Captura de la web de Creditea
Captura de la web de Creditea - ABC

El Congreso debatirá medidas contra la usura en los créditos

El PP impulsa una PNL para que el Gobierno incluya más garantías en el sector

MadridActualizado:

En un país en el que, según el INE, casi el 65% de la población reconoce tener dificultades para llegar a final de mes, las entidades no financieras que no quieren someterse a la supervisión oficial han encontrado un importante nicho de mercado en la concesión de créditos «fáciles». Con el reclamo del «dinero rápido» prestan pequeñas cantidades de efectivo -desde 50 a 600 euros- a personas que normalmente se encuentran en situación de vulnerabilidad como jóvenes, desempleados, morosos, adictos al juego…, y por un plazo de tiempo muy corto -un mes como mucho- sin hacer preguntas.

Reclaman la devolución en una sola cuota y sus ganancias se multiplican cuando el cliente no puede devolver el préstamo en el plazo acordado. Entonces, el interés se dispara hasta el punto de alcanzar el 4.000% en tasa anual equivalente (TAE) y aparecen nuevas comisiones de gestión. «Un préstamo de 1.000 euros a una semana puede convertirse fácilmente en 1.200 euros al octavo día y seguir creciendo de manera exponencial si no se devuelve», denuncia la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Susana López Ares.

Las fórmulas de la concesión son muy heterogéneas y abarcan desde préstamos con garantías hipotecarias hasta mini préstamos rápidos que se conceden a través del teléfono móvil o internet e incluso préstamos garantizados mediante el empeño de vehículos. Para acceder al crédito basta con solicitarlo vía internet o telefónica, tener cumplidos los 21 años y no superar los 65. No se exige nómina sino tan solo un teléfono móvil y una cuenta bancaria a la que se transfiere el dinero rápidamente. Y aunque la economía del país está mejorando, el negocio de estas entidades crece desde hace ya varios años. Entre las más exitosas se encuentran Creditea o Vivus.

Probable aprobación

Ante esta situación, el Pleno del Congreso de los Diputados debatirá el próximo martes una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a establecer una nueva regulación que proteja a estos usuarios para evitar «que se produzcan situaciones abusivas o de usura como consecuencia de la propia necesidad del prestatario en la solicitud de este tipo de servicios».

La iniciativa prevé respetar «el principio de libertad de empresa» y de libertad de mercado de manera que no contempla la fijación de tasas de interés máximas, sino que se centra en el establecimiento de garantías y obligaciones que eviten que estas entidades se aprovechen de sus clientes. En resumen, introducir cambios en la Ley para «proteger a la parte más débil que en muchas ocasiones acude a este tipo de servicios en una situación angustiosa y le hace aceptar condiciones desproporcionadas».

Los demás grupos parlamentarios no han confirmado aún el sentido de su voto pero los populares cuentan con obtener el respaldo de la mayoría y lograr la aprobación de la iniciativa. Si el Pleno aprueba la proposición, el Ejecutivo no estará obligado a acatarla pero dado que ha sido el Grupo Popular el impulsor de la misma, lo lógico es que el Gobierno recoja el guante.

En su Proposición no de Ley los populares advierten de que en los últimos años el sector de los préstamos privados concedidos por entidades no financieras «ha experimentado un importante crecimiento tanto por la situación de crisis económica como por las dificultades de las entidades financieras para facilitar financiación».

Recuerdan que mientras que los prestamistas que exigen garantías -inmuebles o vehículos-que les protejan contra el impago tienen requisitos y trámites algo más restrictivos, las empresas que conceden minipréstamos «han flexibilizado enormemente los criterios para la obtención de un préstamo de estas características. «La respuesta se recibe en cuestión de minutos y el dinero en poco más», alerta el texto de la iniciativa.

Estos prestamistas no son entidades financieras y por tanto no están supervisados por el Banco de España ni por la CNMV. «Muchas de ellas están domiciliadas «offshore» y todas se caracterizan por un elevado coste de la financiación que ofrecen a sus clientes. La Ley de la Usura o Ley Azcárate -que data de 1908- es la que regula este tipo de contratos en España.