Del perdón fiscal a cambio de comprar deuda pública, a la amnistía «bajo lupa»

Varios de los procesos de regularización fiscal se aprobaron en época de vacas flacas para las arcas públicas. La amnistía fiscal de 1991 permitió aflorar rendimientos ocultos a cambio de la compra de deuda pública en un momento en que el déficit de las administraciones superaba el 4% del PIB. «Actuábamos como vendedores de deuda pública», recuerda un inspector de Hacienda en activo entonces que prefiere mantener el anonimato. El «perdonado» además percibía un rendimiento del 2% –inferior a la inflación de entonces– por los títulos del Tesoro y estaba exento de tributar en Patrimonio, Sociedades o IRPF. La identidad de los titulares era confidencial hasta la amortización de los pagarés, seis años después. De esta forma, una vez que se levantaba el anonimato, el delito fiscal ya había prescrito.

Como señala este inspector, los datos fiscales no pasaban a la Agencia Tributaria –que se creó en 1992– o al Ministerio de Hacienda, sino que los almacenaba el Banco de España. Por tanto, no había posibilidad de investigación alguna.

Además de esta fórmula, también se abrió la posibilidad de presentar declaraciones complementarias eliminando sanciones e intereses.

Veinte años después, la amnistía fiscal de 2012 permitió regularizar patrimonio oculto a cambio de un gravamen del 10% –frente al 20% ordinario–, siguiendo las indicaciones de la OCDE. Sin embargo, este tipo se fijaba sobre los rendimientos de ejercicios no prescritos, es decir, de hasta tres años anteriores a la regularización. Ello provocó que la recaudación final fuera sólo del 3% del patrimonio que afloró.

En esta ocasión la Agencia Tributaria sí ha investigado el origen de los fondos regularizados, de forma que la amnistía exime del delito fiscal pero no del blanqueo de capitales y otras irregularidades.

Cuando el Gobierno aprobó la amnistía fiscal en abril de 2012 aseguró que se impediría regularizar dinero con origen ilícito. No obstante, la incertidumbre sobre qué haría Hacienda con los datos de los acogidos a la amnistía y las escasas declaraciones tributarias especiales que se presentaron motivaron que en junio de ese mismo año, la Dirección General de Tributos emitiera un informe ambiguo sobre si se inspeccionaría a los acogidos. En el documento se decía «que no resultará procedente la comprobación aislada de la declaración tributaria» de la amnistía, lo que animó a muchos a acogerse a la regularización que concluyó en noviembre.

Sin embargo, en el plan de control de 2013 que fija las actuaciones de la Agencia Tributaria, publicado sólo cinco meses después, ya se especifica que Hacienda investigaría la información recibida a través de la amnistía fiscal.

«La Agencia Tributaria analizará si los contribuyentes que se han acogido a procesos de regularización voluntaria de su situación tributaria, ya sean estos ordinarios o extraordinarios, se han ajustado a la finalidad prevista en la normativa», detallaba.

Estos planes se han materializado en nombres . En la actualidad, la Agencia Tributaria investiga a través de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude a 715 acogidos a la amnistía fiscal que han estado vinculados con el sector público. Sobre ellos pesan sospechas de blanqueo de capitales .

Tanto en la de Solchaga como en la última amnistía la recaudación fue menor a lo esperado. En 1991 afloraron 724.917 millones de pesetas: unos 10.367 millones de euros. A cambio, las arcas públicas se embolsaron de manera fraccionada 53.907 millones de pesetas –unos 354 millones de euros–.

«La amnistía no tuvo ningún efecto sobre la recaudación tributaria, ni a corto ni a largo plazo», afirma al respecto un estudio sobre el proceso de los profesores Julio López-Laborda y Fernando Rodrigo. La recaudación tampoco fue la prevista en 2012, cuando afloraron unos 40.000 millones de los que el Estado ingresó 1.200, por debajo de los 2.500 millones previstos.

Como suele ser usual en las amnistías, tras los periodos de regularización de 1991 y 2012 se endurecieron las leyes de lucha contra el fraude, lo que supuso un incentivo a los defraudadores para aflorar su patrimonio.

No fue así en el proceso de regularización aprobado en 1984 por el ministro de Economía Miguel Boyer. Entonces el Estado puso en circulación desde 1985 pagarés opacos del Tesoro que permitían regularizar dinero negro sin investigación ni retención alguna. Los títulos se anunciaban en prensa con el siguiente eslogan: «Su inversión más ágil. Sin retenciones». Posteriormente los pagarés Borrell –llamados así por el secretario de Estado de Hacienda de entonces, José Borrell–, se pudieron cambiar por deuda pública en la amnistía de 1991. Hasta 1990 había 18.030 millones de euros colocados en estos títulos.

Tanto la amnistía de Boyer como la de Solchaga recibieron las críticas de Rodrigo Rato, entonces en la oposición del PP. «Permitir periódicamente que la gente saque un trocito de su dinero negro y se ponga a bien con Hacienda me parece que transmite a la sociedad una sensación de falta de seriedad», afirmó ya como ministro en una entrevista a ABC en 1997.

Más atrás en el tiempo, en 1977 se perdonaron las cuotas pendientes del IRPF y del Impuesto de Sociedades. Los acogidos no tuvieron que hacer frente a sanciones, recargos ni a intereses de demora. A cambio, el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó medidas de control como la introducción del delito fiscal en el Código Penal, la eliminación del secreto bancario y aumentó los medios contra el fraude.

Sin suponer una amnistía fiscal como tal, en 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, también «perdonó» a los 659 evasores con cuentas en la filial suiza del banco HSBC que aparecían entre los datos que robó el informático de la entidad, Hervé Falciani. Entonces Hacienda envió una carta a los defraudadores para que regularizaran su situación a cambio de una multa. Fue el caso en su día del expresidente de Banco Santander, Emilio Botín. En total el Fisco recaudó 250 millones. El PP criticó en su momento este proceso y lo tildó de «amnistía fiscal encubierta».