Grecia asegura que se solucionará el problema de la inmunidad de los tres altos funcionarios de España, Italia y Eslovenia
España había amenazado con bloquear el pago del Eurogrupo al país heleno si no se ofrecía esta condición a un funcionario nacional
El Gobierno griego se muestra tranquilizador: se solucionará el problema de la inmunidad de los tres altos funcionarios de España, Italia y Eslovenia. Cuando se dio a conocer la decisión del Eurogrupo por la que Grecia conseguía un nuevo tramo de su rescate (8,5 millones de euros, necesarios para afrontar los próximos pagos a sus acreedores) nadie en Atenas se acordó de los tres funcionarios europeos que se enfrentan a los tribunales griegos supuestamente por haber actuado « de mala fe » en unas privatizaciones en 2014.
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El ministro Luis De Guindos anunció esta mañana que de no solucionarse este problema, concediéndoles inmunidad a los tres empleados públicos como habían solicitado los europeos, el Eurogrupo podría bloquear la entrega del dinero a Grecia.
La acusación de la Fiscal Anticorrupción
Los tres funcionarios son un español, otra italiana y un esloveno a quienes se solicitó, en época del gobierno de coalición entre conservadores y socialistas, que fueran asesores técnicos del Fondo de Privatizaciones griego (TAIPED) entre 2013 y 2014. Meses más tarde, en 2015 y tras la victoria electoral de los radicales de Syriza , el secretario general encargado de la Lucha Anticorrupción, Yorgos Vasiliadis, solicitó una investigación por posible actuación fraudulenta («de mala fe»). Su denuncia se basaba en las quejas de un grupo de abogados del Pireo que implicaba a seis personas en total. Estas eran tres asesores griegos y los tres funcionarios antes mencionados. Hay que recordar que el Fondo de Privatizaciones fue creado como condición del programa de ajustes y reformas del primer rescate europeo a Grecia.
La investigación se realizó sobre informes referidos a la venta de 28 propiedades estatales y su posterior alquiler en mayo de 2014. Los edificios pertenecían distintos ministerios y a la Policía. La transacción se llevó a cabo tras la aprobación del Consejo de Administración de TAIPED. La Fiscalía consideró que hubo pérdidas para el Estado en un informe de 200 páginas.
Lentitud de los tribunales
La ley helena considera que a partir de 150.000 euros de pérdidas para el Estado las denuncias se tramitan por la via penal y podría llevar una pena de cárcel. El caso llegó a manos de la Fiscalía Anticorrupción, que estudió los cargos a través de los exámenes preliminares de los fiscales Ioannis Sévi y Angelikí Triandafilu.
La Fiscalía llegó a la conclusión de que había graves responsabilidades penales para las seis personas (los tres funcionarios de países europeos y tres griegos) ya que habían causado pérdidas al Estado superiores a los 580.000 euros. Lo que los tribunales reprochan a los funcionarios es haber aceptado precios demasiado bajos para estas propiedades.
El proceso, curiosamente, siguió adelante mientras los países de los tres funcionarios solicitaron que estuvieran protegidos y tuvieran inmunidad contra cualquier cargo. El caso sigió su paso en los tribunales sin que se hubiera efectuado ningún avance para la inmunidad de los tres funcionarios, aunque al parecer el Ministerio de Economía griego sabía ya desde el Euroworking Group del 8 de junio que estaba pendiente y que los europeos querrían que se cerrara . Ha sido esta mañana después de las declaraciones del ministro De Guindos cuando ha vuelto a convertirse en titular. Lo más irónico es que el gobierno radical había aprobado una ley que concedía inmunidad a los funcionarios involucrados en las privatizaciones, pero los jueces pertinentes no la tuvieron en cuenta.
El Gobierno griego se esforzará en resolver el caso
El Gobierno griego oficialmente ha destacado esta mañana que no interviene en temas de justicia y a través de un documento informal (se denominan non paper en el lenguaje diplomático), ha insistido que «se hará todo lo necesario para que se resuelva rápidamente y de forma eficiente el tema que ha surgido con los tres expertos de TAIPED (el organismo de las privatizaciones), en el marco de la ley y de la Democracia», insistiendo en que no existe razón alguna para inquietarse. El Comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, por su parte, ha afirmado que el tema se solucionará, que no se debe dramatizar y que seguirá tratando el tema con las autoridades españolas durante su visita a Madrid de la semana próxima.
Un comentarista político ha declarado a ABC que «dado que los radicales eran contrarios a toda privatización, estudiaron con lupa cualquier decisión del Fondo de Privatizaciones nada más convertirse en gobierno y al haber una acusación de abogados particulares la utilizaron para atacar al Fondo y de esta forma también a la troika». Ahora están viendo las consecuencias.
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