Los impuestos más disparatados

El nuevo anteproyecto para la ley sobre protección, bienestar y tenencia de animales de compañía que prepara la Generalitat valenciana permitirá a los ayuntamientos implantar una tasa por la «tenencia y cría de perros» y limitar el número de mascotas por viviendas de su término municipal.

Una vez entre en vigor la nueva normativa, los consistorios tendrán que recoger a los animales abandonados, vagabundos, perdidos o extraviados. Un aumento de gasto con el que se justifica la medida para cobrar el impuesto. La nueva norma tiene como objetivos la adopción como medio para tener una mascota, la erradicación del abandono y del maltrato animal y la tenencia responsable.

Para ello, también se endurecerán las sanciones . Estas pueden aumentar hasta los 30.000 euros en el caso de las muy graves (frente a los 18.000 que contemplaba la anterior ley). Las infracciones graves se sancionarán con una multa de 3.001 a 6.000 euros y las leves con entre 100 y 3.000 euros.

Barcelona también tiene desde hace años una tasa municipal para animales de compañía, como perros, gatos, hurones u otros animales salvajes en cautividad. Sus propietarios la tienen que pagar una sola vez para poder inscribir la mascota al registro de animales. Más recientemente, la alcaldesa Ada Colau está intentando impulsar un impuesto específico para que los coches más contaminantes paguen más en el área verde y azul. Inicialmente, su gobierno quería además penalizar también los vehículos más grandes, pero se desdijo de ello. Ambos impuestos, sin embargo, no han sido aprobados por falta de acuerdo en las ordenanzas municipales.

En la misma línea, el gobierno municipal está trabajando para implantar una tasa turística para viajeros que visiten la ciudad , aunque no duerman en ella , que tampoco ha podido sacar adelante. A nivel autonómico, la Generalitat implantó el pasado mayo el impuesto sobre bebidas azucaradas, que encareció considerablemente los precios de colas, refrescos, batidos, bebidas energéticas y zumos de frutas. El Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional el impuesto a finales de año.

También en mayo de 2016, el Parlamento aprobó la ley sobre el nuevo impuesto de Activos Improductivos, por el que se gravan los bienes de lujo . Este incluye bienes inmuebles como los vehículos de motor de potencia igual o superior a 200 caballos, las embarcaciones de ocio, las aeronaves, las piezas de arte, las antigüedades y las joyas.

Los perros, y sobre todo sus dueños, están en el punto de mira de varios ayuntamientos de Castilla y León, a los que mueve el común objetivo de intentar acabar con el problema que suponen las heces de estas mascotas en las calles.

Es el caso del consistorio de Segovia, gobernado por la socialista Clara Luquero, que se plantea incluir en el pliego del servicio de basuras y limpieza un control de ADN del censo canino (hay unos 2.600 animales registrados en la capital del acueducto) para intentar sancionar con hasta 2.000 euros a quienes no recojan los excrementos de sus amigos de cuatro patas.

En la misma dirección, el ayuntamiento de Ponferrada (PP en minoría) tiene sobre la mesa tres proyectos de distintas empresas con las que podría contratar el servicio de identificación genética de heces para paliar el problema de suciedad, que ya ha intentado frenar con multas de hasta 300 euros , con las que el año pasado se sancionó a una docena de propietarios.

El pasado mes de enero, el grupo municipal de Ciudadanos en Lugo planteó la introducción de una tasa canina de diez euros por perro. La medida, defendida por el edil naranja Jesús Expósito, incluiría además la posibilidad de que los animales puedan viajar en autobús urbano y cuenten con un cementerio en la ciudad . Según el concejal, la recaudación del tributo serviría para instalar nuevas perreras, habilitar expendedores de bolsas para recoger los excrementos, y para «corresponsabilizar» a los propietarios de sus mascotas. El gobierno local del PSOE ridiculizó la «ocurrencia» de Ciudadanos.

A nivel recaudatorio, la actual legislatura será recordada en esta comunidad sobre todo por la reimplantación del impuesto sobre estancias turísticas en las islas Baleares, coloquialmente conocido como la «ecotasa». El ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, con el apoyo directo de MÉS y el aval parlamentario de Podemos, empezó a cobrar la nueva «ecotasa» a partir de julio de 2016. Inicialmente, su aplicación implicaba el pago de entre 0,5 y dos euros por persona y día en temporada alta en los establecimientos turísticos del archipiélago.

Sin embargo, el Govern decidió recientemente incrementar esas cantidades, doblándolas. Así, desde enero de este año la cantidad a abonar oscila entre uno y cuatro euros por persona y día . Además, los cruceristas deben pagar también la «ecotasa» con independencia del tiempo que permanezcan en Baleares. Hasta hace tres meses, solo estaban obligados a abonar el impuesto turístico los cruceristas que permanecían en alguna de las islas más de 12 horas.

Guipúzcoa habilitó a comienzos de año el primer peaje para camiones de España. Los vehículos de más de 3,5 toneladas comenzaron a pagar un canon para entrar en este territorio, medida que impuso el gobierno foral tras detectar que seis de cada diez transportes pesados que pasaban por la N-1 tenían matrícula extranjera. La tasa, que oscila entre los 0,56 y los 6,89 euros, permitirá a la administración provincial recaudar nueve millones al año, según los primeros cálculos.

Por otro lado, la comunidad autónoma recauda también los impuestos de sucesiones y donaciones de los herederos de los vascos muertos fuera de España. Se trata de uno de los puntos más destacados del acuerdo que los gobiernos vasco y estatal cerraron el pasado año sobre el Cupo.