Economía

Rato declara ante el juez por blanqueo de capitales, corrupción y delitos fiscales

La investigación ha cercado al círculo cercano al exministro: están imputados su secretaria y el testaferro de su familia

Un grupo de preferentistas protesta ante los juzgados de Plaza de Castilla
Un grupo de preferentistas protesta ante los juzgados de Plaza de Castilla - efe

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha declarado durante tres horas ante el juez Antonio Serrano-Arnal. En las puertas del tribunal, una veintena de preferentistas se ha congregado para esperar al exdirector gerente del FMI profiriendo gritos de «Rato, ratero, igual que tu padre, igual que tu abuelo» mientras muestran pancartas en las que se puede leer «Blesa y Rato a prisión» o «Han saqueado este país».

El juez de instrucción número 31 de Madrid le citó la semana pasada después de que la investigación sobre el patrimonio de Rato acelerara de golpe y estrechara el cerco a todo el círculo cercano del exministro de Economía. Además de Rato, están imputados su secretaria personal, el testaferro tradicional de su familia y un socio habitual de sus negocios, así como otro empresario y cuatro personas ligadas a dos firmas publicitarias. Todos por los supuestos delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública y corrupción entre particulares.

El juez sospecha que el exvicepresidente del Gobierno favoreció a dos empresas de publicidad (Zenith y Publicis) cuando estaba al frente de Bankia a cambio de recibir después jugosas comisiones. Estas firmas premiaron las adjudicaciones pagando comisiones cercanas a 800.000 euros a la compañía Albinsa, controlada por el empresario encarcelado Alberto Portuondo. Los investigadores sospechan que esta compañía, dedicada a conseguir clientes, era una sociedad pantalla que recaudó las comisiones para Rato.

Albinsa desvió unos 450.000 euros, a razón de unos 40.000 euros al mes, a la empresa Kradonara, una sociedad creada en Cádiz de la que es propietario Rato a través de otra empresa. En este círculo de favores consistiría el supuesto delito de corrupción entre particulares, uno de los que atribuyen a los 9 implicados.

Hay más. Kradonara, el eje central del supuesto esquema criminal, derivaba a su vez el dinero (los 450.000 euros que recibió de Albinsa, entre otras cantidades) a la sociedad alemana Bagerpleta GMBH, que se dedica a la explotación de un hotel en Berlín y de la que Rato es propietario aproximadamente en un 50%.

La Guardia Civil aprecia indicios de que otras compañías del ámbito del exvicepresidente del Gobierno estarían también enviando dinero a la sociedad alemana a través de Vivaway, la empresa propietaria de la española Kradonara: una firma de Reino Unido de la que Rato es el beneficiario último y que es administrada además desde el paraíso fiscal de la isla de Gernsey. Entre esos envíos estarían los ingresos que Rato habría defraudado a Hacienda por lo ganado al asistir a cursos e impartir conferencias, según sospecha la Oficina Antifraude (Onif). Este viaje internacional del dinero de origen supuestamente ilícito supondría así la comisión de un delito de blanqueo de capitales.

El exvicepresidente del Gobierno también está acusado de defraudar a Hacienda en el manejo de su fortuna. Entre otras partidas, los investigadores han detectado que la empresa Kradonara habría recibido unos 6,5 millones de euros procedentes del extranjero de origen desconocido «y sin que Rodrigo Rato ni sus empresas hayan tributado por ello». Estos pagos fueron recibidos entre 2012, 2013 y 2014. Casualmente, esta compañía, que fue constituida por el también imputado y Domingo Plaza, tuvo una actividad muy escasa desde que nació en 2001 hasta 2011, cuando viró para prestar servicios de consultoría. Rato, quien era presidente de Caja Madrid desde enero de 2010, asumió precisamente el mando de Bankia en diciembre de 2010.

La competencia de esta causa sigue en el aire entre dos tribunales, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el conflicto. El juez de Madrid considera que la Audiencia Nacional debe asumir el caso al haber indicios de un delito de blanqueo cometido, al menos en parte, en el extranjero. El juez Fernando Andreu, sin embargo, rechazó la instrucción al considerar que el delito se cometió desde España.

Este juez ya investiga a Rato por su responsabilidad en las supuestas irregularidades cometidas en la salida a Bolsa de Bankia y por las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, con las que 82 ex altos cargos derrocharon 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012. La Justicia ha embargado al exvicepresidente todos sus bienes, incluida la pensión vitalicia que recibía como ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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