El ministro De la Serna, durante un encuentro mantenido esta mañana
El ministro De la Serna, durante un encuentro mantenido esta mañana - EFE

El Gobierno prepara el terreno para asumir las autopistas en quiebra el año que viene

El Ejecutivo adjudicará las carreteras en el cuarto cuatrimestre de 2018

MadridActualizado:

El Consejo de Ministros aprobará mañana el convenio para que la empresa pública Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) asuma las ocho concesiones de las autopistas actualmente en quiebra, el primer paso para que estas vías pasen a dominio público por orden judicial, según avanzan fuentes de este departamento ministerial. El objetivo es que las carreteras se transfieran a esta sociedad a medida que vayan entrando en liquidación, previsiblemente el año que viene, y se adjudiquen a un nuevo concesionario en el cuarto cuatrimestre de 2018, de modo que tengan un impacto mínimo en el déficit público de ese ejercicio.

La redacción del convenio es, prácticamente, el último capítulo del largo conflicto de las autopistas en quiebra. Actualmente, se encuentran en esta situación las radiales madrileñas (R-2, R-3, R-4, R-5), la AP-41, el eje del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la AP-36, la circunvalación de Alicante y la AP-7, entre Cartagena y Vera.

El Ministerio que dirige Íñigo de la Serna pretende compensar el coste para las arcas públicas de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), el importe que debe abonar el Estado por asumir las carreteras antes de que finalicen los contratos de concesión, con lo que se ingrese mediante esta nueva licitación, que en función de lo que determine el estudio de demanda podrá llevarse a cabo en un único lote o en, como máximo, dos por un periodo de 25 años. Por ello, el Ejecutivo se ha fijado como objetivo realizar una transición rápida, de modo que tanto la liquidación de las autopistas, momento a partir del cual computan en déficit, como la salida al mercado se lleve a cabo en el mismo año.

El Gobierno no aporta, de momento, una estimación de cuánto supondrá la RPA para las arcas públicas, aunque señala que resultará notablemente inferior a lo solicitado por la patronal de las constructoras (Seopan), 5.000 millones de euros, y la cifra fijada por el Tribunal de Cuentas, más de 3.700 millones de euros. En este sentido, indica que este último dato se deriva del límite máximo de RPA previsto en los contratos. Al coste de la RPA se deberá sumar, además, el importe de los préstamos participativos para cubrir las expropiaciones de terrenos, una cuantía próxima a los 550 millones de euros.

Fuentes de Fomento subrayan que, en la práctica, los usuarios no notarán diferencias al utilizar estas vías, ya que Seittsa se hará cargo, de inmediato, de los 700 trabajadores de las concesionarias y mantendrá los peajes sin variaciones (en este último punto a menos que en el estudio de la demanda que elaborará en los próximos meses se recomiende expresamente lo contrario).

Actualmente, estas carreteras están experimentando, conjuntamente, un crecimiento del tráfico del 12,7% durante el primer semestre del año y se espera que en el momento en que vuelvan a ser licitadas, en 2018, obtengan unos ingresos de explotación de 100 millones de euros.

El Ejecutivo se mantiene escéptico ante las negociaciones con los fondos acreedores de cara a un posible acuerdo en las cuatro autopistas que se hallan en fase de convenio, así como en la negociación de la RPA, que se dará a conocer de manera individual para cada concesión en un plazo de seis meses una vez que revierta al Estado.