«Desde el minuto uno, la gente puede empezar a ahorrar», defiende el presidente de Remica José Porras
«Desde el minuto uno, la gente puede empezar a ahorrar», defiende el presidente de Remica José Porras - ABC

Se acabó abrir la ventana con la calefacción central al máximo

Consumidores y distribuidores difieren sobre el coste final y el ahorro energético de la medición individual del consumo a través de contadores, que será obligatoria por decreto

MadridActualizado:

La obligatoriedad de tener un contador (o calorímetro) para medir el consumo de calefacción centralizada de cada vivienda, dentro de una comunidad de vecinos, está muy próxima. Tras el parón obligado por la incertidumbre política en 2016 y, previo tirón de orejas de Bruselas, el Ministerio de Energía elabora el real decreto por el que traspondrá la Directiva europea 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, sobre eficiencia energética. Pero, ¿qué ventajas aportará este tipo de tecnología al consumidor? Instaladores y consumidores no se ponen del todo de acuerdo.

Desde instaladores como Remica, su presidente José Porras defienden que los contadores o repartidores de costes suponen «una mejora del confort y un ahorro importantes».En concreto, según estimaciones del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), los ahorros energéticos son superiores al 20%.

En este sentido, Porras, ha advertido que «no sólo vale con el contador». Por lo que recomienda la instalación de válvulas termostáticas en cada habitación de la vivienda: «Se necesitan ambas cosas, ya que con la válvula regulamos la temperatura del radiador cuyo gasto mide el contador», subraya el máximo responsable de Remica que instala ambas tecnologías en 2.000 viviendas anuales en Madrid.

Al respecto, añade que las bombas de las calderas comunitarias también hay que cambiarlas para evitar «ruidos molestos»y calcula una inversión de entre 40 y 50 euros por radiador de media. «Por ejemplo, si una vivienda cuenta con siete radiadores e incluimos los repartidores, las válvulas o la parte proporcional del cambio de bombas, estaríamos en unos 350 euros», explica Porras quien calcula un ahorro de hasta el 25% anual amortizables en menos de dos años de media. «Desde el minuto uno, la gente puede empezar a ahorrar», concluye. También la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia), coincide en hablar de ahorros superiores al 20% desde el primer año. Sin embargo, la directora general de Agremia Inma Peiró, advierte de la necesidad de un «periodo de transición» para la instalación de los contadores y, de esta forma, «evitar la especulación».

Sólo el 1,5% de las viviendas

Por este motivo, ha recordado que su implantación debería haber tenido lugar antes de finalizar 2016 y aclara que sólo el 1,5% de las viviendas en España cuentan con este tipo de contadores (180.000). En opinión de Rafael Hernández, profesor de la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), el objetivo final es que «los edificios pasen de ser consumidores de energía a captarla para consumo o reserva: este va a ser el gran cambio del primer cuarto del siglo». Para ese experto, la tecnología actual permite «más precisión en el suministro de energía».

Menos entusiasmados se muestran desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid y entidades como Facua o Asgeco. En concreto, la presidenta de CAFMadridManuela Martínez Torres constata que «el 70% de los edificios de la Comunidad de Madrid no tienen estos sistemas» y advierte que unas bombas nuevas , por ejemplo, costarían unos 2.000 euros. «Hay válvulas termostáticas desde 30 euros hasta de 90 euros», añade Martínez quien calcula una inversión de entre 800 y 900 euros por vivienda sumada la parte comunitaria. En este sentido, para la presidenta de CAFMadrid el mayor temor son los costes derivados (lectura, mantenimiento) que cifra en 46 euros anuales por vivienda. En este sentido, coincide con Agremia en la necesidad de de una transición. Además de proponer que «un organismo oficial certifique la instalación» o que se tenga en cuenta la calificación energética a la hora de repartir gastos.

Al respecto, Hernández (UCJC) se ha felicitado de que «por fin el ciudadano sea el centro» de este tipo de políticas y ha lamentado que en muchas ocasiones «la acción haya ido por detrás de la normativa» y ha exigido «muchas más ayudas de la administración» (impuestos, ayudas, incentivos...) y que sea ejemplarizante incorporando tecnologías como esta en sus sedes oficiales. En este sentido, ha pedido superar cierto complejo hacia la colaboración público - privado.

Dudas de los consumidores

Desde Asgeco (Asociación General de Consumidores) su portavoz Jean Bernard Audureau se muestra de acuerdo con la idea de la eficiencia energética, pero advierte sobre la puesta en marcha del sistema de medición, y muestra su temor con el tratamiento de datos e insta a que «la factura final sea entendible». En este sentido, muestra su temor a que se produzcan «reclamaciones por prácticas desleales».

Por su parte, Miguel Ángel Serrano (Facua) se pregunta «cómo va a repercutir este coste en los ciudadanos», especialmente los más vulnerables. Y se muestra «receloso» sobre cómo va a trasponer el Gobierno el concepto general de «precios competitivos» . Serrano coincide con Asgeco en que la factura debe ser «lo más clara posible, para una mayor defensa de los derechos de los consumidores».