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Economía

La recaudación de la S. Social ha superado en agosto por primera vez en un mes los 10.000 millones

Entre enero y julio se han creado 640.275 empleos netos, un 19% más que en 2016

Fátima Báñez, ministra de Empleo, en el Congreso de los Diputados este martes - JAIME GARCÍA

La recaudación de la Seguridad Social por cuotas alcanzó este mes los 10.097 millones de euros, lo que supone un nuevo récord histórico al tratarse de la primera vez que se supera los 10.000 millones en un mes. Así lo ha anunciado esta mañana la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en su comparecencia extraordinaria en la comisión de Empleo del Congreso de los Diputados.

La ministra ha apuntado también que en los siete primeros meses del año, la Inspección de Trabajo ha aflorado 65.000 empleos «sumergidos», cifra que se eleva a 470.000 desde 2012. También se han convertido en indefinidos 60.000 contratos temporales irregulares (310.000 desde 2012) y se han detectado 700 empresas ficticias, sin actividad económica (6.427 desde 2012). Todas estas medidas han supuesto un ahorro para la Seguridad Social de 2.126 millones de euros este año, hasta julio, y suma 19.300 millones desde 2012.

Bañez, que recordó a las víctimas de los atentados de Cataluña al comienzo de su intervención, ha dicho que en los primeros siete meses del año se han creado 640.275 empleos netos, un 19% más que el año pasado. «Somos líderes en Europa en creación de empleo, a un ritmo del 3,6% anual. Creamos un 25% más empleos que el segundo país, Italia, y un 50% más que Alemania».

La ministra de Empleo añadió que la contratación indefinida ha crecido un 12,5% hasta julio y suma 42 meses consecutivos con incrementos de este tipo de contratos, un récord histórico. «El empleo nuevo es de mayor calidad que el que se fue: el 93,3% del empleo recuperado es a tiempo completo y solo el 6,7% es a tiempo parcial», subrayó.

Báñez ha comparecido en la comisión del Congreso para explicar la situación en la que se encuentra el plan Prepara después de que no pudiera prorrogarse el día 16 de este mes tras la sentencia del Constitucional (TC) -tras un recurso del País Vasco- que anulaba la ley con la que ha estado funcionando desde 2011 al entender que son las comunidades autónomas las únicas competentes.

Ese plan es una ayuda de entre 400 y 450 euros mensuales que cobran durante seis meses los parados que han agotado las prestaciones y subsidios por desempleo.

La ministra ha dicho que están conversando con las comunidades autónomas para buscar un acuerdo que cumpla con la sentencia del TC y actualice el plan Prepara. «La única opción viable para evitar la desprotección de losdesempleados a los que pudiera beneficiar el plan Prepara es alcanzar un acuerdo unánime en Conferencia Sectorial, que encomiende por las comunidades al servicio público de empleo su gestión de manera extraordinaria y limitada en el tiempo».

La titular de Empleo ha informado de que el 4 de septiembre darán comienzo los trabajos, en el marco de la mesa del plan de choque por el Empleo, para revisar el sistema de protección para los desempleados de larga duración, con objeto de simplificar los programas complementarios existentes (PAE, Prepara y RAI), «darles coherencia, y adecuarlos plenamente al marco competencial vigente y a la doctrina del TC, mejorando la eficacia de la cobertura existente».

La portavoz del grupo socialista, Rocío de Frutos, ha pedido a la ministra que se revisen las prestaciones por desempleo, ya que tres de cada cuatro parados no cobran ninguna prestación, 2.150.000 personas en total. También dijo que lucharán para que el Parlamento apruebe una renta mínima, tal y como piden los sindicatos.

Carlos Campuzano, del grupo mixto, ha criticado las cifras triunfalistas ofrecidaspor la ministra «cuando España es la que tiene más parados de Europa, junto con Grecia, y somos líderes en desempleo juvenil».

Por su parte, la secretaria de Empleo de CC.OO., Lola Santillana, cree que la ministra «ha echado balones fuera, escudándose en comunidades autónomas e interlocutores sociales, cuando lo cierto es que la responsabilidad de que las personas desempleadas no puedan acceder al plan Prepara es del Ministerio».

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