La Audiencia Nacional confirma la incorporación de los correos de Blesa al caso Bankia

La sala de lo penal, en un auto al que ha accedido ABC, rechaza los dos argumentos de Blesa. La resolución judicial afirma que, aunque la inclusión de los correos de Blesa fue declarada nula por la Audiencia Nacional al ser obtenidos de forma irregular por Elpidio Silva, la investigación podía llegar a ellos por otras vías legales.

La «teoría del fruto del árbol envenenado», según la cual una prueba es nula si se accede a ella de forma ilícita, no se aplica «de forma absoluta». Según el auto, «nadie hubiera impedido incorporar al presente procedimiento el material informático intervenido durante la investigación penal».

El juez Andreu acordó la incorporación de estos correos el pasado 17 de septiembre de 2014 a petición de una acusación particular. El magistrado limitó esta decisión a los correos electrónicos enviados y recibidos por Blesa en el año 2009 desde su cuenta corporativa en Caja Madrid y solo aquellos que intercambió con «los miembros de la comisión ejecutiva o del consejo de administración» de la entidad financiera. El magistrado, que rechazó una petición anterior de reclamar los correos por exhorto al Juzgado de Elpidio Silva, quien los obtuvo de forma irregular, los pidió a Bankia y su matriz BFA.

Al solicitar las comunicaciones de esa forma acotada y directa a Bankia y BFA, se entiende que es una «diligencia jurídica independiente», que pierde su conexión con el ilícito de origen. Los correos, que debían llegar «a la mayor brevedad posible», fueron examinados por el juez en presencia de Blesa.

Respecto al segundo argumento, la Audiencia Nacional considera que la inclusión de los correos es una diligencia «plenamente proporcional» y «necesaria» para la investigación en marcha. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la proporcionalidad de la medida —necesaria para vencer al derecho a la intimidad— se mide por la gravedad de la pena, la trascendencia y la repercusión social. En este caso, argumenta la Sala de lo Penal, «la repercusión y trascendencia social es más que evidente».

Estos correos electrónicos fueron solicitados por una acusación particular porque podrían contener pruebas que esclarezcan el proceso de venta de preferentes desde Caja Madrid, que está siendo investigado por un supuesto delito de estafa. Según la instrucción, la venta de preferentes pudo planificarse a propósito en un momento en el que la entidad atravesaba una mala situación financiera.