El asesor laboral de Novacaixagalicia defiende la legalidad de las prejubilaciones millonarias en plena crisis

En una declaración extensa y emocional, el abogado ha explicado que su labor se limitó a adaptar los contratos de los altos directivos al plan de fusión de las entidades – Caixa Galicia y Caixanova se unieron para formar Novacaxigalicia — y que él solo supervisaba la corrección jurídica de los documentos que le enviaban, como las actas de la comisión de retribuciones o los borradores de los contratos. «Todo se ha hizo con pulcritud jurídica. Ir más allá es buscar tres patas al gato», ha dicho.

Aunque ha reconocido que entre los directivos de las cajas existía «inquietud» por su futuro en la nueva entidad resultante, Pradas ha insistido en que a él la entidad solo le cuestionó si los altos cargos podrían ejercer el desistimiento que les otorgaba el derecho a las jugosas prejubilaciones en la nueva coyuntura. «Sigo defendiendo que esas liquidaciones por prejubilación no son claúsulas de blindaje. Si esto me lleva a una condena, que baje Dios y lo vea», ha declarado rotundo.

Según Pradas, el hecho de que los directivos cobraran las cantidades de golpe —7,7 millones de euros, José Luis Pego; 691.261 euros, Óscar Rodríguez Estrada; 4,8 millones, Gregorio Gorriarán; y 5,65, Francisco Javier García de Paredes— es una fórmula que permite el Derecho Laboral, igual que distribuirlo en una renta mensual o diferida, hasta el límite legal de la prejubilación.

Las condiciones de la prejubilación, amparada legalmente por la conversión de las cajas en banco que sucedió formalmente en julio de 2011, venían de los contratos anteriores de los directivos, ha expuesto el asesor, quien ha dejado claro que él no tuvo ningún conocimiento de las cantidades. «Ni de los contratos ni de las liquidaciones de las prejubilaciones», ha asegurado Pradas.

En este juicio, que se reanudará mañana a las diez de la mañana, la Audiencia Nacional juzga la adjudicación de más de 18 millones en prejubilaciones millonarias por cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia, quienes contaron con la cooperación necesaria del abogado Pradas y del expresidente de la entidad Julio Fernández Gayoso. La Fiscalía solicita para todos ellos una pena de tres años de prisión por los supuestos delitos de administración desleal y apropiación indebida .

Según el escrito de acusación del fiscal, los banqueros modificaron sus contratos ante la inminente «bancarización» de las cajas, ocultándolo al consejo de administración y la comisión de retribuciones de la entidad. Este supuesto plan se llevó a cabo en un momento crítico de las entidades, cuando estaban a punto de ser rescatadas por el FROB, que tuvo que inyectarlas unos 9.000 millones de euros.