El Gobierno retoma la negociación sobre la sociedad de autopistas

Comienza el mes de septiembre y con él llega la última oportunidad para resolver una de las asignaturas pendientes del Gobierno de Mariano Rajoy durante el último curso: la creación de la sociedad pública de autopistas de peaje, un proyecto que se encontraba prácticamente pactado con empresas afectadas –concesionarias y grupos de construcción– y que quedaba a la espera del acuerdo definitivo con las entidades financieras acreedoras. Según ha podido saber ABC, el próximo miércoles se reunirá el Ministerio de Fomento y Hacienda con los responsables de la banca acreedora para retomar las conversaciones, en «stand by» durante el mes de agosto.

El principal escollo es la deuda contraída con las entidades extranjeras (entre las que se encuentran Royal Bank of Scotland, la recientemente rescatada por el Gobierno portugués Espírito Santo y Crédit Agricole, entre otras).

Las principales entidades acreedoras españolas se comprometieron con el Ejecutivo a asumir el pasivo de la banca internacional con la emisión de 650 millones de crédito nuevo. A las entidades, sin embargo, les parece insuficiente el interés que está dispuesto a abonar el Ejecutivo por la deuda reconocida de 2.300 millones (tras aplicar una quita del 50%) mediante bonos a 30 años.

El Gobierno propuso inicialmente un 1%, variable hasta un 4,3% en función de los tráficos de las autopistas, pero, según fuentes del Gobierno, el rendimiento podría elevarse hasta el entorno del 2%.

Este porcentaje resulta aún inferior al que piden las principales entidades acreedoras (Santander, BBVA, Caixabank, Popular, Sabadell y Bankia), que solicitan una retribución de al menos la rentabilidad de la deuda española en el momento de la firma (actualmente se sitúa en el 3,43%).

Lo que pretenden esquivar las entidades financieras es que la colocación de esta deuda suponga «de facto» una nueva quita. Otro de los apartados en los que las entidades se muestran más reivindicativas es que el Banco de España y Bruselas garanticen que la deuda resultante de esta operación no estará, en un futuro, sujeta a provisiones.

Otra de las peticiones de la banca acreedora es que estos títulos recibieran el aval público para facilitar su venta entre otras entidades. Sin embargo, es una opción que se descarta: el Ministerio de Hacienda no es partidario de prestar este respaldo, que lo garantizará la propia sociedad que aglutinará las vías de pago (Seittsa).

Mientras tanto, el tiempo se agota. Banca y Gobierno deben rubricar un acuerdo antes del 19 de este mes, fecha en la que se celebrará la junta de acreedores de la autopista AP-36 entre Ocaña y La Roda. La importancia de esta cita es fundamental, dentro de la intrincada negociación entre las partes: para crear esta especie de «banco malo» de vías en quiebra, que será íntegramente público, es necesario con la mayor parte de las sociedades de autopistas, ya que, de lo contrario, las concesionarias podrían entrar en una cadena de liquidaciones que encarecería exponencialmente el coste de la solución para las arcas públicas, debido a la cláusula de responsabilidad patrimonial de la Administración.

«Puede que se llegue a un acuerdo esta semana, pero aún se tiene que cambiar lo del tipo de interés al 1%. Falta un poco todavía. Las entidades españolas no van a comprar la deuda de la banca extranjera con un interés del 1%», explican fuentes presentes en las negociaciones.