Un «portal único» permitirá controlar los cursos de formación de toda España

Como ya informó este periódico el nuevo plan pondrá fin a la exclusividad en los cursos de formación, limitará al 50% los anticipos de financiación y reducirá al 10% la formación impartida al personal propio. Estas son solo algunas de las medidas incluidas en el nuevo programa diseñado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para hacer frente al rosario de escándalos ligados al uso fraudulento de los fondos formativos.

Los controles serán exhaustivos, especialmente en las pymes, nicho en el que se buscan también mayores dosis de transparencia en la impartición y disfrute de los cursos. El departamento que dirige Báñez y los agentes sociales estudian organismos externos, como podrían ser las Cámaras de Comercio o centros especializados, que certifiquen el correcto funcionamiento del sistema, que mueve casi 2.600 millones de euros, entre aportaciones del Estado, del Fondo Europeo y las cuotas de la formación que pagan las empresas.

Cheque formación

El nuevo sistema, que operará al completo el año próximo, pondrá también en marcha el denominado cheque formación, que permitirá a los parados canjear este cheque entre los proveedores de cursos que más les interesen. Estos centros que imparten los cursos deberán estar debidamente acreditados para poder cobrar los honorarios que abonará Empleo. Y los cursos que realice el parado quedarán registrados en una cuenta de formación de nueva creación que acompañará al trabajador a lo largo de su carrera profesional.

El nuevo modelo dista mucho de lo que ocurre ahora. Son las propias organizaciones que imparten y reciben los recursos las que también se encargan de certificar la idoneidad de la formación que imparten, lo que significa que cuantos más alumnos se apunten más subvención cobran patronales y sindicatos. Una práctica que ha provocado irregularidades como las que denuncia el Tribunal de Cuentas en su informe. "398 alumnos realizaron un total de 6.068 cursos o acciones formativas en 2010", recoge el informe del Tribunal. Una prueba de, como poco, mal funcionamiento del sistema, ya que son muy pocos desempleados los que se han beneficiado de los cursos. El Tribunal también denuncia un desvío "injustificado" a empresas de fondos de formación que habían sido concedidos por el Estado a las organizaciones empresariales y sindicales, o lo que es lo mismo "una excesiva subcontratación de la actividad subvencionada".

Aunque el conjunto de medidas entrará en vigor en 2015, algunas se han puesto en marcha este mismo año, como la limitación a la mitad de los cursos de formación o la libre concurrencia que permita la transparencia que ahora no tiene la formación y esté sujeto a férreas medidas de control que permitan detectar cualquier anomalía. Entre estas medidas está que las empresas que comentan fraude no puedan volver a trabajar para el sector público en cinco años, o la creación de una unidad especializada en formación dentro de la Inspección de Trabajo y un buzón de denuncia, como el que ya existe para el empleo irregular, pistas que ya están dando sus frutos en la lucha contra el fraude.

Para la convocatoria de 2014 ya se ha limitado a la mitad las cuantías que se reciben por anticipado para realizar los cursos durante todo el ejercicio. Una situación que hasta ahora había permitido, por ejemplo, recibir fondos en enero que no tendrán que utilizarse hasta junio, lo que, en muchas ocasiones, ha servido para "tapar muchos agujeros" antes de tener que poner en marcha los cursos, según aseguran fuentes empresariales a este periódico.

Así, el pago anticipado se limitará al 50% de la financiación. Para proceder a los restantes pagos parciales (25% y 25%) será necesaria la comunicación de los alumnos participantes en las acciones formativas (para el segundo pago), así como la certificación de ejecución por parte del beneficiario de la ayuda anticipada.

Subcontratación

Los cambios afectarán también a las subcontratación de los cursos, que quedará limitada al 50%, aplicable a la cuantía que corresponda a cada uno de los beneficiarios de las ayudas. Excepcionalmente, previa justificación de la especificidad de determinadas acciones formativas o de los requisitos materiales para su impartición, podrá concederse la autorización para superar el citado límite.

Entre los cambios previstos también figura que la no elección de la oferta de proveedores más ventajosa económicamente se justificará de acuerdo con lo que establezca la convocatoria, que detallará los mecanismos a utilizar de acuerdo con el marco legal vigente. De la reforma se desprende que no hay intención de financiar planes cuya ejecución haya comenzado con anterioridad a la concesión de las ayudas y limita a un máximo del 10% la formación para personal propio.