Los estibadores proponen ceder un 6% de su masa salarial para favorecer las prejubilaciones

Luis M. Ontoso

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21/03/2017
Actualizado 22/03/2017 a las 10:18h.

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Estibadores y patronal retomaron ayer las negociaciones, en la primera reunión después de la histórica derogación del real decreto-ley del pasado jueves. El Gobierno estuvo presente, nuevamente, en la mesa de negociación, esta vez por medio del secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar (quien también asistió a la penúltima reunión) y el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo. Sobre la mesa, la propuesta « in extremis » que dio a conocer el Ejecutivo el pasado miércoles, en la víspera de la votación en el Congreso de los Diputados de la norma: el propósito de que se mantengan el 100% de los puestos de trabajo mediante la subrogación de los empleos, la constitución de una comisión de seguimiento permanente para supervisar el cumplimiento de los acuerdos y un plan de prejubilaciones para apoyar la liberalización del régimen laboral de la estiba, medida que exige la UE, con un plan de prejubilaciones a partir de los 50 años con el 70% del salario.

La reunión, que comenzó a las 16.00 horas en la sede del Consejo Económico y Social (CES), se extendió hasta las 21.30 horas. Los sindicatos (la gremial Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, CC.OO, UGT, CIG y USO) presentaron una « contrapropuesta » que recogía mecanismos para flexibilizar las condiciones en las que los trabajadores pueden acogerse a los retiros anticipados, en función no solo de la edad, sino también de los años de cotización, y una reducción de la masa salarial de en torno al 6% de media para todo el colectivo.

En concreto, se destinaría un 1% de este recorte salaria a impulsar los retiros anticipados, que se sumaría al 1% adicional que deberían desembolsar las empresas estibadores, y un 5% para mejorar la productividad, tal y como detalló el líder de Coordinadora, Antolín Goya, al término del encuentro . Los representantes de los trabajadores argumentan que la propuesta del Ejecutivo no permite acogerse a esta fórmula a más de un centenar de trabajadores en todos los puertos españoles. Patronal y sindicatos volverán a sentarse en la mesa de negociación colectiva el próximo jueves para abordar, exclusivamente, estos aspectos laborales. La Administración, por su parte, mostró su disposición a estudiar la oferta de los sindicatos.

La coordinadora, no obstante, no se mueve un milímetro de la que es su principal reclamación, el reconocimiento de las subrogaciones de los más de 6.100 puestos de trabajo en el propio real decreto-ley , aunque ahora introduce un matiz: aceptan articular estas medidas mediante un texto normativo de rango equivalente. Hasta ahora los sindicatos habían exigido que esta cláusula se incluyera en el propio real decreto, una posibilidad que había rechazado el Gobierno por entender que entraría en colisión con la normativa comunitaria. Se trata, según las palabras de Gómez-Pomar, de una «dificultad irresoluble» , ya que cualquier intento de introducir estas garantías «vulneraría» la legislación de la UE.

Hay, de todos modos, un posible punto de encuentro. El propio ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha señalado que el Ejecutivo está dispuesto a poner en marcha «instrumentos normativos» que recojan estas garantías empleo, pero, como recordó el secretario de Estado de Infraestructuras, es necesario que antes de ello patronal y sindicatos se pongan de acuerdo en el marco de la negociación colectiva. «El Gobierno ha llegado hasta donde puede llegar» , subrayó Gómez-Pomar, tras hacer hincapié en que la propuesta presentada por el Ejecutivo se encuentra en línea con las «reestructuraciones» que se han llevado a cabo en otros sectores en crisis. «Los acuerdos no son cosa de uno»; remachó. El Gobierno tampoco acepta la propuesta de los sindicatos de determinar unas condiciones de formación específicas y restrictivas para trabajar en cada puerto.

Mientras tanto, cada día que pasa, se intensifica la amenaza de las sanciones económicas impuestas por el Tribunal de Justicia de la UE. En este sentido, De la Serna recordó ayer en el Senado que «las sentencias están para cumplirlas » y que los ciudadanos «no están dispuestos a pagar cientos de millones».