La Audiencia Nacional imputa a Caixabank por blanqueo de capitales de la mafia china

La instrucción apunta a «indicios claros» de que las diez sucursales de Caixabank situadas en torno al polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), centro neurálgico del comercio mayorista chino en la capital de España, permitieron el lavado de dinero por parte de 193 clientes chinos. Las diligencias describen «masivas operaciones de favorecimiento y auxilio para la bancarización de millones de euros en efectivo y su transferencia ulterior a China y Hong Kong» con operativas que ayudaban a que esas transferencias pasaran desapercibidas a ojos del Banco de España y de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).

El Sepblac cifró en 99,1 millones las transferencias totales enviadas a China y Hong Kong durante tres años, entre 2013 y 2015, pero Caixabank solo comunicó indicios de blanqueo en 2 de los 193 clientes que hicieron estas operaciones. Así las cosas, dos informes de la unidad de la Guardia Civil contra el crimen organizado (UCO) y el Sepblac señalan «una renuente falta de control y de reacción apropiada» por parte del órgano antiblanqueo de Caixabank.

«Caixabank niega cualquier tipo de colaboración o participación en delitos de blanqueo de capitales presuntamente cometidos por ciudadanos de nacionalidad china», señalan desde la entidad presidida por Jordi Gual y dirigida por Gonzalo Gortázar. El tercer banco del país añde que tiene «una fuerte y comprometida cultura de cumplimiento normativo, y cumple y ha cumplido en todo momento con la normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales».

Lo que el juez achaca a la entidad es que pese a los requerimientos judiciales hechos a esas oficinas en torno al patrimonio de esos clientes, investigados por procedimientos de blanqueo, fraude, fraude contra los intereses financieros comunitarios, contrabando, y propiedad industrial, los directoers y empleados de esa oficina no solo no hicieron nada, sino que los clientes chinos mantuvieron su operativa. «No se realizaron exámenes especiales tras los requerimientos ni se comunicaron por indicios al Sepblac respecto a 165 de los 193 clientes, sino que siguieron operando, transfirieron 31,7 millones de euros», dice el juez, que considera que el banco tenía por tanto indicios claros de una operativa supestamente ilícita.