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El concurso de su filial mexicana lastra el rescate de Abengoa

El fiscal pide 5 años de cárcel para el expresidente de Abengoa

Planta Solucar de Abengoa REUTERS
Luis P. Arechederra

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Durante los últimos meses Abengoa ha vivido una carrera de fondo para garantizar su supervivencia, mientras se dirimen las responsabilidades penales de los antiguos administradores de la empresa. Ayer, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó cinco años de cárcel para el expresidente de la firma de ingeniería Felipe Benjumea por el caso de las indemnizaciones millonarias . El Ministerio Público considera que ni Benjumea ni el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega -para quien pide 3 años y 4 meses de prisión- tenían derecho a cobrar los 11,4 y 4,5 millones de euros que se embolsaron respectivamente en septiembre de 2015, solo dos meses antes de que la empresa solicitara el preconcurso de acreedores. El fiscal argumenta que ninguno de los dos se desvinculó en la práctica de la empresa, la razón que hubiera justificado la indemnización.

El fiscal, que valora «la grave crisis que ya atravesaba Abengoa, también pide 3 años y 6 meses de cárcel para el expresidente Antonio Fornieles, y las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde, que aprobaron los pagos, y pide que testifique en el juicio el exministro socialista José Borrell, que fue consejero de la empresa.

Mientras tanto, avanza el proceso de reestructuración de la compañía, aunque un hecho difícil de prever en septiembre, cuando se firmó el acuerdo con los acreedores, está complicando el desembolso de la liquidez. El juzgado sexto del distrito en materia civil de Ciudad de México declaró el pasado mes de diciembre concurso de acreedores en Abengoa México a petición de la entidad financiera Banco Base. Fue un movimiento que sorprendió a todos, incluida la propia compañía, que reconoció que la resolución fue «inusual e inesperada». De hecho, los peritos judiciales se habían pronunciado en contra de esta medida, que admitía recurso y que, como informó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), no supone el nombramiento de una administración concursal.

Más allá de la repercusión que esta decisión del órgano judicial mexicano pueda tener sobre la filial azteca, lo que está en juego es la inyección de liquidez que se debía haber efectuado en diciembre. La suspensión de pagos de Abengoa México resulta una pieza clave de ese gigantesco e intrincado andamiaje societario que es el acuerdo de reestructuración de la firma sevillana.

Dinero paralizado

Parte de la inyección de capital, 945 millones de euros, dispone de la garantía del proyecto estrella de Abengoa en México, una planta de cogeneración de 265 MW (megavatios) denominada A3T, y la participación de Abengoa en su filial estadounidense Atlantica Yield. Para aislar estos activos, los acreedores exigieron a Abengoa crear dos sociedades luxemburguesas y depositar en ellas tanto la titularidad de la planta como el préstamo intragrupo para el proyecto A3T, abonado por la filial mexicana. El problema ahora, explican fuentes de los bonistas a ABC, es que este el proceso concursal ha arrojado incertidumbre sobre este crédito.

Los bonistas, una constelación de fondos internacionales representandos por Houlihan Lokey , temen que el dinero destinado a la construcción del megaproyecto mexicano se mantenga «paralizado» y la sociedad luxemburguesa creada «ex profeso», por tanto, careza de validez para avalar el rescate. De momento, aunque las conversaciones son diarias, no hay punto de encuentro. Inversores y compañía buscan mecanismos legales para solventar la situación de la mexicana y paliar las necesidades de liquidez de la compañía. «Estamos trabajando aún en buscar una solución», confían estas fuentes.

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