Un guardia de seguridad vigila durante la celebración de la Asamblea Nacional Popular
Un guardia de seguridad vigila durante la celebración de la Asamblea Nacional Popular - AFP

China redobla la mano dura frente a la corrupción

El año pasado se juzgaron 45.000 casos que involucraron a 63.000 personas, un tercio más que en 2015

CORRESPONSAL EN PEKÍNActualizado:

Montañas de dinero apiladas en mansiones de lujo, toneladas de joyas en sus armarios, deportivos en los garajes, fiestas a todo tren con alcohol y chicas en abundancia y hasta banquetes con carne de cocodrilo. Así es la vida desenfrenada de los políticos corruptos en China, según mostraba recientemente una serie de la televisión estatal CCTV que también enseñaba lo dura que podía ser su caída. Con el tono aleccionador propio de la propaganda que caracteriza a este régimen autoritario, dicha serie, titulada «Siempre a la fuga», glorificaba la cruzada anticorrupción lanzada por el presidente Xi Jinping en 2013. Desde entonces, más de un millón de funcionarios han sido castigados por corrupción en una campaña a todos los niveles que, lejos de relajarse con el tiempo, se ha endurecido durante el último año.

Buena prueba de ello son los 45.000 casos de corrupción que, involucrando a 63.000 personas, fueron juzgados en 2016 por los tribunales chinos, un tercio más que el año anterior. Así se lo comunicaba estos días el presidente del Tribunal Popular Supremo, Zhou Qiang, a la Asamblea Nacional Popular, la reunión anual del Parlamento orgánico de China, que concluyó el miércoles. En su informe ante los diputados, Zhou Qiang destacó que entre los procesados figuraban 35 altos cargos con rangos ministeriales y provinciales y 240 a nivel de prefectura. En total, 2.862 personas fueron condenadas por soborno en 15.000 casos de corrupción.

Los políticos y empresarios corruptos escapan al extranjero, sobre todo a Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda

«La tolerancia cero contra la corrupción no cambiará», advirtió, por su parte, el fiscal general del Estado, Cao Jianming, quien anunció que 47.650 funcionarios habían sido investigados por delitos relacionados con sus cargos. Uno de los más prominentes fue Ling Jihua, condenado en verano a cadena perpetua pese a haber sido la mano derecha del anterior presidente de China, Hu Jintao.

Y es que su sucesor, Xi Jinping, se ha valido de esta lucha contra la corrupción para eliminar a sus rivales internos. Dentro de su «Campaña contra tigres y moscas», que persigue por igual a los peces gordos y a los funcionarios rasos, ha cazado a altos cargos como Zhou Yongkang, antiguo jefe de Seguridad que fue sentenciado a cadena perpetua en 2015. Previamente, la caída en desgracia de su aliado Bo Xilai, una de las figuras más carismáticas del régimen, destapó la vida disoluta de esta «aristocracia roja» cuando su esposa, Gu Kailai, fue condenada por haber asesinado al empresario británico Neil Heywood, que ayudaba a la pareja a sacar su dinero negro de China y con quien tenía un romance.

Huídas al extranjero

Huyendo de esta persecución, los políticos y empresarios corruptos escapan al extranjero con los millones que han amasado gracias a sus chanchullos, sobre todo a Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pero más de medio millar fueron devueltos el año pasado a China, que recuperó unos 2.000 millones de yuanes (270 millones de euros) del dinero que se habían llevado.

Bajo el sistema llamado «shuanggui», los sospechos son aislados en lugares secretos hasta que confiesan

Gracias a estas operaciones policiales, denominadas «Sky Net» («La red del cielo») y «Fox Hunt» («La caza del zorro»), cayeron algunos de los fugitivos más buscados del país, como Yang Xiuzhu, subdirector de Obras Públicas en la ciudad de Wenzhou. Prófugo desde hacía 13 años, fue deportado por EE.UU. en noviembre, mientras que en junio regresó desde Canadá el ingeniero Zeng Ziheng, también entre los más buscados por corrupción.

A pesar de estas colaboraciones con la justicia extranjera, los países occidentales siguen teniendo reparos en devolver los fugitivos a China por su falta de garantías procesales y su violación de los derechos humanos. A tenor de un reciente estudio de la ONG Human Rights Watch, son habituales las torturas físicas y psíquicas contra los funcionarios corruptos y once de ellos han muerto ya en los interrogatorios. Bajo un sistema denominado «shuanggui», que el Partido Comunista opera al margen de los jueces y la Policía, los investigados son aislados en lugares secretos hasta que confiesan. Luego son entregados a los tribunales, donde el 99,92% de los juicios acaban en condena.