La CNMC multa con 98 millones a 39 empresas por repartirse contratos de basuras

Su relevancia reside en el número de empresas implicadas, en el periodo de tiempo que se mantuvo, en el hecho de que se desarrolló en todo el territorio nacional y, sobre todo, en que afecta a un gran número de contratos públicos, lo que en última instancia repercute en los precios que los ciudadanos pagan como contribuyentes por los servicios, según explican fuentes de la CNMC.

En su resolución, la Comisión considera acreditado que los cuatro grandes grupos de construcción y servicios, las otras 35 compañías y las tres patronales multadas llevaron a cabo entre los años 2000 y 2013 una "práctica concertada global de reparto de mercado que integraron en su política comercial".

En concreto, estas empresas mantuvieron acuerdos por los que se repartían los contratos públicos de ayuntamientos o los boicoteaban, esto es, acordaban no presentarse si las condiciones "no se ajustaban a sus intereses". También se distribuían y se respetaban sus respectivos clientes, tanto públicos como privados, y se intercambiaban información "comercialmente sensible".

Las cuatro grandes compañías cotizadas y el grupo Saica copan casi el 75% del importe total de la sanción, dado que, en conjunto, sus multas suman 72 millones de euros. La CNMC ha impuesto a Urbaser, filial de servicios de ACS, una sanción de 23,28 millones de euros, a FCC de 16,88 millones, a Valoriza (Sacyr) de 15,29 millones, a Cespa (Ferrovial), de 13,61 millones, y a Saica, de 5,37 millones.

La sanción se ha determinado, además de con los parámetros fijados en la Ley y con un fin disuasorio, en función del beneficio ilícito obtenido con estas prácticas, según dichas fuentes, que no obstante reconocen que el "perjuicio económico causado seguramente ha sido superior".

El Ayuntamiento de Madrid figura como uno de los más afectados por el cártel de las empresas, si bien también actuó en contratos con el Ayuntamiento de Sevilla y de administraciones del País Vasco, Cataluña, Málaga y Ceuta, entre otras. Asimismo, varios de los contratos superan los 500 millones de euros.

Por sectores, el cártel afectó a tres actividades de servicios urbanos, la de gestión de residuos industriales, la de saneamiento urbano y la de recuperación de papel y cartón.

En saneamiento urbano, la CNMC ha acreditado acuerdos entre los cuatro grandes operadores (ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr), articulados a través de la patronal Aselip, para concurrir a contratos públicos en determinados lugares y para "boicotear" los que no se ajustaban a sus intereses no concurriendo a los mismos.

Entre estos pactos, el regulador señala al suscrito entre FCC y Urbaser (ACS) en 2009 para acudir juntos a todos los contratos que surgieran en el país para construcción y explotación de plantas de aprovechamiento energético de residuos.

También detecta que FCC, Ferrovial y ACS acordaron repartirse el contrato de limpieza viaria y jardinería del Ayuntamiento de Madrid, y que actuaron de forma conjunta ante el de residuos urbanos de la periferia de la capital. Asimismo, señala acuerdos de Urbaser (ACS) con varias firmas en el País Vasco, y de esta empresa y FCC en 2010 para pujar por todos los contratos de Málaga, Ceuta y Melilla.

El sector del papel y el cartón, sobresale entre los hechos acreditados el del concurso de venta de papel recuperado del Ayuntamiento de Madrid de 2000, en el que varias empresas se presentaron conjuntamente a través de la patronal Arema, lo que repercutió en unos menores ingresos a este Consistorio.

El organismo que preside José María Marín Quemada detectó la posible existencia de estos acuerdos a raíz de una investigación sobre gestión de residuos sanitarios en 2012.

En el marco de la instrucción, sus inspectores han recabado documentación y correos electrónicos en los que se prueba la existencia de contactos entre las empresas sobre la intención de presentarse o no a un contrato, o en la que se preguntan sobre si determinado cliente 'pertenece' a determinada empresa.

Durante la investigación, la CNMC no encontró ningún supuesto de delito penal que tuviera que ser trasladado a la Fiscalía, y tampoco empresa alguna que decidiera al programa de clemencia, por el que el regulador exime de multa a las firmas que colaboran con la investigación, según dichas fuentes.