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Ley de Estabilidad

Extremadura y Aragón escapan del control de Hacienda al cumplir con sus proveedores

El Ministerio inició el proceso de retención de fondos hace un año a ambas comunidades por su morosidad. La mejora en sus plazos de pago ha permitido que acabe la intervención

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro EFE
Javier Tahiri

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La vigilancia del Ministerio de Hacienda sobre Aragón y Extremadura para que paguen a sus proveedores ha funcionado. Desde que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro inició el procedimiento de intervenirles fondos en abril de 2016 para asegurar que saldaban sus facturas a tiempo, ambas regiones han reducido notablemente sus plazos de pago hasta cumplir la Ley. Si en abril de 2016 Aragón tenía un periodo medio de pago de 95 días y Extremadura de 110 días, ahora han bajado a 20 días y 9,8 respectivamente en enero de 2017. Ante ello, el Ministerio de Hacienda ha levantado la intervención sobre sus cuentas. El control ha dado resultados.

Así lo asegura el departamento de Montoro en sendas cartas enviadas el pasado 14 de marzo a los consejeros del ramo de ambas comunidades, en las que reconoce el «importante esfuerzo» acometido por las regiones. Los periodos medios de pago entre julio y diciembre « han sido inferiores a 30 días , cumpliendo, por tanto con el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad durante seis meses consecutivos», aseguran las misivas.

Ello supone un espaldarazo a la Ley de Estabilidad que el Gobierno aprobó en 2012. Después de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero disparara el déficit en 2011 al 9% del PIB, tres puntos por encima del 6% exigido por Bruselas por el incumplimiento de las comunidades autónomas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó esta norma para vigilar que todas las administraciones sanearan su situación.

La Ley prevé multas del 0,2% del PIB o incluso la intervención si las comunidades no cuadraban sus cuentas, es decir, si disparaban su déficit, deuda o el periodo de pago a proveedores. Eran las llamadas medidas «coercitivas» sobre comunidades y ayuntamientos para evitar que descontrolaran su situación.

Sin embargo, desde entonces el Ejecutivo no aplicó estas medidas pese a las peticiones del FMI , la Autoridad Fiscal o Bruselas . En 2015, las comunidades volvieron a incumplir al cerrar con un déficit del 1,66% del PIB frente al 0,7% apalabrado. En abril de 2016, días después de anunciarse el incumplimiento del déficit de 2015 y con la Comisión Europea acuciando al Gobierno a adoptar medidas para cuadrar las cuentas, el Ministerio de Hacienda aplicó por primera vez estas medidas coercitivas a Aragón y Extremadura. La razón era que desde que se empezó a contabilizar el periodo medio de pago a proveedores, ambas comunidades no habían cumplido un solo mes el límite de 60 días de PMP .

Ante ello, se le remitieron advertencias como recoge la Ley y, al no seguirlas, en abril el Ejecutivo pasó al siguiente nivel: r etener sus fondos si no mejoraban su situación . En verano Hacienda les empezó a comunicar la cantidad que debían pagar a sus proveedores mes a mes para no superar el límite legal. Si no lo hacían, lo retraía de sus recursos y el Ministerio pagaba directamente .

Desde entonces su situación ha mejorado bajo la tutela de Hacienda. Las dos comunidades cumplieron y han logrado salir de la intervención, eso sí, ayudadas por los mecanismos de financiación que despliega el Gobierno, pero también por su mayor rigor.

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