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El Gobierno flexibiliza la lista de morosos para captar 150 millones

El Ejecutivo ha planteado una reforma de los impuestos medioambientales para recaudar 500 millones de euros más

S.E.

El Gobierno ha presentado a la Comisión Europea medidas adicionales de lucha contra el fraude para garantizar que cumplirá con los objetivos de déficit público . El Ejecutivo ha decidido modificar los criterios de publicación de la lista de morosos, que incluye a aquellas personas o empresas que adeudan más de un millón al Fisco, con el objetivo de elevar la recaudación en 150 millones de euros.

El Ejecutivo explica en su actualización del plan presupuestario enviado a Bruselas que para «fomentar el pago de las cantidades adeudadas» regulará la posibilidad de que en ese registro público de deudores no figuren aquellos que efectúen el pago incluso después comunicarles la «propuesta de inclusión». Es decir, Hacienda concedería a esos morosos el beneficio de no aparecer en esa lista si abonan las cantidades que adeudan.

Este cambio es parte de las medidas con las que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende elevar la recaudación en 7.505 millones y así cumplir con los objetivos de consolidación fiscal , que obligan en 2017 a reducir el déficit al 3,1% del PIB.

Según el detalle presentado al Ejecutivo comunitario, mediante la lucha contra el fraude se espera captar 500 millones, 4.655 con la reforma del impuesto de Sociedades , otros 1.500 con mejorar en la aplicación de determinados tributos y 350 con un aumento de los al tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas. Además ha planteado una reforma de los impuestos medioambientales para recaudar 500 millones de euros más.

Impuestos medioambientales

Por otra parte, según informa EFE, el Estado espera aumentar el próximo año en 500 millones la recaudación que obtiene por impuestos medioambientales, de acuerdo con la actualización del plan presupuestario de 2017, difundido esta noche por el Ministerio de Economía.

El documento remitido a Bruselas señala que España pondrá en marcha una reforma en el ámbito de la imposición medioambiental para asegurar el cumplimiento de los objetivos nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero y para lograr una progresiva convergencia con la media de la UE en tributación ambiental.

Los ingresos procedentes de impuestos ambientales representaban en España el 1,85 % del PIB en 2014 -cifra claramente inferior al 2,46 % de media del conjunto de la UE-, una tasa que espera aumentar el Ejecutivo con esta medida.

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