El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras - JOSÉ RAMÓN LADRA

La Cataluña independiente nacería con 1.800 millones menos de recaudación

El 37% de los ingresos por el Impuesto de Sociedades que se recauda en Cataluña se iría a otros puntos de España en caso de ruptura

MADRIDActualizado:

La fuga de grandes empresas que jalona estos días Cataluña es sinónimo de menores ingresos futuros que tendría la Generalitat en caso de que hubiera una independencia. Si bien el goteo de compañías que han optado por salir de la comunidad se ha traducido en un traslado de sede social que no siempre coincide con la fiscal, en caso de independencia esta distinción no existiría. Caixabank y sus filiales, Sabadell, Gas Natural, Abertis, Colonial, Cellnex, Arquia Banca, Dogi, Naturhouse, Oryzon, Service Point, Eurona, MGS Seguros o Banco Mediolanum... si se produjera una ruptura, su sede fiscal volaría a otros puntos de España lo que provocaría una merma de ingresos para la futura Hacienda catalana de casi 1.900 millones de euros. En concreto, estas empresas pagaron en 2016 unos 1.837 millones de euros en impuesto de Sociedades, un 37% de los ingresos del tributo en la comunidad en dicho año.

El 21% de la recaudación de Sociedades en España —21.678 millones en 2017— procede de Cataluña. Las empresas que han anunciado su cambio de sede suponen un 8,5% de esos ingresos totales. Como el impuesto de Sociedades es de gestión estatal, el cambio de sede social que también haya implicado un cambio de domicilio fiscal no tiene ningún impacto fiscal para una Cataluña dentro de España, al margen de la merma de ingresos que suponen impuestos como Actos Jurídicos Documentados o tributos locales como Actividades Económicas.

Sin embargo, de independizarse la comunidad, la recaudación por Sociedades de una hipotética república catalana sufriría un importante bajón frente a las previsiones independentistas proyectadas por la Generalitat. En dicho escenario, todas estas empresas trasladarían también su sede fiscal y no solo la social. Algo que, de momento, solo han hecho algunas de ellas.

La ley General Tributaria deja claro que en el caso de las empresas, su sede fiscal será «su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y dirección de sus negocios. En otro caso se atenderá al lugar en que se lleve a cabo dicha gestión o dirección». Por ahora, cada empresa es un caso.

El peso del sector financiero

El gran impacto proviene del sector bancario. Los comunicados del grupo La Caixa respecto al traslado del domicilio social de su banco (Caixabank), su aseguradora (Vidacaixa), su fundación bancaria y su gestora de activos (Caixabank Asset Management) no especificaban nada respecto al domicilio fiscal, y solo hacían referencia al social. Ahora bien, según ha podido saber ABC, el conglomerado ha sacado también su sede fiscal de Cataluña.

Solo Caixabank y Vidacaixa abonaron el año pasado impuestos sobre sus beneficios por 633,3 millones de euros, el 35% de los citados 1.837 millones que dejaría de ingresar esa supuesta Cataluña independiente. A ello habría que sumar los casi 304 millones anuales que paga el Sabadell, entidad que también ha trasladado su residencia tributaria, en este caso a Alicante, de forma que los dos grandes bancos y la primera aseguradora española suman más de la mitad de los impuestos de menos a cobrar por esa hipotética república catalana.

El otro gran grupo financiero que ha trasladado su sede social de Barcelona a Madrid ha sido Segurcaixa Adeslas, propiedad de Mutua Madrileña y participado al 49,9% por Caixabank. La primera compañía española de seguros de salud aporta cada año a la Agencia Tributaria por el impuesto de Sociedades algo más de 55 millones.

Activos fiscales diferidos

Precisamente, las entidades financieras, además de ser las que pagan más impuestos de las que han abandonado Cataluña estos días, también son las que tienen mayores créditos fiscales pendientes de amortizar con Hacienda. Los activos fiscales diferidos, generados por ejercicios que cerraron con pérdidas, por aportaciones a planes de pensiones y provisiones, de las empresas que han salido de Cataluña suman 19.028 millones. De ellos, 16.417 proceden de Caixabank (9.642) y Sabadell (6.775). En caso de independencia, estas compañías mantendrían sus créditos fiscales con la Hacienda española, al haber aprobado su cambio de sede.

A estas fugas se suman las de Gas Natural —que el año pasado pagó 416 millones por Sociedades—, Abertis —304,2— o Colonial —105—. En menor medida, afecta el de empresas como Naturhouse (9,6 millones), Arquia Banca o Mediolanum (2,3 millones cada una).

A esta merma de ingresos se le sumaría otras aperturas de compañías, ya que previsiblemente las empresas mantendrían o abrirían filiales en Cataluña y tributarían a la nueva Hacienda por su actividad en la región. Sin embargo, previsiblemente también habría más compañías que se irían en caso de ruptura. Freixenet, Codorníu o Planeta son algunas de las que han anunciado su salida en caso de que se produzca una declaración unilateral de independencia (DUI).

Doble imposición asegurada

Sin embargo, otro riesgo que enfrentarían empresas y contribuyentes es que de nacer un Estado catalán, no habría a medio plazo convenio para evitar la doble imposición suscrito entre Cataluña y España. Por ello, las empresas españolas que operen en la región (y viceversa) podrían ser consideradas residentes fiscales en los dos territorios y tributar doblemente por sus beneficios. Una factura fiscal por duplicado que se extendería a los dividendos que distribuyan estas compañías. Todo un golpe para la seguridad jurídica de las empresas en Cataluña.

Sin llegar a la independencia, ¿tiene efecto esta fuga de empresas sobre las balanzas fiscales de Cataluña, por las que la comunidad aporta a la solidaridad regional 9.892 millones más de lo que recibe? En principio, no tendría gran impacto porque la diferencia entre unos territorios y otros la marca el IRPF que pagan sus ciudadanos, por tener una mayor o menor renta. «Apenas hay cambios», afirma el autor de las balanzas territorializadas publicadas por el Ministerio de Hacienda, Ángel de la Fuente, que advierte, eso sí, de que «el efecto económico sí tiene un impacto fundamental, ya que la incertidumbre sobre las compañías ante este fuga es muy grande».