Rato se niega a declarar hasta conocer el informe de Hacienda

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El que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha querido responder a las preguntas del magistrado hasta conocer el contenido de un nuevo informe que prepara la ONIF tras analizar la documentación intervenida, han informado fuentes jurídicas. La Fiscalía le acusa únicamente de los delitos fiscales y el blanqueo.

Rato, que se ha mostrado dispuesto a colaborar con la Justicia, volverá a comparecer cuando el citado informe esté terminado, han agregado las mismas fuentes.

Un primer informe la ONIF desencadenó hace tres meses una denuncia de la Fiscalía de Madrid ante los juzgados de guardia de Plaza Castilla y la detención durante ocho horas del que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras agentes de Vigilancia Aduanera registraba su domicilio y su oficina en una céntrica calle del barrio Salamanca de Madrid. En este plazo, el juez el que finalmente recayó la causa, Antonio Serrano-Artal y la Fiscalía Anticorrupción -a la que se encargó su tramitación- han repasado los cerca de 40.000 documentos incautados en la operación.

Los indicios han conducido a que el Ministerio Público descarte la comisión por parte de Rato de un alzamiento de bienes -supuestamente cometido para eludir el pago de las fianzas que se le reclaman en la Audiencia Nacional- y a que ponga en duda el blanqueo de capitales. El juez señaló en un auto dictado el pasado 1 de julio que por el momento únicamente ve "perfilado" el delito fiscal.

En su informe, la ONIF relataba sus sospechas de que Rato había incurrido en diversos fraudes a la Hacienda Pública ante el impago de varias cuotas de IRPF y el Impuesto de Sociedades superiores a los 120.000 euros que establece la ley para que sea un delito fiscal.

Además, los inspectores, que le atribuían un patrimonio de 26,6 millones, señalaban que él y sus sociedades tenían "un elevado tráfico financiero" con paraísos fiscales, poniendo el foco en las mercantiles gibraltareñas Lilac y Vivaway. Hacienda concluía que el clan de los Rato participaba "en los más variados sectores declarados de actividad empresarial" a través de un entramado de "muy baja tributación".

A ello se unía la "profusa" utilización de sociedades extranjeras y "el tráfico de divisas" por más de 12 millones con países o territorios que pueden considerarse de riesgo fiscal medio o alto", como Gibraltar, Holanda, Estados Unidos, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Dominica, Suazilandia, etc". Con ellas, "posiblemente" intentó dar "opacidad formal a su accionariado", ocultando formalmente la titularidad, y que se destapó una vez el ex director gerente del FMI se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno en 2012 y realizó la declaración de bienes y derechos en el extranjero un año después.

La ONIF también mencionaba la donación a sus hijos en julio de 2013 de sus participaciones de las sociedades Aurosur, Rodanman Gestión, Explotaciones Carabaña y Rafi por valor de 2,6 millones, que después recompró mediante ampliaciones de capital utilizando la sociedad Kradonara. Un año después vendió sus participaciones en Kradonara a Vivaway, que pasó a ser su socio único. Todas estos motivos llevaron a la Oficina Antifraude a pedir la detención del exbanquero, que se produjo mientras asistía al registro de su domicilio, al que siguió poco después, aunque ya en libertad, el de su despacho.

Un informe del que la inspectora jefe de ese departamento, Margarita García Valdecasas, se desvinculó ayer en su testifical ante el magistrado, al que aseguró que se trataba de una "denuncia temprana por posibles riesgos" que no podía ratificar, puesto que ella no había sido la autora. Por el momento, Rodrigo Rato tiene todas sus cuentas y patrimonio embargado por orden del juez, que el pasado mayo le fijó una fianza de 18 millones de euros para levantar esa medida cautelar.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado en un auto conocido ayer esa decisión, al considerar que existen "datos suficientes" de que Rato pudo cometer uno o varios delitos fiscales y blanqueo. En su resolución, el tribunal madrileño recuerda que ya la Fiscalía Anticorrupción descartó el de alzamiento, por lo que estima que la cantidad fijada por el instructor fue "adecuada y razonable".