Economía

Bruselas da un ultimátum de dos meses para que la Administración pague antes a sus proveedores

La Comisión Europea expedienta al Gobierno español y le insta a adoptar medidas para que las administraciones reduzcan su plazo de pago por debajo de los 30 días

La comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska
La comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska - AFP

La Comisión Europa endurece el control sobre España debido a su morosidad pública. Bruselas ha abierto un expediente a España porque las administraciones pagan a más de 30 días a sus proveedores, el plazo legal que establece la directiva europea del ramo. Por ello, la Comisión insta a España a adoptar medidas en dos meses y notificárselas: de lo contrario habrá sanciones.

Bruselas ha dado así un paso más en el procedimiento iniciado contra España hace dos años, ante la demanda de la Plataforma de Multisectorial contra la Morosidad, y ha enviado una carta de emplazamiento al Gobierno para acuciarle a que le notifique «las medidas adoptadas para corregir la situación» antes de dos meses. El departamento comandado por la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, había suspendido a principios de 2016 el procedimiento contra España ante las alegaciones del Gobierno pero seguía la evolución de cómo pagaban las administraciones.

El Ejecutivo esgrimió la crisis como causa de la morosidad pública y expuso como solución al problema los mecanismos de liquidez que desplegó desde 2012 para comunidades autónomas y municipios. Si bien en los últimosaños, las administraciones pagan antes gracias a este plan de pago, la mejora no ha sido suficiente: según los últimos datos de noviembre, todas las administraciones incumplen el plazo de 30 días. La Ley de Morosidad española fija en 30 días el límite legal para la Administración, como lo hace la directiva, pero incumplirlo no acarrea ninguna sanción. Así, la Seguridad Social lo supera en dos días, el Estado en 18, las comunidades en 33 y las corporaciones locales, en 64.

La Comisión Europea critica la propia legislación española para registrar el número de días de retraso al saldar facturas: el Periodo Medio de Pago que fija Hacienda comienza a aplicar sanciones contra las administraciones cuando superan en 30 días el plazo legal, como recoge la Ley de Estabilidad. Ante ello, Bruselas lamenta que la legislación nacional «amplía sistemáticamente treinta días el plazo legal de pago». Ahora el Gobierno debe actuar.

3.000 millones en juego

Bruselas también ha actuado por el mismo motivo contra Grecia, Italia y Eslovaquia. Precisamente, la respuesta de Bruselas llega un día antes de que se confirme el fallo del Tribunal de la UE sobre los intereses de demora pagados por el plan de pago a proveedores. Hacienda aprobó este mecanismo de financiación que permitió saldar casi 200.000 facturas que estaban en el cajón de ayuntamientos y comunidades autónomas en 2012, pero no abonó los correspondientes intereses de demora a las pymes y autónomos que ascienden a 3.000 millones de euros.

La abogada general de la UE señaló hace unos meses que el plan español «no es contrario» a la directiva europea de morosidad pública, lo que reduce la probabilidad de un fallo contra el Gobierno, pero hasta que el Tribunal de Luxemburgo no anuncie su decisión no hay nada en firme.

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