Hacienda cierra el miércoles con sindicatos y CC.AA. la oferta de empleo público

En esta convocatoria oficial de la Mesa General se terminarán de fijar las cifras definitivas, a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que el Consejo de Ministros presentará y aprobará el viernes, tanto de la OEP de este año, que será como mínimo de 250.000 plazas para los próximos tres ejercicios, con la que se reducirá la temporalidad e intinidad del 25% actual al 8%; como del aumento salarial de los empleados públicos, que previsiblemente será al menos del 1%.

Estas fueron las últimas cifras consensuadas entre Gobierno y sindicatos en la reunión celebrada el pasado miércoles en el marco de las negociaciones previas a la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas , que los sindicatos venían reclamando desde hace meses.

En la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas están representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) , y su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Fuentes de CSIF destacaron que en la última reunión de las organizaciones sindicales con el Ministerio de Hacienda se avanzó en la negociación, ya que los sindicatos habrían conseguido que el Gobierno considere como puestos esenciales un mayor número de ámbitos de la Administración General del Estado (AGE) de los que contemplaba en un principio.

En concreto, Función Pública estaría dispuesto a aceptar que, junto a Sanidad, Justicia y Educación, los ámbitos en los que ya se había llegado un acuerdo de reposición de más del 100% de los trabajadores jubilados, también se extrapole a los referidos a los servicios de atención directa al público, de forma que se añadirían ámbitos como el de las oficinas de DNI, la Seguridad Social, los servicios de empleo o la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por su parte, fuentes de UGT explicaron que la reunión no fue concluyente, aunque destacaron que en materia de empleo se produjo un posicionamiento "más cercano".

Tanto UGT como CC.OO . piden a Montoro la convocatoria de al menos 360.000 nuevas plazas y un aumento del salario de los empleados públicos de carácter básico que, como mínimo, supere el IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.

Asimismo, también pedían junto a CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), la eliminación de la tasa de reposición para reducir el déficit de 300.000 empleos perdidos desde 2011.

En materia salarial, las mismas fuentes señalaron que la negociación está "encallada", ya que los sindicatos consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos no debería ser inferior al alza del Índice de Precios de Consumo (IPC), que el Ejecutivo prevé que crezca en torno a un 1,2% este ejercicio, para que no sigan acumulando pérdida de poder adquisitivo, máxime ante el IPC del 3% del arranque de año.

Los sindicatos reclaman al Gobierno la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisis, tras la bajada del 5% aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel caballero, mantuvo a finales de febrero una reunión con la secretaria de Estado de Función Público, Elena Collado, a la que pidió que en 2017 la tasa de reposición de los empleados públicos locales se fije en el 100% , como mecanismo para recuperar los puestos de trabajo perdidos por las limitaciones planteadas desde 2012 por la normativa de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera.

Según la FEMP, la norma ha afectado especialmente a la Administración local, que desde 2012 hasta 2016 ha perdido casi 100.000 empleos, que representan una reducción del 15% de disminución de sus recursos humanos. En la Administración General de Estado (AGE) y en las comunidades autónomas los porcentajes de reducción han sido del 11,5% y del 3,7%, respectivamente, según sus cálculos.

De esta forma, Hacienda comunicará el miércoles la cifra definitiva de la OEP y del aumento de los salarios de los empleados públicos para este año, previo a la aprobación de los Presupuestos el viernes 31 de marzo.

Tras la aprobación por parte del Gobierno de las cuentas públicas, estas entrarán en el Parlamento los días 3 ó 4 de abril y se prevé que la votación de las enmiendas a la totalidad se produzca en la primera semana de mayo.

Si se supera ésta esta votación de petición de devolución de las cuentas públicas al Gobierno , el proyecto de Ley pasará a la Comisión de Presupuestos, donde se producirán las comparecencias de los secretarios de Estado de cada ministerio y concluirá con un dictamen tras debatir las enmiendas.

La votación del Presupuesto por secciones, una vez incorporadas las enmiendas en el Pleno del Parlamento podría producirse la última semana de mayo. Si el Gobierno logra que sus cuentas superen esa votación, las cuentas pasarán al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta.

Tras este trámite, el Ejecutivo espera que el Congreso de la aprobación definitiva la tercera semana de junio y las cuentas de 2017 vean la luz con la que sería la mayor oferta de empleo público convocada desde el inicio de la crisis.