El actual presidente de Volkswagen, Matthias Müller
El actual presidente de Volkswagen, Matthias Müller - EFE

Alemania abre una investigación al actual presidente de Volkswagen

La fiscalía cree que Matthias Muller conocía el fraude de los motores antes de que saliera a la luz y no cumplió con su deber de comunicarlo a los inversores

CORRESPONSAL EN BERLÍNActualizado:

«No nos sorprende que la Fiscalía haya dado ese paso», afirma el abogado que representa a numerosos accionistas de Volkswagen, Andreas Tilp, sobre la investigación abierta al presidente de la compañía, Matthias Müller. Junto con su antecesor en el cargo, Martin Winterkorn, y al actualmente presidente del consejo de supervisión, Dieter Pötsch, Müller es sospechoso de un delito de manipulación de mercado. Los accionistas llevaban meses denunciando que Volkswagen y Porsche informaron demasiado tarde sobre el trucaje de los motores diésel para ocultar emisiones de gases ilegales, así como sobre sus posibles consecuencias financieras, y ahora muestran su satisfacción por el expediente abierto por la Fiscalía, aunque el origen de la investigación no hayan sido sus quejas.

Los hechos que investiga el equipo fiscal se refieren a actuaciones de Müller durante los últimos meses de 2015 y enero de 2016. Fue en enero cuando, poco después de haber asumido el cargo de CEO de VW y tras la acusación ante la Justicia de Estados Unidos, viajó a ese país y declaró allí ante un tribunal que los motores diesel de Volkswagen sufrían un «problema técnico» y que la empresa había «malinterpretado la legislación vigente» en ese país.

«En aquel momento estaba ya mintiendo y ocultando información relevante, tanto a los inversores como a las autoridades, al igual que había hecho Winterkorn antes que él», acusa Tilp. Solo en Alemania, la empresa está pendiente de más de 1.500 querellas individuales de consumidores y accionistas.

El fiscal ha reaccionado a una denuncia presentada el verano pasado por la autoridad alemana de supervisión financiera (BaFin), por indicios hallados en el transcurso de la investigación por la manipulación de los motores, destapada a finales de 2015.

El organismo recuerda que las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de comunicar de forma inmediata las informaciones que puedan influir de manera significativa en la cotización de la compañía y que serían de utilidad a los inversores en su toma de decisiones, algo que ya había sido causa de investigación a otros directivos y exdirectivos de Volkswagen, pero la novedad es que Müller pueda estar implicado. El nuevo presidente sustituyó al inculpado Martin Winterkorn, que hubo de dimitir, y era considerado el miembro «limpio» de la directiva, ajeno al escándalo y por tanto creíble en sus actuaciones de investigación interna.

Los tres directivos son investigados en realidad como miembros de la dirección de Porsche, accionista mayoritario de Volkswagen, ante la sospecha de que informaron a los inversores «deliberadamente tarde». Fuentes de Volkswagen aseguran que la empresa colaborará con la Justicia en todo lo que le sea requerido, pero sin dar detalles sobre la información precisada por el fiscal, mientras que Porsche, en un escueto comunicado, ha respondido que las acusaciones carecen de fundamento y asegura que la compañía cumplió debidamente con sus obligaciones de información a los mercados.

En medio del gran escándalo que ha causado en Alemania la posible implicación de directivos en activo, Volkswagen se ha visto además obligada a confirmar informaciones periodísticas que denunciaban que, a pesar de las grandes pérdidas ocasionadas a la compañía, esos mismos directivos tienen ingresos superiores al millón de euros. Especialmente ha causado escozor el caso del presidente del consejo de vigilancia Bernd Osterloh, que cobra 750.000 euros anuales de la empresa y otros 290.000, como muchos otros sindicalistas de IG Metall, de la Fundación Hans-Böckler-Stiftung, cuando la Ley de Relaciones Laborales alemana establece en su artículo 78 que los miembros del consejo de vigilancia no pueden ser discriminados, pero tampoco favorecidos a causa de esa actividad. Y todavía más significativo para el caso es el artículo 37, según el cual, «los miembros del consejo desempeñarán sus funciones de forma voluntaria y con carácter honorífico».

Estas nuevas derivaciones del escándalo eclipsan los esperanzadores datos que acababa de publicar la compañía y con los que Müller se había presentado ante los accionistas mostrando la luz al final del túnel. El fabricante automovilístico había logrado aumentar en el primer trimestre de 2017 el beneficio neto hasta los 3.403 millones de euros, un 43,9% más que en los mismos meses de 2016, en un entorno muy competitivo. La compañía presentó a principios de este mes sus resultados trimestrales, en los que la ganancia operativa mejora en el mismo periodo un 27%, hasta 4.367 millones de euros, lo que supone una rentabilidad operativa sobre las ventas del 7,8% y permitía hablar de una remontada en toda regla. La facturación se incrementó entre enero y marzo un 10,3%, hasta 56.197 millones de euros, tras el incremento de las ventas resultante del escándalo, y Müller, dijo que «el buen resultado de las marcas del consorcio, la introducción de nuevos productos convincentes y un sólido resultado en Europa Occidental tuvieron un efecto positivo en las cifras, una prueba de que estamos ya saliendo adelante».