Argentina, condenada a pagar 320 millones de dólares a Marsans por la expropiación de Aerolíneas

La expropiación de la compañía , en rigor de la firma Interinvest Sociedad Anónima donde estaban agrupadas AA, Austral, Aerohanding, Optar y Jet Paq, fue decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El Ejecutivo, por sorpresa, envió un proyecto de ley al Congreso que fue aprobado con apoyo de buena parte de la oposición. Con recochineo para unos y como un gesto simbólico para otros, al tener que guardar las forma con una compensación obligatoria, establecieron el valor de un peso para la empresa.

Antes de que la reestatización estuviera consumada y se recibiera notificación judicial, Ricardo Jaime, por entonces secretario de Transporte (hoy procesado y en la cárcel por corrupto) se presentó en persona en la compañía y pese a las protestas de sus administradores, tomó posesión de las instalaciones y la administración. Algo similar –aunque menos violento- a lo que sucedería posteriormente con la intervención primero y expropiación después de la mayoría de las acciones de Repsol en Ypf. En ambos casos la figura clave para articular las operaciones, -decididas por la Presidenta-, fue la del ministro Julio De Vido (acorralado con más de un centenar de causas judiciales y al borde de perder su desafuero como diputado).

La auditoría del Tribunal de Tasación, en manos del Gobierno kirchnerista, estimó entonces que la Aerolínea valía menos que nada. Esto es, que su valor era negativo, de más de 800 millones de dólares en números rojos. La empresa, por el contrario, puso sobre la mesa otra auditoria del Credit Suisse, que establecía un valor, en positivo, en torno a los 400 millones de dólares. El Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), después de todos estos años, ha considerado que el precio justo, en el 2008, era de 320 millones de dólares y esa cifra, más los intereses devengados, será la que tendrá que afrontar el Gobierno de Mauricio Macri, heredero de todos los desmanes de la gestión anterior.

El caso AA, como sucedería posteriormente con el de Repsol-Ypf, sorprendió a la compañía y al Gobierno español ya que el proyecto de ley de expropiación se envió al Congreso después de haberse firmado un acuerdo de compra venta que tuvo como testigo a Rafael Estrella, por entonces Embajador de España.

AA está considerada, como YPF, uno de los máximos emblemas del nacionalismo argentino . Fue adquirida por Iberia a principios de los años 90. El Gobierno de Felipe González se comprometió a la operación o "hizo un favor", en palabras de un ministro argentino de la época, dada la crisis que atravesaba la empresa (una maquina de perder dinero). Tras superar diferentes etapas e intervenir la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) AA terminó en manos del grupo Marsans que denunció el boicot sistemático de los gobiernos del matrimonio Kirchner así como de la media docena de sindicatos con los que tenía que negociar. Huelgas, quejas de retrasos, acusaciones de vaciamiento de la compañía terminaron con una expropiación irregular.

El estado argentino , con el control ya de AA, puso al frente de la compañía al ex ministro Julio Alak y posteriormente a Mariano Recalde, el resultado fue que Aerolíneas Argentinas perdió más de un millón de dólares por día. Con Mauricio Macri en la Presidencia, en enero del pasado año Isela Constantini se puso al frente de AA. Permaneció en el puesto hasta el pasado mes de diciembre que, a instancia del Ministro de Transporte, Guillermo Diectrich, fue sustituida por Mario Agustín Dell Acqua.