Francia: El reino de las 35 horas, el cierre dominical y las trabas

Las empresas no lo tienen fácil en Francia ya que la legislación laboral tiene 3.371 páginas , casi cuatro veces más que en la vecina Alemania, todo un freno a la inversión extranjera y, en definitiva al crecimiento económico, lo que se empieza a reflejar ya en la economía, que creció tan solo cuatro décimas el año pasado y el paro sigue subiendo. Un síntoma inequívoco de que algo falla , en este caso el exceso de normas.

Todo ello sin olvidar la famosa jornada laboral de 35 horas, de la que disfrutan todos los trabajadores en el país vecino, haya crisis o no, suba el paro o no, o la prohibición de abrir las tiendas en domingo, todo un lastre para la actividad comercial y, en definitiva, para la economía que va en contra de lo que sucede en el resto de Europa. El Gobierno francés trabaja en un proyecto para permitir que las tiendas puedan abrir hasta 12 domingos al año aunque aún tiene que negociar con los sindicatos del comercio, con lo que no hay nada seguro.

Otro de los ejemplos prácticos de las rigideces de Francia y de las trabas es que el transporte de viajeros por carretera es prácticamente inexistente, con la excepción de los trayectos internacionales, en beneficio del tren. Una rémora más y buen ejemplo de la enorme intervención del Estado en la actividad empresarial.

Pero si hay un dato fiel reflejo del proteccionismo francés es la participación del Estado en las empresas con el argumento de que son estratégicas. La realidad es que el Estado galo tiene participaciones en 74 empresas francesas de todos los sectores por alrededor de 110.000 millones de euros. El Gobierno de François Hollande, presionado por la Comisión Europea y la obligatoriedad de reducir el déficit público hasta dejarlo por debajo del 3% del PIB, se plantea ahora reducirlas. El plan es que el Estado venda participaciones por hasta 10.000 millones de euros, de los que una parte se destinaría a reducir el abultado déficit público.

Entre las reformas que ha anunciado el Gobierno está liberalizar algunos sectores, como las farmacias o los notarios, de tal modo que en su capital puedan participar personas o sociedades ajenas a esas actividades, con el ánimo de que fluya más el capital financiero y haya menos compartimentos estancos cerrados al flujo financiero. También se trabaja en un plan para simplificar las condiciones de instalación y de traspaso de negocios, entre otros el de las farmacias, y hacer más transparentes las tarifas de profesiones reguladas, como los abogados, notarios o dentistas.

Pero junto a estos aires liberalizadores hay algunas sombras ya que, por ejemplo, en Francia hay un debate entre la clase política sobre si hay que nacionalizar o no las autopistas (todas privadas) o, por el contrario, ponerles un impuesto especial a sus elevados beneficios. El Gobierno de Hollande parece que se inclina más por aumentar la regulación de este sector.

Y por si todo lo anterior fuera poco, otro de los clásicos tabúes de la economía francesa es su generoso sistema de prestaciones por desempleo, en la línea del belga que se puede estar recibiendo durante años mientras se siga buscando activamente empleo, o el de las ayudas familiares, que hace que muchas familias francesas se decidan a tener el tercer hijo porque, en la práctica, el nivel de ayudas es tan elevado que casi paga los gastos de los dos primeros.