Grupo de ancianos en Jarandilla de la Vera, Cáceres
Grupo de ancianos en Jarandilla de la Vera, Cáceres - JULIÁN DE DOMINGO

El Gobierno subirá las pensiones un 0,25% ante el parón del Pacto de Toledo

Empleo se comprometió a esperar un acuerdo de la comisión del Congreso para aplicar alzas mayores

La tarifa plana de 50 euros para autónomos se ampliará de seis meses a 12 meses desde primeros de año

MADRIDActualizado:

El pasado mes de julio la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se comprometió a esperar las recomendaciones del Pacto de Toledo antes de decidir la subida que se aplicaría a las pensiones en 2018. La ley prevé un incremento mínimo del 0,25% para años de crisis de la Seguridad –ha sido la subida aplicada en los últimos cuatro años– pero Báñez se comprometió a esperar las recomendaciones que antes del verano, primero, y en septiembre, después, se esperaban por parte de la comisión del Pacto de Toledo que estudia una nueva reforma del sistema de pensiones.

Pero las recomendaciones no han llegado ni se esperan. Como ya informó ABC tras más de un año de trabajos la comisión del Congreso sigue enredada en comparecencias, sin plazo para presentar ni una sola propuesta que contribuya a la sostenibilidad de las pensiones públicas. Ante esta situación, el Gobierno prepara ya para los más de 8,5 millones de pensionistas un incremento del 0,25% en sus nóminas desde el mes de enero. La posible prórroga de los Presupuestos no será problema ya que el Ejecutivo volverá a recurrir a un decreto para su puesta en marcha.

Evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo se convirtió en uno de los principales objetivos de la comisión del Pacto de Toledo; todos los grupos, salvo el PP, se mostraron partidarios de buscar fórmulas distintas a la actual, el Índice de Revalorización. Un complejo indicador que tiene en cuenta factores como la cuantía de la pensión media por el efecto sustitución (diferencia entre las pensiones que causan baja y las nuevas), el número de pensiones, los ingresos y el gasto en pensiones, que se encamina irremediablemente hacia los 9.000 millones mensuales, un récord. Y aunque las expectativas económicas siguen mejorando –la economía crece por encima del 3% y se crearán más de 500.000 empleos este ejercicio–, el déficit de la Seguridad Social está previsto que acabe este año en 18.609 millones, 513 más que en 2016, en lo que significaría el mayor agujero de su historia.

Pero dada la dificultad de encontrar un punto de encuentro entre todos los grupos, el PP y Ciudadanos se comprometieron a buscar fórmulas que eviten la pérdida de poder de compra de los pensionistas en un futuro inmediato, algo que es más que probable que ocurra este ejercicio teniendo en cuenta que las pensiones subieron este año un 0,25% y la inflación interual que se espera es del 1,5%. Tampoco se han producido avances en este sentido.

La subida será desde enero la falta de acuerdo en el seno del Pacto de Toledo podría obligar al Gobierno si no llegan las recomendaciones a tomar también una decisión sobre los fondos necesarios para pagar las pensiones dado que las cotizaciones siguen sin aportar lo suficiente a las arcas de la Seguridad Social para pagar las pensiones, en especial, cuando llega el momento de repartir las pagas extraordinarias de verano y Navidad.

El pasado junio la Seguridad Social necesitaba 9.500 millones para afrontar este sobresfuerzo veraniego. De ese dinero, 3.514 millones salieron del Fondo de Reserva, el salvavidas utilizado desde 2012. Para evitar dejar la hucha vacía (quedan poco más de 11.600 millones), el resto del dinero se cubrió con un crédito que facilita el Gobierno y que asciende a 5.986 millones.

La situación de escasez no es nueva. Se repite desde hace seis años. El pasado julio lo novedoso fue la utilización de un crédito concedido por Hacienda en las cuentas públicas de 2017. De ese préstamo, de 10.192 millones, se han consumido ya 5.986 millones para la extra. Es decir que en diciembre este recurso quedará agotado cuando el Gobierno tenga que recurrir de nuevo a instrumentos externos para pagar la extra de diciembre a los pensionsitas.

También en enero entrará en vigor el grueso de las medidas incluidas en la Ley de Autónomos. No interferirá esta entrada en vigor una prórroga presupuestaria por que el Ejecutivo recurriría a un crédito extraordinario.

La norma, que fue pactada a finales de 2016 entre PP y Ciudadanos, será aprobada por el Senado el próximo martes, de donde retornará de nuevo a la Cámara Baja para ser aprobada de forma definitiva este mismo mes.

Esta ley, que recoge la mayoría de propuetas realizadas por ATA, incluye una batería de medidas históricas para los más de tres millones de autónomos afiliados a la Seguridad Social, un espaldarazo para un colectivo que ha sido protagonista de la creación de empleo en España desde que en 2014 la ocupación levantó el vuelo, poniendo fin a seis largos años de crisis económica.

En enero próximo serán diez las medidas que entren en vigor; otras tantas quedarán pendientes. Entre las que comenzarán a aplicarse el año próximo está la ampliación de la tarifa plana para autónomos de 50 euros, que pasará de los actuales seis meses a doce para nuevos autónomos o para aquellos que no lo fueron en los dos últimos años. La ampliación de la tarifa plana es la única medida que tendría coste, entorno a 400 millones.

Esta tarifa plana es una de las iniciativas estrellas del Ministerio de Empleo, que ha servido para que 1,2 millones de profesionales se dieran de alta por cuenta propia desde que entró en vigor y para que más de 400.000 salieran de la economía sumergida.

La norma incluirá también mejoras en los recargos que se aplican a los autónomos que se retrasen en los pagos a la Seguridad Social. Dejará de aplicarse el 20% de penalización generalizado por una demora puntual para aplicarse un 10% en el primer mes.

La aplicación completa de la norma requerirá un presupuesto de 1.000 millones, dotación que queda pendiente de la aprobación de los Presupuestos. Con estos recursos se desarrollarán el resto de medidas que no entrarán en vigor enero, entre ellas, por ejemplo, que los autónomos estarán exentos de pagar cuota durante el periodo de baja por maternidad, paternidad, adopción y acogimiento.