Renta básica: ¿Podemos, debemos?

Que el Estado pague una remuneración a cada ciudadano es un debate que lleva años en el ámbito académico y que va más allá de una mera cuestión de financiación. Ha saltado al plano político después de que Podemos lo incorporase en su programa para las Europeas, aunque luego ha matizado su implementación

Renta básica: ¿Podemos, debemos? afp

víctor ruiz de almirón

27/11/2014
Actualizado a las 09:45h.

¿Qué pasaría si todas las personas tuvieran un ingreso mensual asegurado? ¿Desincentivaría eso que muchas personas trabajasen? ¿reduciría la pobreza? ¿qué efecto tendría sobre los precios, los salarios y la actividad económica? La aplicación de una Renta Básica Universal (RBU) ha saltado al primer plano de la actualidad política desde que Podemos incorporó la propuesta en su programa para las Elecciones Europeas . ¿Sería posible aplicarlo en España? ¿Y sería deseable?

La propia formación liderada por Pablo Iglesias comienza ya a matizar su propuesta , algo que se hacía evidente desde que incorporó a los economistas Vicenç Navarro y Juan Torres López para elaborar un programa económico definitivo. Estos dos economistas se enmarcan claramente en la izquierda, pero nunca habían defendido esta propuesta. De hecho, en diciembre de 2013 Torres López publicaba un artículo en el que cuestionaba esta figura. Lo hacía a raíz del debate suscitado para implantarla por aquel entonces en Andalucía.«Yo defiendo que el Estado garantice que todos los ciudadanos sin excepción dispongan de ingresos suficientes para vivir con dignidad. Pero no creo que la mejor forma de lograrlo sea la renta básica porque desvincula derechos de obligaciones y supone tratar igual a los desiguales», escribía en su día Juan Torres López.

En su réplica, Torres López explicaba en esencia en lo que consiste la RBU: se trata de una renta que perciben todos los ciudadanos de un país por el mero hecho de serlo. Y es exactamente así como lo incorporaba así en el programa de Podemos. Los partidarios de su aplicación argumentan que serviría para reducir la pobreza, potenciaría el poder de negociación de los trabajadores, incrementaría el resto de salarios y eliminaría otros subsidios que llevan aparejados altas cotas de fraude y costes de inspección. Los contrarios a la medida se centran en primer lugar en el efecto desincentivador que tendría en muchas personas, que dejarían así de trabajar, y en el efecto pernicioso que eso tendría sobre la economía en su conjunto. Por otro lado cuestionan su universalidad, el hecho de entregar la misma cantidad a personas con situaciones económicas antagónicas. Y en esencia, la crítica fundamental radica en la imposibilidad para aplicarlo por el alto coste que supone para las arcas públicas.

« Una propuesta de renta básica universal no es viable si no se suprimen a todos los servicios del Estado del Bienestar o bien con una intervención radical del Estado en la economía. Esto último parece inviable en una democracia de corte liberal y cualquiera de las dos opciones representaría un cambio radical de modelo», explica Jorge Galindo, Investigador del departamento de Sociología de la Universidad de Ginebra y miembro de Politikon.

Galindo explica que el concepto de la RBU«es muy amplio, y por el momento Podemos no ha concretado su propuesta. Lo que nos consta es que parece ser que se van a mover más hacia la propuesta de un impuesto negativo sobre la renta, que está ligado a los ingresos de cada persona pero que no es universal». Y si algo tiene seguro es que Podemos no va a plantear la RBU como un sustitutivo al Estado de Bienestar.«Si en algo han concretado es en que la Sanidad y la Educación deben seguir siendo públicas».

¿Desincentiva el trabajo?

Daniel Raventós, profesor titular de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, es con toda seguridad una de las principales voces académicas que defienden la iniciativa. Su principal argumento respecto a que esta renta no desincentivaría el trabajo es el hecho de que, al contrario que otros subsidios, no está condicionada a no tener trabajo.

El director del instituto Juan de Mariana, Juan Ramón Rallo, cree que el problema no radica exactamente en si se deja o no de trabajar. «Un subsidio que se te da por no trabajar si desincentiva que se busque empleo. En el caso de la RBU el problema no es que caería la cantidad del trabajo, sino la calidad del trabajo. Ese es el gran problema, no dejar de trabajar, porque no creo que ese sea el planteamiento vital de casi nadie». Rallo considera que lo que sucedería es que sí dejarían de trabajar en actividades que valoran los demás y lo harían en las que valoran ellos. Rompiendo así el principio de productor especializado y consumidor generalizado.

Rallo se muestra contrario a la RBU, «porque sería financieramente devastadora si lo planteamos como complemento al Estado del Bienestar actual ».Bastantes liberales sí han apoyado el impuesto negativo sobre la renta suprimiendo el resto de servicios públicos. «No lo plantean como el escenario ideal, sino como lo menos malo», matiza Rallo, que no obstante explica que plantear la introducción de una RBU a cambio de privatizar servicios como sanidad o educación sí lo haría viable financieramente. Aunque tampoco se muestra partidario de ello.«No es muy pragmático, se trata de un cambio muy radical». «Una renta básica estricta es insolidaria porque rompen los lazos de reciprocidad en la colaboración humana. Significa generalizar el expolio y el parasitismo. No es lo mismo ayudar al que no tiene medios que consolidar y generalizar ese hecho», sentencia Rallo.

En ese punto se enlaza con uno de los debates originales sobre la renta básica, y en el que participaron Philippe Van Parijs, economista belga y una de las principales referencias mundiales en defensa de la RBU y el filósofo John Rawls. Se trata del famoso asunto del surfista de Malibú, que no es otra cosa que preguntarse si es legítimo pagar una renta incondicional a una persona que no trabaja ni tiene intención de hacerlo. Mientras Rawls se hacía esa pregunta, Van Parijs respondía que no se trataba de privilegiar a los surfistas, entendiendo que hace falta mucho más que una modesta renta básica para vivir en Malibú, «sino de crear un instrumento de emancipación, de conferir un poder de negociación tan grande como sea posible a los miembros más débiles, más vulnerables de nuestras sociedades». Rawls en cambio decía estar a favor de una RBU solo si no existiese la manera de proporcionar trabajo a todo el mundo. Es decir, sus tesis defendían destinar los recursos a iniciativas que fomentásen el empleo.

Una postura más parecida a la que en este caso defiende Jorge Galindo para el caso concreto de nuestro país. «Sinceramente, con un 25% de paro yo priorizaría otras cosas . Hay que pensar en cómo acabar con ese paro estructural que nos encontramos, y que seguiremos teniendo en cinco años aunque crezcamos ya con más fuerza. Hay que hacer más hincapié en mejorar la gestión del desempleo, más formación, y si es necesario dar más dinero a los parados».

El miembro de Politikon cree que la RBU«es un debate mucho más complejo. ¿Cuál es la naturaleza del trabajo? ¿Por qué trabajamos? Si fuésemos lo suficientemente productivos como para trabajar todos dos horas, ¿cuál sería el problema de la renta básica?» Galindo sí cree que una RBU puede desincentivar el trabajo:«si tú tienes el equivalente a seis horas de trabajo asegurado por el Estado, el efecto esperado es menos trabajo. Una renta básica estricta sí puede desincentivar al trabajo, un impuesto negativo sobre la renta no lo hace». El también miembro de Politikon, Roger Senserrich explicaba en un artículo, en el que glosaba varias políticas para distribuir la renta, en qué consistía el impuesto negativo sobre la renta y en el que limitaba este concepto a las personas que estuviesen trabajando . Se refiere a ésta figura como crédito sobre rentas del trabajo: «La idea es bastante simple: cualquier persona, por el mero hecho de estar trabajando, tiene derecho a una determinada cantidad de dinero público en forma de un crédito fiscal. La cantidad se reduce progresivamente, un porcentaje fijo por cada dólar adicional de sueldo. En Estados Unidos le llaman Earned Income Tax Credit, y es uno de los programas de reducción de pobreza más efectivos del país. El sistema es una variante de una idea de Milton Friedaman el impuesto negativo sobre la renta, pero limitando el acceso sólo a personas que están trabajando. [...] ¿Por qué reducirlo a trabajadores, y no universalizarlo como proponía Friedman? Primero, porque hacerlo un impuesto negativo puro saldría muy caro. Segundo, porque queremos generar incentivos para que la gente trabaje, no para que no lo haga. Y sí, en España con un 27% de desempleo es obvio que la gente no está en el paro porque quiere; insisto que es una medida a medio/largo plazo, no a corto».

Así, Jorge Galindo es partidario de esta medida, pero con posterioridad a haber aplicado otras que ayuden a reducir el desempleo. «Si se confirma que la forma de salida de la crisis es con un incremento de la desigualdad, con salarios muy bajos, sí que podríamos pensar en aplicar ese impuesto negativo sobre la renta».

¿Cuánto cuesta financiarla?

El gran argumento de los contrarios a su implementación es el alto coste que supondría para las arcas públicas. Desde Podemos se ha reconocido en sus círculos de debate que la propuesta tendría un coste extra para las arcas públicas de 145.000 millones de euros al año. Coste extra significa que no es el coste total, que se elevaría en otros 100.000 millones de euros. No obstante, es una cantidad que se descontaría de los ahorros producidos tanto en las pensiones, que se reduciría en 90.000 millones desde los 120.000 actuales, como en las partidas del desempleo, que quedarían reducidas a 12.000 millones frente a los 27.000 actuales.

Juan Ramón Rallo explica que, con datos de 2013, en España hay 34,2 millones de españoles mayores de edad, y que si a todos ellos se les entregase una remuneración igual al umbral de pobreza nacional (8.114 euros). Si además se le entregase una cantidad del 50% a los 7,5 millones de españoles menores de edad, el coste de la aplicación de la renta básica universal sería de 308.000 millones de euros. Aunque Rallo resta también unos 100.000 millones del ahorro en pensiones y desempleo, el resultado arroja una cifra ligeramente superior a los 200.000 millones, lo que equivaldría al 20% del PIB español.

Financiar esos 145.000 millones se presenta como el gran obstáculo. En su programa, Podemos se limitaba a comentar que financiaría su implementación«a través de una reforma progresiva del IRPF y de la lucha contra el fraude fiscal» . Otra de las críticas es que los análisis que las presentan como financiable se hacen desde una posición estática, es decir, que se hacen en un año concreto pero que no se tienen en cuenta si sería financiable los años siguientes tras los efectos que pueden seguir a su aplicación los primeros años.

Una versión más modesta, para ajustarse a los 145.000 millones, es de las últimas que se han deslizado desde la formación. Una RBU de 6.000 euros anuales y de 1.000 euros para los menores de edad, requeriría según los cálculos de Rallo de un tipo único del IRPF del 55,5%. Tomando como referencia los datos desagregados del IRPF de 2010, por ser anteriores a las dos últimas alzas fiscales que pueden presentar un panorama alterado por el contexto extraordinario de crisis, el resultado es que en el balance entre el aumento en el tipo efectivo del IRPF y el ingreso adicional de 6.000 euros solo obtendrían beneficio los que tienen ingresos inferiores a los 13.500 euros anuales.

Por contra, Daniel Raventós lideró una investigación exclusivamente en Cataluña a partir de las declaraciones de IRPF de 2010. En ella llegaron a la conclusión que sin modificar las partidas presupuestarias podría aplicarse una RBU de 7.968 euros para los adultos y 1.594 euros para los menores de edad. Para ello habría que establecer un tipo único del IRPF del 49,58%, además de suprimir el resto de subsidios cuya cuantía fuese inferior a la RBU.

Rallo argumenta una RBU estricta dispararía el gasto público del 45% al 60% «y con ese incremento, para lograr el equilibrio presupuestario habría que subir la presión fiscal 22 puntos». Carlos Cruzado, presidente de los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, le da la razón en cuanto a la inviabilidad presupuestaria de la medida. «Ahora mismo, incluso equiparándonos con el nivel de recaudación europeo tampoco sería posible. Con las medidas que nosotros proponemos podemos recuperar hasta 80.000 millones . No se podría llegar a esa cifra extra que haría falta». Además aclara que luego habría que tomar la decisión política de destinar todo ese dinero aflorado a financiar una renta básica.

«Nosotros lo que decimos es que podemos aflorar ese dinero. Por lo que sí vemos factible una renta básica limitada. Lo vemos factible estatalmente, pero los datos desagregados por autonomías arrojan realidades muy dispares». La propuesta que ellos presentan tendría un coste de 78.572 millones de euros al año. Lo que equivaldría al doble del gasto anual en prestaciones por desempleo, que ronda los 35.000 millones al año. La propuesta se destinaría a 10 millones de ciudadanos, los que están por debajo del umbral de la pobreza, lo que actualmente elevaría esta renta básica a 645,33 euros mensuales.

El problema radica en las diferencias territoriales. Mientras Navarra o las provincias vascas requerirían un gasto que equivaldría en torno al 15% de sus ingresos fiscales, en el caso de Extremadura o Andalucía necesitarían en torno al 110% de sus ingresos fiscales. En el caso de Canarias sería del 189%. En Madrid equivaldría el 34,4% y en Cataluña del 40,4%. Para financiar esa propuesta haría falta además aflorar ese dinero. Gestha propone recaudarlo en primer lugar reduciendo en 10 puntos la economía sumergida y luchando de forma intensiva contra el fraude fiscal en grandes fortunas y corporaciones empresariales (38.500 millones), elevando el tipo real del Impuesto de Sociedades de las mayores empresas del país con beneficios superiores al millón de euros (14.000 millones), aprobar el anunciado impuesto a las operaciones financieras (5.000 millones) e igualar la presión fiscal de la UE-27 (20.200 millones).