El Gobierno regula el autoconsumo eléctrico y penaliza su conexión a la red

La norma, que no recoge ninguna de las principales alegaciones recibidas y que sumaron más de 40.000 , distingue entre el autoconsumo que no está conectado a la red eléctrica y el que sí que lo está.

En el primer caso, se trata habitualmente de viviendas unifamiliares y segundas residencias, las cuales, gastan toda la electricidad que producen y cuando no la generan (por una avería o porque no hace sol o viento) utilizan temporalmente una batería.

Estas instalaciones están exentas de pagar los impuestos y costes del sistema a los que tienen que hacer frente cualquier consumidor en la actualidad. Así, se ahorran el término energía de la factura, el impuesto especial sobre la electricidad (establecido por el primer Gobierno de José María Aznar), los peajes de transporte y distribución, los sobrecostes insulares , las primas a las renovables, los pagos por capacidad, etc... Es decir, todos los costes incluidos en el «cajón de sastre» que es el recibo de la luz.

La polémica y las críticas de la mayoría de los partidos de la oposición, las empresas de renovables , asociaciones de consumidores, organizaciones ecologistas y sindicatos se centran en la otra modalidad que prevé el real decreto: el autoconsumo conectado a la red eléctrica. Tanto el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, como las compañías eléctricas entienden que «es de justicia» que los usuarios acogidos al autoconsumo y que viertan a la red la energía sobrante asuman la parte correspondiente de todos los costes del sistema antes mencionados y de los impuestos correspondientes . «Si no fuera así, esos costes (unos 10.000 millones de euros al año) deberían repartirse entre el resto de consumidores que no tienen autoconsumo, por lo que se encarecerían sus facturas actuales». Además, « los costes del sistema nada tienen que ver con el hecho de que se esté autoconsumiendo o no ».

Soria subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Consejo de Estado ha refrendado el contenido del real decreto y que era acorde al marco legal vigente.

La nueva normativa exime de estos costes a los pequeños consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios (kV) y a las instalaciones insulares (Baleares y Canarias).

Asimismo, hace una distinción, dentro del autoconsumo conectado a la red, entre las potencias de hasta 100 kV y las superiores . En el primer caso, los productores-consumidores podrán verter a la red eléctrica el sobrante de energía, pero no recibirán nada a cambio. En el segundo caso, les será comprada la electricidad al precio horario que exista en ese momento , según apuntó ayer el ministro.

Además, quienes viertan energía al sistema eléctrico deberán estar inscritos en el registro de productores «para que el operador del sistema y las compañías distribuidoras puedan conocer las instalaciones de generación que existen y garantizar así la correcta operación del sistema en condiciones de seguridad», subraya Industria.

Una de las críticas generalizadas es que el real decreto no contempla el denominado balance neto, característica que existe en la mayoría de países con autoconsumo y que compensa el vertido gratis de electricidad al sistema con la energía que recibe de la red ese consumidor cuando la necesita. Es decir, «la energía que envío al sistema por la que recibo».

Esta norma es una de las que más contestación ha recibido. Incluso, desde primeras horas de la mañana, horas antes de que el Consejo de Ministros le aprobara, varias asociaciones y partidos ya habían mostrado sus críticas.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) denunció que el real decreto «está ideado para impedir» su desarrollo en España, «en vez de para su fomento», y lamentó que no se considere el balance neto, «la modalidad más extendida en el mundo» . La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) considera que «frena el desarrollo de la autoproducción de energía en lugar de promoverlo, yendo en dirección contraria a lo que marca la Comisión Europea» y supone «no sólo mantener el conocido como "impuesto al sol ", sino ampliarlo». En un comunicado, la asociación señala que se penaliza su uso al imponer el pago de unos costes fijos a todas las instalaciones en función de su potencia y añadir además unos costes variables en función de la energía autoconsumida.

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) calificó la normativa de «esperpéntica» por haberse aprobado «sin consenso político ni territorial, sobre argumentos falaces y sin la legitimación social exigible» . Además, considera que el autoconsumo «aportaría ventajas competitivas inmediatas para las empresas española, empleo y riqueza, así como una mayor renta disponible para el ciudadano que optara por esta modalidad» de suministro eléctrico. La Asociación General de Consumidores (Asgeco) cree que el Gobierno incurre «en una gravísima irresponsabilidad social y ambiental» con la aprobación de un real decreto de autoconsumo «restrictivo».

La principales organizaciones ecologistas calificaron como «absolutamente inaceptable» el decreto y coinciden en afirmar que se ha «primado el interés de las grandes empresas frente al general».

Por su parte, el PSOE afirmó que el decreto « contraviene las recomendaciones de la Unión Europea».