13% con respecto al año anterior. En concreto, en 2015, el porcentaje de informes aprobados sobre la gestión pública de 2013 y 2014, fue de un 38,7%.

Tras esta mejoría se encuentra el uso de la tecnología. «Cabe destacar la aplicación para el procesamiento automático, tanto de los certificados electrónicos de pagos a justificar y anticipos de caja fija -unos 50.000- que recibe el Tribunal, como de la información remitida a través de la plataforma de rendición de cuentas de entidades locales y la del sector público estatal y autonómico», asegura el Tribunal en una nota de prensa.

Así, según destaca la institución, «además de la Memoria de 2015 y de una Moción a las Cortes Generales, el Tribunal aprobó 60 informes de fiscalización . Entre ellas, cabe señalar las relacionadas con el control de los deudores de la Seguridad Social, las prestaciones farmacéuticas, las universidades públicas, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, el Consorcio de Compensación de Seguros o el Imserso ».

La institución que preside Ramón Álvarez de Miranda asegura además que ha dado prioridad a fiscalizaciones con elevados volúmenes de ingresos y gastos públicos y a aquellas áreas que puedan ser susceptibles de un mayor riesgo. Entre estas, destacan « las contrataciones, encomiendas de gestión, subvenciones, retribuciones e indemnizaciones recibidas por ceses de altos cargos ». También «medidas económicas en distintos ámbitos del sector público, como es el caso del Informe de fiscalización sobre el proceso de reestructuración bancaria».

El Tribunal destaca también actuaciones que llevaron a cabo tanto en el ámbito empresarial, como en los sectores autonómicos y locales, pasando por los partidos políticos. En cuanto a estos últimos, el organismo destaca que se han aprobado diversos informes de fiscalización sobre las contabilidades de los comicios electorales celebrados en 2015, referidos a las elecciones a las Cortes Generales, así como a las elecciones locales y autonómicas de 2015.

En este punto cabe destacar que el Tribunal de Cuentas puso a disposición de las formaciones políticas un sistema telemático para la presentación de sus contabilidades electorales. «Con este método, el Tribunal no sólo simplifica el tratamiento de la información a analizar -hasta ahora se realizaba manualmente-, sino que puede realizar, en menor tiempo, un mayor número de comprobaciones», asegura.

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