Patronal y sindicatos de la estiba, escépticos ante la última cita negociadora antes de la votación del decreto

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar , por su parte, sigue aferrada a su exigencia de tumbar el real decreto-ley o modificarlo, vía enmiendas, para incluir las garantías de subrogación de puestos de trabajo. No existen puntos de encuentro y, por tanto, ni siquiera un borrador de un principio de acuerdo para estampar las firmas. « Esta semana no habrá acuerdo posible en la estiba, sencillamente porque Fomento no ha convocado una reunión de negociación , a pesar de que empresarios y trabajadores, después del último encuentro, el 8 de marzo, solicitaron su presencia. Solo se ha convocado una reunión técnica», subrayan las organizaciones sindicales.

La cita se producirá menos de 24 horas antes de que se celebre el Pleno del Congreso en el que se debatirá el texto. El PP sigue sin tener asegurados los apoyos para sacarlo adelante. Fuentes próximas a las negociaciones creen que aún hay tiempo para que trabajadores y patronal acerquen sus posturas, al menos en algunos puntos, pero el tiempo corre y la condición impuesta por el PSOE para apoyar el decreto, la existencia de un acuerdo, sigue sin cumplirse. Según el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, en parte por la actitud «irresponsable» adoptada por el PSOE al dar alas a algunos sindicatos que persiguen mantener determinados «privilegios» y no están velando por lo mejor para los trabajadores. Pidió así a los socialistas que abandonen está posición y se avengan a convalidar un decreto que «es lo que pide Europa». Para intentar facilitar ese cambio de postura, ofreció la tramitación del texto como un proyecto de ley en el que los distintos grupos puedan introducir enmiendas. « Estamos abiertos a las propuestas que nos quieran hacer los demás . Si entienden que la fórmula puede ser tramitarlo como proyecto de ley, que lo pongan encima de la mesa, pero no hemos escuchado alternativas», aprovechó para criticar. Pero el PSOE puede conseguir esto con sus votos, sin necesidad del impulso del PP y la oferta no ha suavizado la postura del portavoz socialista, Antonio Hernando, quien volvió a insistir en que sin acuerdo no habrá convalidación. « Los trabajadores y los empresarios tienen derecho a negociar y a llegar a un acuerdo antes de que nosotros demos el visto bueno al Decreto Ley », defendió. Así, señaló al Gobierno como único culpable de haber puesto en marcha «el cronómetro» antes de negociar los apoyos con el resto de los grupos, informa Ana I. Sánchez .

Finalmente, Íñigo de la Serna no se reunirá con la presidenta andaluza, Susana Díaz. El pasado fin de semana el ministro de Fomento invitó a la socialista a mantener un encuentro «antes de este jueves, 16 de marzo» para abordar los asuntos pendientes en proyectos de infraestructuras y la reforma del sector de la estiba. Finalmente, pero no ha habido respuesta por parte de la dirigente andaluza, indican fuentes del Ministerio de Fomento.

Desde Ciudadanos, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, confía aún en que patronal y sindicatos de la estiba logren un acuerdo y reconoció que su formación aún no ha decidido el sentido de su voto. «Si el Gobierno se implica más que mejor, pero hablamos de un sector que no es para reindustrializar ni para reconvertir, sino que es un sector boyante que crece a unos índices que ya les gustaría a otros ».

El PNV, por su parte, abrió la puerta a un posible apoyo, aunque apela aún a la cautela. Fuentes del partido jeltzale indican que su voto aún «no se decanta hacia el sí», aunque, como explicó el portavoz del partido en la Cámara Baja, Aitor Esteban, los partidos aún disponen de margen de tiempo para lograr acuerdos y concretar sus posturas. « Lo que queremos es que se consiga el doble objetivo de encontrar una solución lo menos dañina posible para los trabajadores y que fomente la competitividad de los puertos», detallan desde el PNV, que desconoce «cómo piensa el Gobierno dar cauce a las reclamaciones» que dirijan los grupos, ya que el Ejecutivo había trasladado a los partidos las dificultades de tramitar el real decreto-ley como proyecto de ley, debido a la urgencia que impone la sanción de la UE.