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Cuando lo gratis sale caro

El Gobierno se enroca en la gratuidad total del Registro Civil para no seguir negociando y piensa ya en su plan B: prorrogar la ley de 2011

Cuando lo gratis sale caro ignacio gil

maría jesús pérez

Que lo barato sale caro es un viejo dicho popular referido a tres tipos de soluciones tomadas por las personas: a las momentáneas (transformadas luego en eternas); a las mal hechas (que, por desgracia, se institucionalizan como forma de hacer las cosas); o a las emergentes (las que por su necesidad se hacen desconociendo sus consecuencias). Ahora bien, también cabría añadir una cuarta: soluciones tomadas con la mejor intención solidaria en las que la gratuidad (extremo último de lo barato) al final acaba en abuso, y, por tanto, sale caro para el que lo soporta de buena fe. Un dicho, en definitiva, que en cualquiera de estas acepciones, o incluso juntándolas todas, viene al pelo para explicar la situación que rodea, y podría rodear, al Registro Civil español . Una institución que hoy, por decreto, está en manos de los registradores... Bueno no, aún no. A partir del próximo mes de julio.

El asunto es que el Registro Civil, que ya empezaba a considerarse una carga excesiva para las arcas públicas , se ha convertido en la patata caliente de muchos titulares de Justicia en este país. Su anterior inquilino, Alberto Ruiz-Gallardón, nada más llegar al cargo, se planteó que quizás lo mejor era apartar los registros civiles de su Ministerio. ¿E ir a parar a manos de quién? En un principio se pensó en los funcionarios o secretarios de la Administración local. El problema, según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, era que para llevarla a la práctica sería necesario convocar más plazas para aumentar el número de empleados públicos. Algo del todo imposible porque chocaría frontalmente con la austeridad presupuestaria impuesta por el Gobierno actual.

La opción dos de Gallardón, a pesar de voces discordantes (notarios, secretarios judiciales y todas las asociaciones de jueces... ¡incluso los propios elegidos!) pasaba por «traspasar» los registros civiles al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, una institución con prestigio reconocido que traspasa nuestras fronteras, de las más eficientes del mundo con los menores costes. Un ejemplo que muchos otros países, incluso Estados Unidos, querrían seguir. Un movimiento que además lograría los objetivos que perseguiría la ansiada reforma: desatascar los juzgados -cuyos ejemplos de colapso quedan patentes en las largas colas que se acumulan en las puertas de estos centros, con citas concertadas ya incluso para 2019- y ahorrar unos 450 millones de euros al Estado. ¡Eureka! Sí, bien, pero los afectados no parecen estar muy por la labor de asumir estas responsabilidades... y, sobre todo, sus cargas.

Entonces muchos pusieron el grito en el cielo (los socialistas los que más), argumentando que se trataba de una privatización, que comportaría despidos, o incluso se hablaba de ciertas prebendas políticas... Lo de siempre. Pero Gallardón, primero, y su sucesor, después, Rafael Catalá , salieron al paso con los mismos argumentos: compromiso de mantener el empleo existente, incluido el personal interino, dentro del territorio que es de su competencia. Y, además, y lo más importante para ganarse el apoyo popular, que seguirá siendo un servicio gratuito para los ciudadanos.

Vuelta a lo mismo, ¿y el Colegio de Registradores se «queda» con una gestión de un ente, sin cambio alguno en el modo de hacerlo más eficiente y llevadero financieramente hablando? ¿No supondrá un lastre para los Registros de la Propiedad y de lo Mercantil que tan eficientemente funcionan?Al final, lo gratis puede salir caro, pero se puede evitar si se deja en al menos «barato». De hecho, algunos cifran entre 60 y 70 millones de euros el coste de gestión del nuevo modelo de los registros civiles en manos de los Registradores si el Gobierno admite sus planteamientos. ¿Por qué entonces enrocarse en no escuchar? Desde el propio Colegio admiten mantener la gratuidad de determinados actos (inscripción de nacimientos y defunciones), pero que el usuario pague, por ejemplo, por el cambio de apellidos o separaciones, divorcios o capitulaciones matrimoniales... Pero ya no queda apenas tiempo para seguir negociando y sí mucho por hacer. Ya se habla de que el Gobierno, en año ampliamente electoral, no quiere ceder porque tiene un plan B: prorrogar la ley de 2011, y a esperar tiempos mejores, cuando quizás la patata caliente la tengan otros... O no.

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