Abuso de temporalidad y la brecha salarial centrarán las prioridades de la Inspección de Trabajo
El plan prestará también especial atención a la contratación a tiempo parcial y a los contratos formativos
El control de la contratación temporal injustificada y de la brecha salarial entre hombres y mujeres estarán entre las prioridades del plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, aprobado por el Consejo de Ministros. El plan prestará también especial atención a la contratación a tiempo parcial y a los contratos formativos , en tanto que para asegurar el cumplimiento de las normas de igualdad y no discriminación por género se lanzarán campañas específicas y se potenciará la supervisión de la negociación colectiva para evitar cláusulas discriminatorias.
Asimismo incluye el refuerzo del control de horas trabajadas y del tiempo de trabajo , de las actuaciones en relación con subcontratas y empresas multiservicio, y la puesta en marcha de nuevas unidades de inspección especializadas en prevención de riesgos laborales.
Está línea de actuación se incluye después de que ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometiera con representantes de la asociación Las Kellys (camareras de piso de hotel) a promover medidas para mejorar sus condiciones laborales.
El plan incluye además la supervisión de la economía de plataformas y actuaciones específicas en relación con falsos autónomos , becarios y prácticas no laborales, y formación para el empleo.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde también al real decreto por el que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (actualmente Dirección General) pasará a convertirse en un organismo autónomo de nueva creación , con el objetivo de darle una estructura administrativa mejor organizada y más directamente relacionada con las autonomías e interlocutores sociales.
En rueda de prensa, el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha explicado que el nuevo plan estratégico sustituye al que estaba en vigor desde 2012 que ha tenido un impacto económico global estimado de 21.198 millones de euros.
Desde 2012 y hasta el pasado mes de febrero de 2018 han aflorado 519.056 empleos irregulares, se han detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real -creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones- y se ha logrado la conversión de más de 359.191 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos.
Como consecuencia de las ofertas públicas de empleo en marcha, desde 2012 se habrán incorporado hasta 845 nuevos inspectores y subinspectores a la plantilla de la Inspección de Trabajo.
El nuevo organismo integrará a todo el personal que hasta ahora presta servicios en la dirección general y que son unos 3.000 empleados públicos entre inspectores, subinspectores y personal de apoyo, ha informado el Ministerio de Empleo.
Asimismo, estará desplegado en las 17 comunidades autónomas, en todas las provincias españolas, y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
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