Es Noticia
ABC
EconomíaABCLee la primera edición de ABC del martes 21 de noviembre en Kiosko y Más
reuters

Los consumidores pagarán durante 30 años los 1.350 millones de indemnización a Castor

Actualizado:

El Gobierno ha aceptado hoy en un real decreto-ley la renuncia a la concesión del almacén de gas Castor de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67 %, y fija una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.

Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el importe de la indemnización lo asumirá en un primer momento Enagás, empresa que actúa como transportista de gas, y posteriormente el sistema gasista, es decir, en última instancia los consumidores, abonará anualmente este coste.

El mecanismo de pago diseñado es parecido al del déficit de tarifa eléctrico, pero sin contar con el aval del Estado.

Enagás Transporte, filial de Enagás, será titular de un derecho de cobro por parte del sistema de gas con cargo a la factura mensual por esos 30 años, ha explicado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No obstante, el gestor gasista ya ha convenido con varias entidades financieras la cesión de este derecho de cobro y tiene previsto formalizarlo coincidiendo con la publicación de la nueva normativa en el BOE, previsiblemente mañana.

Según explica Enagás, la operación tendrá un carácter neutro desde el punto de vista financiero, ya que no va a afectar negativamente a sus cuentas, ni a sus ratios de endeudamiento ni altera los objetivos de inversión.

Fuentes del mercado han señalado a Efe que los bancos que han presentado la mejor oferta para quedarse con los derechos de cobro han sido un sindicato formado por Santander, Bankia y La Caixa.

El primer pago será el 25 de abril de 2016, explica el Ministerio de Industria en un comunicado.

El almacén de gas, situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de la costa de Vinarós (Castellón) y cuya construcción se paralizó en septiembre del año pasado al detectarse seísmos en la zona, será hibernado, lo que significa que no habrá ninguna inyección o extracción de gas en el subsuelo, aunque esta situación se podrá revertir en el futuro si los estudios técnicos lo aconsejan.

Asimismo, Sáenz de Santamaría ha dicho que Castor podría desmantelarse si se dan condiciones seguras para esta operación.

Durante la hibernación, Enagás será el administrador de la infraestructura y de sus instalaciones asociadas, tarea que la compañía considera adecuada, porque se ajusta a su capacidad como gestor técnico del sistema.

Ahorro importante

Asimismo, esta actividad tendrá una retribución específica por parte del sistema gasista, al igual que la tiene la gestión de otras infraestructuras.

La vicepresidenta ha destacado que la solución adoptada por el Gobierno soluciona la «compleja» situación de Castor y que para ello se ha tenido «muy presente» la participación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la financiación del proyecto, al tiempo que ha recordado que su instalación se decidió y proyectó en mayo de 2008, es decir, con el Gobierno anterior.

Para financiar la construcción de Castor, Escal UGS recurrió al BEI y emitió bonos por importe de 1.400 millones de euros, emisión a la que acudió la propia entidad y otras sociedades.

El dinero fijado en la indemnización servirá para pagar las deudas y compromisos contraídos por la participada por ACS con los bonistas.

El departamento que dirige José Manuel Soria resalta que la hibernación de Castor supondrá un ahorro para el sistema de gas, ya que no va a entrar en funcionamiento.

Según estos cálculos, a partir de 2017 el ahorro será de 110 millones anuales, al pasar de un coste de 210 millones a 100 millones al año.

Peligros sísmicos

En septiembre de 2013, durante la fase de inyección de gas colchón en Castor, se produjeron terremotos que alcanzaron un valor máximo de 4,2 grados en la escala de Richter en la zona.

El Ejecutivo paralizó las obras y encargó estudios al Instituto Geológico y Minero y al Geográfico Nacional, así como a otras entidades internacionales, que concluyeron que había relación entre los seísmos y la actividad en el almacén.

El Gobierno intentó que se declarara la lesividad para el Estado de la norma por la que se articuló la concesión, que estipula que la concesionaria recibirá una indemnización, pero no fue posible.

Finalmente, el pasado 18 de julio Escal UGS presentó un escrito formal de renunciaba de su concesión.

Outbrain