Economía calcula que sanear la banca ahorrará 66.000 millones en intereses

Cuando Bankia destapó su agujero financiero en la primavera de hace dos años, precipitando la salida de Rodrigo Rato de su presidencia y la petición del rescate de la entidad, saltaron todas las alarmas y los inversores pusieron en duda la solvencia del conjunto del sector financiero español. Al ser este clave en la financiación de la economía nacional, extendieron esas sospechas al país en su conjunto. Eso restringió el acceso del Estado, las autonomías y las empresas nacionales a los mercados de capitales, complicando su financiación, y propició una fuga de capitales y depósitos.

Prueba de ello es que en julio de 2012 la rentabilidad del bono español a diez años superó el 7% y la prima de riesgo se disparó en julio de 2012 a 637 puntos básicos, obligando al Gobierno a solicitar a Bruselas asistencia económica para apuntalar cajas de ahorros arruinadas tras años de una gestión, según el FROB, imprudente.

«Sin ese programa de reestructuración hubiésemos tenido que pedir el rescate total y no se habría producido esta recuperación económica», justifica Economía, explicando que el saneamiento bancario puso la primera piedra para que España recuperase la confianza de los inversores y, por tanto, hacia la salida de la crisis.

El riesgo país ha caído ya al entorno de los 140 puntos básicos. Pero si hoy España se siguiese financiando al mismo coste que a mediados de 2012, la deuda pública emitida desde entonces, que tiene una vida media de unos seis años, obligaría a las administraciones a pagar en intereses por ella y durante ese periodo de seis años los mencionados 66.000 millones de más, según los cálculos del ministerio.

En concreto, y según esa proyección, el ahorro para el Estado sería de 40.000 millones. Las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que se benefician a su vez del menor coste de financiación de la Administración central, pagarían 20.000 millones menos. Y el ahorro para las autonomías que se han mantenido al margen de ese programa sería de 6.000 millones. Por ahora, en los dos últimos años, el ahorro ha sido ya de 14.000 millones, según avanzó ayer De Guindos, que insistió también en esa teoría de que el ahorro en deuda compensa el coste del rescate.

«Además, esto se traduce también en mejores condiciones de financiación para el sector privado», apunta Economía. Efectivamente, la reapertura de los mercados para las administraciones se tradujo también en un mejor acceso a la financiación para las empresas del país. Telefónica, por ejemplo, se financiaba en 2012 a un coste de 485 puntos básicos sobre «midswap», tipo de referencia en las emisiones de deuda, cuando su competidor Vodafone solo pagaba 60 puntos sobre ese interés. Hoy la multinacional presidida por César Alierta paga en torno a 80 puntos sobre ese índice.

Esos sí, buena parte de esa mejoría se debe a la decisiva defensa que el Banco Central Europeo (BCE) hizo entonces de la moneda única y de los países bajo lupa, entre ellos España, garantizándoles un apoyo financiero incondicional. De hecho, también Portugal e Irlanda, por ejemplo, han visto reducirse drásticamente sus costes de financiación. A eso se suman las distintas reformas aplicadas por el propio Gobierno español y que han corregido una serie de desequilibrios imprescindibles para que la recuperación de la economía nacional se pusiese en marcha.

La venta de Catalunya Banc a BBVA esta semana , dejando al Estado unas pérdidas de 12.063 millones –su liquidación hubiese sido de 17.846 –, puso de relieve cómo el rescate de algunas entidades ha acabado siendo prácticamente a fondo perdido. «El programa de asistencia no hay que verlo por un caso sino en su conjunto, y ha tenido un impacto indirecto en toda la economía», insisten los responsables económicos del Ejecutivo. Y recuerdan cómo el flujo del crédito nuevo hacia empresas y familias ya ha empezado a crecer desde finales de 2013.

España ha inyectado a bancos y cajas entre ayudas públicas y privadas 61.495 millones, a los que hay que sumar diversas garantías adicionales concedidas. La aportación del Estado asciende al 5,8% del PIB, ligeramente por encima de la media empleada por los países de la zona euro, dado el tamaño que alcanzó la burbuja en España. El Gobierno cree que las medidas tomadas desde el estallido de la crisis tanto a nivel nacional como comunitario reducirán la posibilidad de nuevas debacles bancarias. O al menos su coste para los contribuyentes.