Las autonomías mantienen en nómina a casi 10.000 liberados

El tiempo no pasa para la maraña de liberados sindicales que tienen en nómina las autonomías, trabajadores que no desempeñan la labor para la que fueron contratados y se dedican, amparados por la ley, sólo a las tareas sindicales . Tres años después de que el Gobierno anunciara su «cruzada» particular contra esta figura, las autonomías mantienen casi intactas las estructuras: casi 10.000 liberados. Una cifra aproximada, teniendo en cuenta que adentrarse en este mundo sindical es complejo. Cuando se buscan respuestas es difícil encontrarlas, lo que no ayuda a diluir la «mala prensa» que tienen los liberados , más ahora cuando el trabajo a realizar se multiplica y las exigencias de productividad a los trabajadores son cada vez más elevadas en las empresas.

La crudeza de la crisis hizo que la Administración y las regiones abanderadas por Madrid redujeran sus liberados en 2013. La Administración fue la primera en aplicar su medicina y redujo en un 70% sus liberados, que pasaron de 1.260 a 400. Las regiones hicieron lo propio y los recortaron en casi 3.800 hasta dejarlos en algo más de 9.500. Una cifra que se ha mantenido estable desde entonces. Una maraña de efectivos que las centrales sindicales han ido tejiendo en los últimos años con la firma de acuerdos y convenios con las diferentes administraciones, dando lugar a un progresivo aumento de su número y de los créditos horarios.

Hace dos años la Junta de Andalucía, en línea con el resto de regiones españolas, redujo su número de liberados, lo hizo en 67. Según fuentes consultadas por ABC, hoy mantiene a más de 3.700 liberados, lo que sitúa a la comunidad que preside Susana Díaz en el primer puesto entre las regiones españolas.

Si en la Administración hay una aproximación sobre los liberados que tienen los sindicatos, buscar respuestas en la empresa privada es todo un reto. Los que tienen que afrontar los gastos, que son las empresas, son los únicos que han realizado algunos estudios sobre los liberados. Un informe de la CEOE cifraba hace unos años su número en el sector privado en 4.127, y su coste anual salarial «asciende a más de 250 millones anuales, sin contar el coste de reposición y/o la productividad asociada», precisaba. De aquellos datos se desprendía que en España hay 290.828 delegados en las empresas privadas.

La ley permite a los delegados sindicales agrupar sus horas sindicales con las de otros delegados, siempre que sean del mismo sindicato, para liberar a uno de ellos y que se dedique sólo a defender los derechos de los trabajadores. Los liberados tienen derecho a que se les guarde la plaza, y su control recae en los propios sindicatos. No pueden ser despedidos ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni en el año siguiente a la expiración de su mandato.