El Pacto de Toledo se desactiva bajo las presidencias de PSOE y Podemos

Durante la dirección del socialista Manuel Chaves y Juan Pedro Yllanes (Podemos) la Comisión del Congreso no ha elevado iniciativas al Gobierno

06/07/2016
Actualizado a las 08:24h.

Desde que en 2011 el Gobierno reformó el sistema de pensiones , la Comisión del Pacto de Toledo ha adolecido de falta de ideas sobre las reformas que necesita el debilitado sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad, una falta de iniciativas que refleja el diario de sesiones de la Comisión del Congreso, creada a instancias de Pacto de Toledo e integrada por todos los grupos parlamentarios.

El socialista Manuel Chaves y el diputado de Podemos Juan Pedro Yllanes han presidido esta Comisión en las dos últimas legislaturas en las que prácticamente no han realizado propuesta alguna al Gobierno. Llama la atención que con el sistema de pensiones en la UVI sus señorías no hayan elaborado alguna propuesta conjunta o realizado rondas de expertos para dar su opinión sobre algunos asuntos candentes, como la financiación futura del sistema, la reforma del régimen de autónomos o mejoras en la información al ciudadano.

La Comisión del Congreso lleva años limitada exclusivamente a realizar su función de seguimiento, a pedir comparecencias a miembros del Gobierno, a expertos y a agentes sociales, sin más. Y no es el Gobierno el que debe activar a la Comisión del Pacto de Toledo sino que es ésta (la Mesa y su presidente) la que tiene que proponer y trabajar dado que es un organismo autónomo. Durante las últimas legislaturas el Ejecutivo sí ha cumplido con su misión de informar a sus señorías. Ha presentado información pormenorizada sobre el Fondo de Reserva y estudios, por ejemplo sobre el complemento de maternidad en las pensiones.

Y mientras tanto, la financiación del sistema de pensiones hace aguas. El pasado junio la Seguridad Social volvió a necesitar una ayuda extraordinaria para pagar las pensiones y la paga extra de julio , tal y como informó ABC. En esta ocasión el Gobierno se vio obligado a retirado 8.700 millones del Fondo de Reserva , la mayor disposición realizada desde que en 2012 el Gobierno abrió por primera vez esta hucha. Tras esta operación el Fondo de Reserva ha quedado en 25.176 millones, el equivalente a un 2,33% del PIB. Al ritmo actual el Fondo se agotará a finales del año próximo si antes no se buscan alternativas de financiación para pagar las pensiones públicas.

El secretario general de la Seguridad Social en funciones, Tomás Burgos, ya aseguró el lunes que si es necesario volverán a recurrir a la «hucha de las pensiones». Y es en julio y diciembre la Seguridad Social afronta fuertes necesidades de liquidez en la tesorería. Toca desembolsar la nómina mensual habitual y las pagas extra que reciben los pensionistas. Este año la extra de verano que han cobrado en julio los más de 8,5 millones de jubilados ha supuesto una factura cercana a los 17.000 millones .

El problema sigue estando en cómo se financian las prestaciones teniendo en cuenta que los gastos que cada mes tiene que afrontar la Seguridad Social son más elevados que los ingresos . Entre los factores está el aumento del número de pensionistas, por encima del 1% anual, el recambio de las nuevas pensiones que entran al sistema, que son casi un 40% más altas que las que salen, y el incremento mínimo garantizado por ley del 0,25%.

La combinación de todos estos factores es lo que ha provocado que la Seguridad Social fuera la única administración que aumentó su déficit en 2015, hasta el 1,3% del PIB , es decir 13.592 millones, el doble de los previsto (0,6%). La caja de la Seguridad Social está en números rojos y las previsiones no invitan a pensar lo contrario, teniendo en cuenta que los trabajadores que contribuyen al sistema lo hacen con sueldos más bajos por la parcialidad de sus contratos y los ajustes de la crisis. Y ello pese a la mejoría del empleo, que crece a tasas del 3%, lo que ha permitido que el número de afiliados se encamine hacia los 18 millones.

Las reformas están sobre la mesa. Los Presupuestos de 2016 ya contemplan que el sistema debe buscar vías alternativas de financiación . Ya en agosto de 2015 Tomás Burgos informó en el Congreso de que el sistema debía aligerar cargas y que una de las opciones podría ser que las pensiones de viudedad y orfandad pasaran a financiarse con impuestos, lo que permitiría al sistema de previsión ahorrar unos 25.000 millones que cuestas a las arcas públicas estas prestaciones. Y hasta ahora, la Comisión no responde.