La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro
La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro - EFE

Montero exigió a Montoro un recorte del déficit que ahora no puede cumplir

Pidió a Hacienda que el objetivo del Estado fuera del 0,4% del PIB y no el 0,7% este año

MADRIDActualizado:

La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se estrenará en breve en sus reuniones con consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas sentándose al otro lado de la mesa, después de años siendo una de las más combativas contra su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro. Así lo reflejan las actas de los consejos de política fiscal de los últimos años, a las que ha accedido ABC, y que reflejan que Montero era una de las consejeras con más apoyos entre las comunidades y que planteaba más oposición a Montoro. Una de las peticiones que hizo la consejera al Gobierno y al resto de las comunidades en uno de los últimos consejos de política fiscal fue que el objetivo de déficit de 2018 para el Estado fuera del 0,4% del PIB, y no el 0,7%.

Es decir, hace un año pedía unos 3.600 millones de ajuste adicional al que tiene que hacer frente este año el Gobierno Central, en lo que supondría un total de 17.000 millones de recorte del desequilibrio frente al 1,9% del PIB de déficit del año pasado. En julio de 2017, cuando realizó esta petición, Montoro endureció una décima el objetivo de déficit de la Seguridad Social al 1,1% del PIB este año para dárselo a las comunidades autónomas, cuyo objetivo se suavizó del 0,3% al 0,4%. Montero no vio con buenos ojos esta decisión.

«Si hay que detraer las décimas de alguna parte o de algún subsector, debería ser de la Administración General del Estado, ya que por su peso en el gasto público, desde su punto de vista, le corresponde un 0,4 y no un 0,7 como actualmente tiene asignado, siendo una opción más realista», registra el acta que dijo la ahora ministra, quien pidió expresamente que las comunidades tuvieran un 0,6% de meta, dos décimas más de las que tienen en la actualidad en detrimento del Estado.

Curiosamente, Montero se abstuvo en 2016 ante unos objetivos de déficit incluso más duros para las comunidades en 2018 –del 0,3%–, debido al pacto entre el PP y el PSOE para aprobar los objetivos de estabilidad de 2017 a 2019 y además posibilitar la investidura de Gobierno de Rajoy, a cambio de una subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional en 2017.

La paradoja es que ahora, estando Montero en el cargo de ministra de Hacienda, difícilmente podrá cumplir ni siquiera con el 0,7% del PIB que criticaba entonces y que estipulan como objetivo los Presupuestos Generales del Estado cuya tramitación defendió hace unos días. El PSOE se comprometió con el PNV a apoyar las cuentas de 2018 para lograr su voto a la moción de censura que le dio el Gobierno a Pedro Sánchez. El propio Montoro reconoció en una notificación remitida a Bruselas que el agujero del Gobierno Central sería este año del 1,21% del PIB, ya que el Estado compensaría su agujero con el superávit de los ayuntamientos.

Las cuentas no dejan mucho margen a la ministra: además de los guiños aceptados por el PP en los PGE, las exigencias de gasto planeadas por el Gobierno ponen en riesgo el propio 0,7% a no ser que Montero afronte la reducción de gasto que exigía para el Estado. De hecho, en el consejo del 1 de diciembre de 2016 denunció que «la mayor parte del ajuste del gasto público, por no decir más del 90%, ha recaído en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos».

Las críticas al escaso ajuste del gasto en el Estado fueron una constante en las reuniones entre Gobierno y barones por parte de Montero, además de otras comunidades. En la reunión del 8 de julio de 2015 señaló que «el esfuerzo que se plantea a las comunidades autónomas mediante la senda que se propone es ocho veces superior al que se reserva para sí la Administración General del Estado, excluida la Seguridad Social». Entonces la senda fijaba un -0,3% para 2016, un -0,1% en 2017 y equilibrio para este año en el caso de las comunidades, objetivos que a la larga han quedado obsoletos: este año en lugar de déficit cero, contarán con una meta del 0,4%. Entonces, su aseveración contó con un apoyo numeroso entre las regiones, entre ellas el del entonces consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell que rechazó que las regiones debieran seguir con «el ajuste del gasto».

Reparto técnico de metas

Ahora está por ver si Montero ejecutará el ajuste de gasto que sugirió a Montoro en el Gobierno Central. Si bien para este año el espacio para decidir es acotado, el PSOE contemplaba aumentar el gasto en su proyecto de cuentas en 8.000 millones, promesas que deberán pasar a 2019. Otra de las exigencias más remarcables y reiteradas de Montero en su época como consejera de Hacienda al Ministerio fue que el reparto de objetivos de déficit se hiciera de forma objetiva y no arbitraria, siguiendo criterios técnicos y no políticos, como había sucedido, a su entender, bajo la batuta de Montoro. Ahora Montero tendrá la oportunidad de repartir objetivos de déficit más ajustados a la realidad, ya que debe aprobar en cuestión de semanas la nueva senda de metas de estabilidad para las administraciones de cara al año 2019.

Para ello deberá convocar su primer Consejo de Política Fiscal para antes de que acabe julio. Asimismo, en el próximo encuentro se abordará acelerar la reforma del modelo de financiación, que Montero reclamó en repetidas ocasiones. Al reparar en sus apoyos en los consejos, Montero puede desencallar la reforma de la financiación. En su época como consejera cifró en 16.000 millones las necesidades adicionales de recursos para las comunidades cada año.

Que las regiones no paguen al Estado por el FLA

Otro de los guiños que reclamó en su época en la Junta al Ministerio de Hacienda, en el Consejo de Política Fiscal del 1 de diciembre de 2016, fue que «el Fondo de Liquidez Autonómica que actualmente tienen las comunidades vaya a tipo cero», es decir, sin intereses. Ahora el Estado cobra un 0,8% cada año. Una de las propuestas que estudiaba el anterior ministerio para reestructurar los 165.000 millones de deuda regional que posee el Estado, era condonar los intereses de los mecanismos ya concedidos. Una medida que supondría mil millones al año. Montero después defendió que Andalucía volviera a endeudarse por su cuenta y así dejar de depender del Estado. Ahora la ministra planea acelerar la vuelta a los mercados de las regiones. Más allá del trabalenguas, el reto que tiene ahora Montero será aplicar como ministra lo que antes exigía a Montoro.