Oficina de Banco Santander junto a otra de Banco Popular, ahora ambos en el mismo grupo
Oficina de Banco Santander junto a otra de Banco Popular, ahora ambos en el mismo grupo - Jaime García

Banco Popular, en busca de los 11.000 millones ¿perdidos?

Mucho queda aún por descubrir entorno a las cifras que estuvieron detrás de la decisión que llevó a intervenir a una entidad que se dejó por el camino, en poco menos de un mes, 10.700 millones de euros de patrimonio

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En todo lo que rodea a las cuentas de Banco Popular –de antes y después de uno u otro de los dos últimos presidentes–, a las cifras surgidas tras su antes y después de su resolución, y por los dimes y diretes de implicados que hayan tenido algo que ver con la entidad, ya no sé con certeza qué puede ser verdad, mentira o, más de moda ahora, postverdad. Porque, quizás, entender precisamente el sentido de lo que esconde la postverdad como término nos ayude a comprender mejor la importancia de conocer absolutamente todas las aristas que esconde la situación vivida en torno al banco.

Así, el sentido del término «postverdad», que naturalmente admite discusión, apunta a la irrelevancia de la verdad si bien hace años la palabra era usada para expresar lo que viene «después de que la verdad es conocida». En los dos casos, la cuestión genera perplejidad y quizás desasosiego, como epistemología y como política, mientras que a mí lo que me genera en ralidad es curiosidad aplicada al caso del «Popu» porque supongo, y espero, que cuando todos los que han tenido algo que ver con su devenir final –intervención de Europa y venta exprés a Banco Santander por un euro en poco menos de un día, entre las 17,30 horas del 6 de junio y las 8 horas del miércoles 7 de junio– cuenten su verdad, y así de muchas verdades, digo yo, saldrá una única verdad. (¿o postverdad?).

Pues bien, mientras unos y otros sean, digamos, obligados a exponer su verdad con sus correspondientes cifras y estrategias –ante el juez–, estos días se han vuelto a publicar informaciones que vienen a liar aún más si cabe la verdad sobre la situación del banco antes de ser intervenido. Datos que ponen en cuestión el motivo por el que la entidad fue vendida tan rápida y ¿repentinamente? Hasta ahora pensábamos –o nos han hecho pensar– que fue un problema de falta de liquidez para afrontar al día siguiente los pagos obligados. En teoría, el lunes 5 de junio, el Popular había solicitado una línea especial de liquidez (ELA) ante la huida masiva de depósitos de hasta 2.000 millones diarios. Para ello, el banco contaba además con 40.000 millones de activos como garantía colateral para la obtención de liquidez en la ventanilla del BCE. Pero, sorprendentemente, solo pudo presentar activos por 10.000 millones con plenas garantías por lo que al final sólo recibió cerca de 4.000 millones, precisamente lo que se esfumó entre el 5 y el 6 de junio. ¿Era insolvente o tenía un problema de liquidez? El caso es que hasta ahora todas las autoridades habían concluido que cuando el Popular fue intervenido era todavía solvente. Lo reconocieron desde el gobernador del Banco de España, Luis Mª Linde; al ministro de Economía, Luis de Guindos, e incluso hasta el vicepresidente del BCE, Vitor Constancio. Entonces, ¿tiene o no sentido liquidar una entidad solvente acuciada por un problema de liquidez?

Echando un vistazo a los estados financieros (cuentas) a junio de 2017, firmadas y entregadas por el auditor, PwC, a 29 de septiembre de 2017, ya con el banco en las tripas de Santander, saco conclusiones. Así, en las primeras páginas, el auditor explica con claridad que las cuentas de 2016 (bajo la presidencia aún de Ángel Ron) están bien; que las cuentas del primer semestre de 2017 (ya con Emilio Saracho al frente) son las de un banco resuelto por un problema de liquidez y que su inviabilidad afecta a las expectativas de la entidad relativas a la recuperabilidad de sus fondos de comercio y activos fiscales diferidos; que las cuentas de 2017 incorporan los ajustes del famoso hecho relevante de Saracho, de abril que no son significativos; y que las cuentas formuladas en junio de 2017 contienen los ajustes derivados del cambio de control a Santander que decidió hacer ajustes por haber cambiado de criterio (vender en mercado mayorista y de golpe los activos inmobiliarios, algo a lo que nadie está obligado pero es voluntario).

En resumen, que la realidad parece muy tozuda para el auditor: las cuentas de 2016 están bien, a junio de 2017, también, si bien lo que cambian son los criterios utilizados al resolver el banco por un problema de liquidez.

¿Entonces? Me temo que nos falta mucho por conocer. Porque, además, mirando mis notas sobre todo lo publicado, escuchado e investigado, muchas cifras e informaciones no cuadran. De hecho, por ejemplo, y atendiendo a lo informado por el propio consejero y secretario del consejo de administración de Popular, Francisco Aparicio Valls, en hecho relevante a la CNMV, el 11 de mayo –como reacción a una información publicada en un medio y previo al último informe de auditoría– a cierre del trimestre, el patrimonio neto del banco ascendía a 10.777 millones de euros y la ratio de capital total se situaba en 11,91%, por encima de las exigencias regulatorias. ¿Casi 11.000 millones de patrimonio? Y ¿dónde fue a parar ese «legado» entre el 11 de mayo y el 7 de junio?

Me temo que más de uno y de dos –incluidas también las autoridades que tomaron la decisión final– tendrán que poner blanco sobre negro toda su verdad, para llegar a la postverdad en el sentido de lo que viene «después de que la verdad es conocida», más que nada porque los accionistas, esos que lo perdieron todo tras la resolución, merecen una explicación, si no ya una solución.