Portugal indaga desvíos de fondos de Grupo Espírito Santo a paraísos fiscales

Esa cuantía corresponde, según un auto del Ministerio Público portugués al que ha tenido acceso ABC, a la mitad de los rendimientos por 248 millones de dólares (218 millones de euros ) de las inversiones de esas empresas en la entidad entre 2008 y 2013. El banco, según las pesquisas de la Fiscalía, habría traspasado ese dinero a través de su filial en Suiza Espírito Santo Enterprises a cuentas bancarias de empresas «offshore».

Los investigadores, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, sospechan que ese dinero correspondería al pago de comisiones del GES. El grupo luso y su filial bancaria, Banco Espírito Santo, que quebró en 2014 y obligó a Portugal a salir a su rescate, iniciaron en los citados años una estrategia de contactar con empresas públicas y privadas venezolanas para captar negocio y recursos propios allí.

Esa política fue desplegada por el responsable del banco en la isla de Madeira, Joao Alexandre Rodriguez Silva, recientemente detenido por esta investigación, aunque la Fiscalía mantiene imputado también al entonces presidente del grupo financiero portugués, Ricardo Salgado .

Rodrigues Silva comenzó a buscar clientes venezolanos ligados a empresas de ese país encabezadas por Petróleos de Venezuela ( PDVSA ) y sus filiales Carbozulia, Corpoelec, PDVSA Finance y PDVSA Insurance. Además de en el grupo petrolero, GES también reclutó clientes del sector financiero público venezolano, como Banco del Tesoro , Bandes y Banco del Comercio Exterior (Fonden), entre otras compañías.

Esas entidades realizaron inversiones millonarias en Espírito Santo entre 2008 y 2014, a través por ejemplo de depósitos de valores, operaciones en el mercado monetario y líneas de crédito. Más aún, los investigadores han puesto bajo lupa una participación del fondo de pensiones de PDVSA por 3.550 millones y la inversión de esta compañía en Rio Forte, propiedad de GES, por 750 millones.

Salgado, tras la intermediación de Rodrigues Silva, habría entregado en mano a altos funcionarios de algunas de esas empresas estatales unas cartas en las que, de su puño y letra, les garantiza la inversión hecha, cuando la quiebra del «holding» implicó pérdidas par sus acreedores. Esta práctica podría ser constitutiva de un delito de administración fraudulenta , aunque el Ministerio Público va más allá y sospecha que además se habría cometido un delito de blanqueo de capitales al derivar a paraísos fiscales, desde Suiza y a través del Espírito Santo, comisiones posiblemente irregulares derivadas de negocios en Venezuela.

La Fiscalía portuguesa ha solicitado la colaboración de otros países, entre ellos España, al que envió una comisión rogatoria. El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias y el pasado junio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró las viviendas y oficinas de varios ciudadanos venezolanos residentes en España, al tiempo que hacían más registros en Portugal y otros países.

Entre las personas de las que se ha solicitado información en nuestro país están, según ha podido saber ABC, José Trinidad Márquez, Kitilin Miguelina Mijares Soteldo y Nervis Villalobos. La defensa legal de este último, viceministro de Energía de Venezuela entre 2002 y 2006 , representada por Manuel Varela, niega que su cliente haya participado e intervenido en los hechos que se investigan, toda vez que es el BES, que desarrollaba una agresiva política comercial en Venezuela, quien contacta con él en 2009, cuando ya había dejado de ser funcionario tres años antes.

Por otro lado, en las investigaciones abiertas en Portugal no constan los detalles de los negocios ni de las presuntas comisiones ni a qué funcionarios se entregaron los supuestos sobornos. Fuentes consultadas por ABC informaron de que Villalobos ha facilitado al juzgado de instrucción de Madrid un escrito de casi 10 páginas con datos y hechos que pueden ayudar al esclarecimiento de los hechos.