Consulte si su localidad se ve afectada este año por la medida

Hacienda peinará 1.272 municipios en 2017 para encontrar casas sin tributar

El ministerio utilizará empleados del Catastro, fotos por satélite y drones para hallar piscinas y construcciones irregulares

MADRIDActualizado:

Hacienda rastreará este año cientos de municipios a la búsqueda de ampliaciones de viviendas irregulares, piscinas sin declarar y construcciones ilícitas. El objetivo es que tributen. La Dirección General del Catastro investigará 1.272 municipios mediante empleados del organismo, fotos por satélite e incluso –aunque de forma excepcional– drones, apuntan desde el Ministerio de Hacienda. Como recoge la resolución publicada en el BOE, este rastreo se desarrollará hasta el 30 de noviembre de 2017 y afectará a capitales como Barcelona, Palma de Mallorca, La Coruña, Pontevedra, Mérida, Segovia, Albacete y Teruel. En el buscador de ABC puede consultar si su municipio entra dentro de esta nueva hornada de regularizaciones catastrales.

De este desnudo fiscal se librarán las diputaciones forales de País Vasco y Navarra, ya que el Catastro no tiene competencia sobre ellas. Al margen de ambas comunidades, el Fisco peinará en 2017 casi una sexta parte de los municipios que hay en España en los once primeros meses del año. En caso de encontrar irregularidades, ello incrementará la cuota a pagar de impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI), el de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana –la llamada plusvalía municipal– así como tasas o licencias

Este despliegue tributario por tierra, mar y aire entra dentro del Procedimiento de Regularización Catastral iniciado en 2013. Cuando inspeccione estos 1.272 municipios, Hacienda habrá cerrado el ciclo de investigaciones que comenzó hace cuatro años para detectar a contribuyentes que hayan construido más pisos en su casa o edificado sobre territorio rural o ampliado su vivienda sin informar al Catastro. Normalmente las ilegalidades detectan piscinas, terrazas, balcones, jardines o aparcamientos edificados sin declarar.

El objetivo de la regularización era rastrear la mayor parte de localidades e inmuebles que hay en España, al margen de País Vasco y Navarra. Periódicamente, Hacienda publica los municipios incluidos en cada nuevo procedimiento. Con la crisis, otros países europeos como Grecia, también desplegaron regularizaciones extraordinarias similares para destapar piscinas y construcciones ilegales y así elevar los ingresos de las arcas públicas.

Sin embargo, este año el departamento dirigido por Cristóbal Montoro rastreará más localidades. En una resolución anterior en el BOE de febrero de 2016, el Catastro se dio de plazo hasta julio de 2017 para inspeccionar otros 1.696 municipios, por lo que muchas de estas pesquisas se solaparán con esta nueva fase de la regularización.

Procedimiento paso a paso

La operativa para encontrar inmuebles ilegales es la siguiente. Hacienda despliega un trabajo de campo que incluye el análisis de fotos aéreas del Instituto Geográfico Nacional, que como señalan desde Fomento se toman por satélite o mediante cámaras en aviones y sensores aerotransportados. El Catastro también utiliza, en menor medida, imágenes realizadas con drones, aunque desde Hacienda puntualizan que esto solo se ha empleado «en algún que otro caso». Como hay formas de engañar las imágenes que se toman a vista de pájaro, el Catastro también realiza supervisiones sobre el terreno con empleados.

Una vez recabado este trabajo de campo, se confronta esta información con la documentación de cada ayuntamiento. Tras esta labor de análisis, se envía una carta al infractor alertándole del inicio del procedimiento y dándole un ultimátum de quince días para alegar. En muchos casos se trata de contribuyentes que han informado al ayuntamiento pero no al Catastro.

Junto a la misiva, Hacienda añade la tasa que tiene que pagar por los gastos originados por las imágenes tomadas. La cuantía de la tasa de regularización es de 60 euros por cada inmueble regularizado. La resolución se puede recurrir ante el Tribunal Económico Financiero. Si se confirma la multa, al día siguiente se incorporan los inmuebles aflorados a efectos catastrales.

Asimismo, se comunica al ayuntamiento la irregularidad para que liquide los años no prescritos –hasta cuatro– y los intereses de demora. También afecta a la imputación de rentas en el IRPF, que deberá reflejar la realidad destapada por Hacienda.

Como fuere, acogerse a la regularización exime de nuevas sanciones futuras más allá de la tasa de 60 euros, por lo que en su momento el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, tildó el proceso de «amnistía» catastral y criticó que costara lo mismo regularizar «un chalé en Marbella que la ampliación de una granja».

Según datos que en su momento difundió el ministerio y recogió el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), hasta julio del año pasado el Catastro había rastreado 4.370 municipios encontrando aproximadamente más de un millón y medio de inmuebles irregulares. A tenor de las resoluciones del BOE, 2016 fue el año más activo en esta vigilancia.

Más impuestos

Al aumentar los metros cuadrados, se incrementa la cuota a pagar al Fisco en el IBI. El tributo ha sido el gran impuesto ganador de la crisis. Su recaudación nunca ha bajado y de hecho desde 2007 a 2015 se ha incrementado un 76% pese a que la vivienda en este periodo se ha depreciado en torno a un 30%. Si en 2007 ingresaba 7.267 millones, en 2015 esta cantidad se ha disparado hasta los 12.807 millones.

Pese al hundimiento de la compraventa de vivienda, la plusvalía municipal también ha incrementado su recaudación: desde los 1,416 millones que ingresaba en 2007, el punto alto de la burbuja, ha elevado sus ingresos un 72% hasta los 2.439 millones en 2015.

Todo este caudal de ingresos ha ayudado a que los municipios sean la única Administración que ha conseguido superávit desde 2012. Junto a las subidas de tipos que han aprobado los ayuntamientos, los consistorios también han encargado a Hacienda actualizaciones de los datos catastrales para así aumentar los valores de numerosos inmuebles que tenían referencias obsoletas. Sin ir más lejos, este año el Gobierno aprobó una revisión catastral para 2.452 municipios: 1.895 de ellos tornarán en subida, en lo que en la mayor parte derivará en un incremento del IBI si sus ayuntamientos no bajan tipos, mientras que lo reducirá para otros 557 consistorios con valores hinchados de la época de la burbuja inmobiliaria. Estas actualizaciones constantes han contribuido a engordar los ingresos locales.

El Catastro es una de las instituciones más vetustas del ordenamiento español: la ley que lo establece como tal data de 1906. Su historia es en buena parte la de la construcción del propio Estado en nuestro país y su seguimiento permite conocer los momentos de mayor dificultad y de bonanza en las arcas públicas. La propia ley del Catastro en su preámbulo así lo reconoce: «la historia del Catastro en España discurre pareja al nacimiento y evolución del Estado moderno, y sus momentos de mayor o menor significación han sido, generalmente, un reflejo de las situaciones por las que ha atravesado la Hacienda pública». Más de cien años después, el Catastro está en el aire.